Luis Caputo árbitro, la pelea por un impuesto y US$ 200 millones para un gobernador

La única ventanilla que admite negociaciones con los gobernadores es el Ministerio de Economía. Juega por libre respecto de lo que hacen Santilli y Patricia y tiene vigilancia sobre lo que dicen y hacen. Es el sector más rígido de la negociación porque es el responsable de la avivada de meter una reforma fiscal de contrabando en una reforma laboral.

Es el eje del proyecto del Gobierno, que ha creído que es una bandera simpática para los sectores de centro que apoyan su gestión desde el PRO o la UCR. La raigambre gorila de ese electorado ve con simpatía la confrontación con el peronismo y el sindicalismo. ¿Qué mejor edulcorante para hacer pasar una reforma fiscal?

Así como Economía tiene la llave de cualquier negociación, también es el blanco de quienes rechazan el proyecto. Tan es así, que desde el fin de semana comenzó una circular la posibilidad de que la Nación admita, como moneda de cambio del voto de los gobernadores, la coparticipación del impuesto al cheque.

Los gobernadores que hablaron con el salteño Gustavo Sáenz Creo haberle escuchado esa posibilidad. Interesante porque Sáenz es uno de los mandatarios de la mesa amigable.

La coparticipación del impuesto al cheque es uno de los proyectos más viejos y postergados. Lo heredó este gobierno de la gestión anterior. El proyecto fue cabalgado en el Senado por Nacho Torres y Alberto Weretilneck antes de ser elegidos gobernadores de Chubut y de Río Negro en 2023.

En marzo de 2024, el Senado aprobó la preferencia para el tratamiento de la coparticipación del 50% del gravamen. Era en ese momento la señal más alarmante recibió el Gobierno en la semana de apertura de la primera legislatura del mandato Milei.

Era una iniciativa de una alianza transversal y multipartidariaidentificado con los gobernadores del no peronismo. El número era importante, aunque no alcanzó a tener los 2/3 del total. Faltaron tres votos. Tuvo 45, con tres más eran 48 que son los 2/3.

De haber ocurrido, la Cámara podría haber iniciado el tratamiento en ese mismo momento. Pudo quedar aprobado sin necesidad de un paso previo por comisión para darle dictamen. Lo impidió una intervención prudencial de Juan Carlos Romeroel DT de los 39 senadores que controlaban la Cámara alta.

Después del IVA y Ganancias, el impuesto al cheque es el tercero en recaudación y significa un 9,3% del total. El 100% va a fondear el ANSES. Con ese estándar, el Gobierno responde al reclamo de los gobernadores que piden que no se eliminen impuestos coparticipables. Con el 50% del impuesto al cheque podría recibir alguna compensación. Pero el proyecto se da de patadas con lo que quiere Luis Caputo.

La perla de la iniciativa es la creación de un fondo con administración de la ANSES para pagar indemnizaciones. Ese fondo sería, para quienes rechazan la idea, como el de las AFJP para emitir títulos y prestar el dinero.

Hasta el fin de semana algunos gobernadores moderados como Maxi Pullaro y Claudio Poggiadmitieron su voluntad para ir al CFI el miércoles. El argumento es que la reforma se lleva el dinero de las provincias sin contraprestación. La idea de recrear la copa del impuesto al cheque puede mover voluntades. En particular de parte de otros gobernadores de Provincias Unidas, como Nacho Torres, autor de esta iniciativa.

Torres recibió hace unos días una satisfacción por parte de Economía, que es el decreto 59/26 que eliminar las retenciones a la exportación de petróleo crudo convencional. Beneficia a las provincias que extraen ese producto, y solo para Chubut implica un beneficio anual de USD 200 millones.

Otros gobernadores del sector tienen posiciones diferenciadas. Pullaro dice que apoya, pero pide compensaciones para las pymes. Martín Llaryora cree que en el Senado tiene poca gravitación, le da libertad de acción a alejandra vigosenadora y esposa de Juan Schiaretti, que le quitó el voto al oficialismo en la aprobación del Presupuesto. Tiene artillería para jugar en Diputados.

