En octubre de 2024 la Biblioteca Nacional de España (BNE) sufrió un episodio grave de goteras que obligó a Ernesto Urtasun a anunciar unas «obras sin precedentes» por valor de ocho millones de euros. No era la primera vez que se veían … las salas del histórico edificio de Recoletos inundadas, pero la magnitud de aquellas filtraciones llevó al ministro a reconocer un problema estructural que afectaba a más de cien bajos de la biblioteca. Había que actuar con urgencia, pero Cultura ha tardado catorce meses en licitar las obras. Esta demora ha supuesto «un riesgo evidente» para «millas de documentos únicos e insustituibles» del patrimonio histórico que alberga la BNE, según reconoce un informe de la dirección del centro.
Dicho informe, fechado en agosto del año pasado, advertía de un «ritmo de ejecución manifiestamente insuficiente» tratándose de una emergencia y señalaba el riesgo que entrañaban «las condiciones actuales del edificio, especialmente en lo relativo a posibles humedades o filtraciones». «La falta de intervención inmediata sobre la cubierta», añadía la dirección de la BNE, aumentaba «el peligro ante la inminente llegada de los meses de mayor pluviometría en Madrid». Pese a estas advertencias, la formalización del contrato con Tragsa, la empresa pública encargada de las obras, no se produjo hasta hace dos semanas, el 14 de enero. La BNE ya ha comenzado a limitar sus servicios por el inicio de los trabajos y, a partir de abril, durante aproximadamente dos meses, no será posible consultar los fondos históricos.
La crisis de las goteras se remonta a noviembre de 2023, todavía con el socialista Miquel Iceta al frente del ministerio, después de que unas fuertes lluvias provocaran daños graves en el edificio. Hubo humedades que afectaron a los fondos e incluso desprendimientos de falsos techos. Cultura decretó entonces unas obras de emergencia por valor de 1,9 millones de euros, pero esta actuación no impidió que se produjeran al menos dos nuevos episodios de inundaciones, uno en agosto y otro en octubre, que alcanzaron a cientos de ejemplares. La última filtración fue de tal gravedad que el ministerio solicitó a la dirección facultativa de las obras un informe sobre las causas y las posibles soluciones.
El diagnóstico fue claro: el agua llegó hasta depósitos situados bajo la cubierta y se detectaron fallos en la red de saneamiento, sumideros obstruidos por falta de limpieza y roturas en la lámina impermeabilizante. Urtasun informó después, en una comparecencia en el Congreso, de que existía «un problema estructural en la gestión de aguas del edificio, que afecta a las más de cien bajas que se reparten por toda la biblioteca», y anunció una intervención «sin precedentes en las últimas décadas» por valor de ocho millones de euros. La fórmula administrativa elegida fue la modificación de la emergencia decretada meses antes, pero esta decisión no se materializó hasta cuatro meses después del anuncio.
Al menos tres episodios de inundaciones desde 2023 han dañado cientos de documentos
A partir de ahí se encadenaron los retrasos administrativos. Tragsa presentó en mayo un informe con la planificación de los trabajos y la ordenación de fases, pero ya se había superado el plazo habilitado por la declaración de la modificación de la emergencia de marzo, según certificación el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martíen una resolución publicada en la Plataforma de Contratación. Durante junio y julio, Tragsa informó de que no podía realizar contrataciones con empresas externas. «Con el fin de evitar un grave peligro de pérdida del patrimonio bibliográfico e inmobiliario de la institución, es imprescindible realizar con la mayor premura las actuaciones correctoras», advirtió la empresa pública. «Su ejecución debe realizarse con brevedad y antes de las previsibles lluvias otoñales (…) para evitar graves perjuicios para los fondos bibliográficos custodiados».
Ejecución «insuficiente»
La propia Biblioteca Nacional corroboró después que el ritmo de ejecución era «manifiestamente insuficiente» y que las condiciones del edificio ponían «en riesgo millas de documentos únicos e insustituibles». Finalmente, a comienzos de agosto de 2025, el Ministerio de Cultura aprobó una novación de la emergencia que habilita a Tragsa a contratar por vía trabajos excepcionales por valor de hasta cuatro millones de euros, dentro de un presupuesto total de 8,3 millonesdurante un plazo de tres meses. El objetivo: facilitar unas reparaciones calificadas como «imprevistas, sobrevenidas e inaplazables», aunque la firma del contrato se produjo muy lejos de la recomendación técnica de aprovechar la meteorología estival, con escasas precipitaciones.
Las obras prevén la sustitución de bajantes en la sede de Recoletos, la mejora de las impermeabilizaciones y la renovación de las cubiertas. En la sede de Alcalá de Henares también se sustituirán ventanas en mal estado y se ejecutarán «tareas complementarias cuyo retraso imposibilitaría el uso operativo del edificio». Como ha informado ABC, esta sede lleva tres décadas abierta sin licencia de funcionamiento, el permiso municipal necesario para operar legalmente y abrir al público. El Tribunal de Cuentas ha señalado que el edificio presenta instalaciones con «una importante antigüedad y obsolescencia», una protección insuficiente frente a incendios y episodios de desprendimientos de materiales ligados al deterioro del aislamiento original.
A partir de abril cerrarán al público las tres salas de consulta más importantes
El mandato inicial era que las obras se realizaran sin interrumpir los servicios de la Biblioteca Nacional. No será así. Desde el 19 de enero, la institución ha modificado sus horarios y ha limitado los servicios bibliotecarios presenciales. Para acceder al edificio es necesario solicitar los fondos con antelación y la consulta se concentra en una única sala, con restricciones de aforo. Las mayores limitaciones llegarán a partir de abril: durante aproximadamente dos meses no será posible acceder a los fondos históricos –manuscritos, incunables, impresos antiguos y archivos personales– conservados en las salas Cervantes, Goya y Barbieri.
Cierre de salas
Cerrarán así al público tres de las seis salas de consulta, precisamente las que albergan los fondos más valiosos. La Sala Cervantes custodia alrededor de 85.000 manuscritos, entre ellos el ‘Cantar de Mío Cid’, los ‘Códices Madrid I’ y ‘II’, de Leonardo da Vinci, o el ‘Beato’, de Don Fernando y Doña Sancha; también el ‘Aleph’ de Borges. La colección de incunables –como se conoce a los primeros impresos desde la invención de la imprenta hasta 1500– supera los 3.000 ejemplares. Tampoco se podrán consultar los archivos de autores como Jorge Guillén, Luis Goytisolo o Joan Margarit.
En la Sala Goya se conservan dibujos, grabados, libros ilustrados, carteles, fotografías y mapas antiguos y modernos. En la Sala Barbieri, partituras manuscritas, fondos musicales y musicológicos, grabaciones sonoras y documentos audiovisuales, además de obras especializadas en música y cine. La Biblioteca Nacional lamenta «las molestias ocasionadas» y asegura que trabajará para que «la afectación sea la menor posible», reforzando los servicios virtuales y la atención a distancia.
