Una tasa a los paquetes procedentes de China se ha convertido en un boomerang para Italia. En los presupuestos del 2026, el Gobierno de Giorgia Meloni decidió introducir un impuesto de dos euros por paquete para los envíos online por un valor inferior a 150 euros, con el objetivo de golpear a los gigantes del comercio electrónico del dragón asiático como Shein, Temu y AliExpress. Según las estimaciones teóricas incluidas en la ley presupuestaria, la medida debía generar entre 120 y 245 millones de euros.
Desde el primer momento, el sector de la logística había advertido de los riesgos. Ha bastado menos de un mes para demostrar que aquellas alarmas estaban justificadas. La norma italiana anticipa una futura regulación europea contra el llamado moda rápida – la producción masiva de ropa barata, rápida y de corta vida útil– que Bruselas todavía no ha aprobado. Y ahí nace el problema.
Las protestas de los aeropuertos empujan al Ejecutivo italiano a estudiar una marcha atrás difícil
Las empresas chinas han sorteado con facilidad la tasa italiana: los paquetes se envían a otros países de la Unión Europea, donde el impuesto no existe –todos salvo Rumanía– y desde allí se cargan en camiones con destino a Italia. Una vez despachados en otro país comunitario, los envíos circulan libremente sin posibilidad de aplicar nuevos gravámenes.
“El Gobierno no ha tenido en cuenta que la mercancía siempre encuentra el camino más conveniente”, resume Andrea Cappa, directora general de Confetra, la asociación de empresas italianas de la logística. “No recaudamos el impuesto, las mercancías entran igualmente, aumentan los camiones y la contaminación, y perdemos empleo y facturación”.
Las protestas se han extendido a los aeropuertos, en particular al de Milán Malpensa. Los vuelos de carga procedentes de China están siendo desviados hacia otros. centros europeos –Alemania, Hungría y Bélgica–. Según las primeras estimaciones, el aeropuerto lombardo habría perdido unos 30 vuelos de carga, prácticamente uno al día. La crítica también ha llegado desde la política. “Meloni no hace nada contra los aranceles de Trump y, en cambio, impone uno a nuestras propias empresas”, denuncia el diputado del Partido Democrático Andrea Casu.
Si ante las primeras objeciones –también de la oposición– el Ejecutivo se mostró inflexible, ayudado por el caos habitual con el que en Italia se aprueban los presupuestos, las quejas de aeropuertos y aerolíneas parecen haber abierto una grieta. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, ha admitido por primera vez que evaluará las propuestas parlamentarias, incluso las de su propia mayoría, para modificar la norma “y hacerla más coherente con la legislación de la Unión Europea”.
“Meloni no hace nada contra los aranceles de Trump pero impone uno a nuestras empresas”, denuncia el diputado del Partido Democrático Andrea Casu
Dar marcha atrás, sin embargo, implicaría encontrar recursos alternativos para cubrir una recaudación que, aunque hoy se revela incierta, figura en la ley presupuestaria. El economista Marco Allena, decano de la facultad de Economía y Derecho de la Universidad Católica de Milán, apunta precisamente a este aspecto. “Combatir el moda rapida es un objetivo urgente y compartido, pero la decisión italiana de actuar con una norma nacional antes de la europea corre el riesgo de situarse fuera del perímetro de las competencias estatales”, escribió en Il Sole 24 Ore .
Para el Partido Demócrata, el problema es aún más profundo. “Meloni está poniendo de rodillas no solo a nuestras empresas logísticas, sino también la credibilidad internacional de Italia”, sostiene Casu en conversación con La Vanguardia . “El ministro Giorgetti dice ‘evaluaremos’, pero la realidad es que el Gobierno no enfrenta esta emergencia para no admitir el grave error que ha cometido”, denuncia.