La confianza del Gobierno en torno a la reforma laboral he ido de más a menos. Pese a que filtra optimismo a través de sus voces en la prensa militante, entró en el fin de semana en una rueda de autocríticas. ¿A quién se le ocurrió hacer entrar en el proyecto por el Senado?

El bloque de gobernadores allí es más fuerte y compacto, y se ha convertido en una dificultad. Quizás era mejor, especulan ahora en los pasillos del Gobierno, enviarlo a Diputados, en donde la balcanización favorece las iniciativas del oficialismo.

Este martes la bastonera del proyecto, Patricia Bullrich, ha citado a los bloques amigables del Congreso. “Tenemos 44 votos”los tranquilizó Diego Santilli. Son más de los 39 de Romero en la anterior legislatura, que resisten al poder del peronismo, que aún digiere su derrota más grande de la historia, que es haber perdido el control del Senado que tenía desde 1973, por lo menos.

pero esos 44 están sólo para darle una palmadita al proyecto en la aprobación en general. El rock and roll vendrá con el tratamiento en particular. Hasta este fin de semana, el proyecto original había quedado desfigurado por las modificaciones que negoció el Gobierno con los gobernadores de ocho provincias que tienen senadores que pueden jugar la suerte del proyecto.

La rosca animará el supermartes en el que se juega todo Patricia, que es objeto de otro de los capítulos de la autocrítica. ¿Por qué le dio a Patricia la centralidad en el tratamiento de este proyecto y también en el de reforma penal para bajar la edad de la imputabilidad?

Es elemental que Patricia tiene historia en el ataque al sindicalismo, desde su papel como la Piba contra los Gordos en el gobierno de De la Rúa. En materia penal, ha sido también una abandonada de la baja de la imputabilidad hasta que se convirtió en Pepita la Pistolera, de la que se reia el papa francisco cuando se refería a ella como reina del punitivismo.

Tiene suerte Patricia que le caigan estos proyectos para afirmar su protagonismo en la nueva aventura legislativa en el Senado. Le regalaron esta pelea, que la querría para sí cualquier legislador, con la misma mansedumbre con la que Mauricio Macri le entregó la presidencia del PRO.

Sirvió para que ella lo jibarizase y lo dejase como la más mínima expresión formal del macrismo. Sólo se compara con la jibarización que ha hecho Cristina Kirchner con el PJ: lo recibió con un peronismo que gobernaba todo el país, ganaba elecciones, reelegía y controlaba los principales distritos de la Argentina. Y hoy ha perdido a las primeras minorías en las dos cámaras, no maneja más el Senado y pierde elecciones por la desmovilización del peronismo del interior.

Entre las autocríticas que hacen funcionarios del Gobierno está la que se pregunta si era conveniente lanzar estos dos proyectos de alta rentabilidad política como las primeras iniciativas de la nueva legislatura. Si el propósito era hacer músculo y mostrarles a los mercados una victoria que les dé imagen de supervivencia a las peleas políticas, debieron quizás elegir asuntos que concitasen más consenso en el Congreso.

Pero el Gobierno es cautivo de una metodologia populista que ya ejerció el gobierno del peronismo entre 2019 y 2023: buscar la contradicción con todos los sectores y desconfiar del contractualismo ñoño de los republicanos. No se le puede pedir a un gobierno que no tiene partido, ni votos propios ni seguidores que hayan construido poder propio, alguna eficacia en la negociación legislativa, que es una de las tareas que exigen más fineza en una democracia.

El primer mandamiento de un legislador es construir la mayoría en torno a sus iniciativas, o para frenar las del adversario. En este punto, el gobierno ha sido un modelo de ineficiencia legislativa.

