El 2026 es un año fundamental para la regulación del sector gasolinaro, debido a que los cumplimientos de normativas se vuelven contundentes para reformar la operación y el manejo de la actividad de gasto de combustibles. La finalidad de establecer regulaciones más duras y contundentes –a un sector que desde hace años tiene carga regulatoria importante aún con mayores porcentajes de cumplimientos que otros– tiene como objetivo combatir otro problema que incluso afecta a los regulados: el mercado ilegal de los combustibles.
Ifenerghi, firma legal especializada en temas energéticos, considera que el cumplimiento normativo está en un año clave donde aquel que caiga en alguna irregularidad pondrá en riesgo las operaciones y permanencia de los permisionarios, por mínima que sea la falla. Son al menos tres los factores clave en los que las empresas deben mantener especial atención: una mayor fiscalización, mecanismos de trazabilidad de los combustibles y una visión integral de las autoridades sobre toda la cadena de valor. En los últimos meses se ha observado una clara intención gubernamental de combatir prácticas que afectan la legalidad y transparencia del mercado, particularmente en temas asociados al combustible ilícito, evasión fiscal y control del transporte de hidrocarburos. “Iniciativas como la incorporación de mecanismos de identificación y seguimiento digital, entre ellos sistemas de trazabilidad mediante códigos de control, reflejando una estrategia orientada a garantizar que cada litro que circula en el país pueda ser rastreado desde su origen hasta su destino final”, apunta el análisis realizado por la firma especializada en consultoría jurídica y regulatoria.
Cambios importantes En octubre de 2024, se aprobó la reforma constitucional en materia energética, cuyas leyes secundarias que delimitan la nueva política del sector se publicaron el 18 de marzo de 2025. A partir de ahí ha comenzado a generarse regulaciones para cada actividad específica como generación de energía, hidrocarburos, entre otras áreas. Aunque todas esas nuevas reglas están en consolidación técnica y operativa, la intención es clara: un entorno regulatorio que exigirá evidencia verificable –en cada momento– de todos los procesos logísticos, administrativos y comerciales como una práctica estructural permanente dentro de los permisionarios. Por ejemplo, en temas de trazabilidad de combustibles, que significa que si una cantidad de gasolinas sale de una terminal de almacenamiento a una estación de servicio, llegue la misma cantidad y calidad del combustible del punto A al punto B; es uno de los pilares de la nueva supervisión del sector. Lo anterior implica que ahora no bastará con entregar informes, sino que deberá existir una coherencia entre registros físicos, electrónicos, contables y técnicos; y en caso de existir alguna inconsistencia podría derivar en requerimientos adicionales, o procesos administrativos que comprometan la continuidad del permiso. El análisis muestra que otro elemento relevante es la evolución institucional de los organismos reguladores, los cuales han generado cambios en los tiempos de respuesta y resoluciones por parte de la autoridad. También se ha generado una mayor definición puntual de algunos participantes del sector de combustibles que en muchas ocasiones no era clara su función y manera de operar, por ejemplo, de los comercializadores o transportistas de combustibles. “En años recientes, la falta de claridad en ciertos lineamientos provocó respuestas dispares en el mercado y, en algunos casos, la judicialización de decisiones administrativas”, señala el documento. “El entorno actual exige preparación, orden y visión estratégica. Los permisionarios que se anticipan, documenten correctamente sus procesos y se respalden en criterios técnicos sólidos estarán en una posición de ventaja frente a los retos que marcarán 2026”, afirma el Isidro Fernández, director general de Ifenerghi.
Reglamento por cumplir Son muchas las obligaciones que deben cumplir los participantes del sector gasolinaro, pero dentro de ellos se encuentran algunos como los controles volumétricos, que es la medición y reportes digitales a través de sistemas informáticos con los que se comprueban los volúmenes de combustible que se comercializan para garantizar que no existan variaciones de más o menos litros a la hora de traslado y/o comercialización. Estos informes deben hacerse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que hasta el año pasado se establecían en los Anexos 30 y 31 de la Miscelánea Fiscal, pero a partir de este año cambió el nombre a Anexos 21 y 22 Otro cumplimiento que deberá tener los permisionarios- en caso de querer regularse sobre las instalaciones de expendio de gasolinas y/o gas LP- es el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas Licuado de Petróleo (Renegas), el cual administra la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en México para la autogestión, registro y regularización de estaciones de servicio y plantas de distribución de combustibles. Con lo anterior, se busca actualizar información de seguridad, transparencia y cumplimiento ambiental de las instalaciones con el fin de evitar sanciones mediante la regularización voluntaria. De esta forma, el sector gasolinaro busca avanzar hacia un esquema donde la legalidad operativa será tan importante como la rentabilidad comercial. “Las empresas que adopten una cultura de cumplimiento integral estarán en condiciones de aprovechar oportunidades de expansión y consolidación, mientras que aquellas que posterguen ajustes estructurales enfrentarán mayores riesgos regulatorios”, concluye Ifenerghi.
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