Esta iniciativa del Gobierno se anota en la agenda de la destrucción de la maquinaria del Estado. El sistema laboral argentino, entiende el Gobierno, está mal y hay que demolerlo. Se deja llevar por esa idea conservadora de que el Estado de bienestar y de tasas bajas destruye la riqueza y que debe recrearse mediante una mecánica darwiniana.

El problema de las soluciones darwinianas es que son incompatibles con el ciclo electoral de una democracia liberal y pueden llevar al autoritarismo. El darwinismo político produce dolor en el corto y mediano plazo y es difícil que el público lo tolere con paciencia.

Prefiere rechazar a quien lo somete a ese padecimiento, que no se mitiga con profecías doradas. Como la que dice que la Argentina puede ser Irlanda dentro de 45 años. Una fantasía que no convence a nadie. Y menos a los irlandeses, a quienes seguramente les gustaría ser hoy misma la Argentina.

Otro error estratégico es montar un gobierno sobre la base de una guerra permanente, sea cultural o militar. Liddell-Hart, maestro de maestros, recuerda que nunca se ha sabido de país alguno beneficiado por una guerra prolongada.

Tampoco los pueblos aman a los gobernantes que los gobiernan bajo una guerra. Aunque se gane. Churchill venció a Hitler en abril de 1945. En julio de ese año perdió él y su partido las elecciones y lo echaron del gobierno.

El Gobierno y la oposición peronista eligieron trabajar para sus respectivos públicos. El Gobierno quiere halagar al no peronismo ya quienes hoy están fuera del mercado formal de trabajo. El proyecto fomenta la creacion de empleo formal y abre oportunidades más negociadas de contratación. Es donde mejor le puede ir al proyecto.

En cuanto a los derechos colectivos y asociativoses donde tiene más problemas. Estos dos capítulos tienen otra clientela, que son los trabajadores formales, los que ya tienen convenios y empleos en blanco. La oposición los tiene como clientela de su campaña, con argumentos que cuidan la necesidad de conservar los derechos sociales que Perón ha consagrado, como canta la marcha.

El sector sindical del peronismo actuó en la última semana una campaña por redes sociales que le disputa espacio a los operadores del oficialismo, que creen tener en las redes sus principales activos estratégicos. El peronismo viralizó una cantidad de clips de publicidad que critican los cambios con los que amenazan al gobierno.

Están segmentados por provincias y dirigen preguntas a legisladores que integran el Congreso, a quienes se les pregunta si van a apoyar las reformas que, afirman, aumentan la precarización laboral y restringen derechos. Estos vídeos están firmados por presuntas organizaciones sindicales que la CGT y la CTA permiten que tengan relación con ellos. Entre las marcas de fantasía figuran un Foro en Defensa del Derecho Laboral, Hablemos en Criollo y Red de Trabajadores Argentinos.

El Gobierno habilitó otra ventanilla para lograr adhesiones. Una es la que abrió en enero Bullrich en el Senado, más bien sesiones de masaje y elongación, pero sin atribuciones para negociar cláusulas del proyecto que rechaza la oposición, que ya cuenta con los 24 votos de Unión por la Patria.

Una ventanilla volante es la que habilitó a Diego Santilli en sus reuniones con gobernadores. Ninguno de esos dos emblemas del PRO-mileísmo ha logrado desbaratar la convocatoria que trajinó el riojano Ricardo Quintela para llevar a los gobernadores al CFI este miércoles.

Solo ayuda al Gobierno que hay gobernadores que han negociado concesiones a cambio de apoyo. Pero también hay escepticismo entre los mandatarios para aparecer de nuevo, sentados los 24 en una mesa y firmando una declaración que después no cumplen.

Pasó cuando los 24 gobernadores enviaron al Congreso los proyectos de coparticipación del tramo de la ley de combustibles para obras públicas, y de los fondos ATN. Cuando fueron al Congreso, algunos gobernadores dieron libertad de votos, e incumplieron con el compromiso. Si se hace el CFI del miércoles, será una cita diezmada, alimentada por gobernadores identificados con una oposición formal.