El proyecto de ley que introduce la negociación colectiva multinivel abre un debate necesario sobre el fortalecimiento de los derechos laborales, pero resulta preocupante que la discusión avance sin poner en el centro su impacto en el empleo. En un contexto de bajo crecimiento y alta informalidad, cualquier reforma laboral debería evaluarse también por sus efectos económicos reales.
La propuesta contempla negociaciones sectoriales obligatorias que fijan estándares comunes en materias como remuneraciones y jornadas, sin considerar adecuadamente la heterogeneidad del tejido productivo chileno, donde la mayoría de las empresas son PYMES con menor capacidad para absorber aumentos de costos.
A ello se suma un aspecto particularmente sensible: el establecimiento del derecho a huelga universal, que permite declararla sin estar en un proceso de negociación colectiva. Esta ampliación, sin resguardos claros, introduce mayor incertidumbre operativa y puede afectar la continuidad de las actividades productivas, especialmente en empresas pequeñas.
Fortalecer la negociación colectiva es un objetivo legítimo, pero no puede hacerse al margen del empleo. Una reforma laboral responsable debe equilibrar derechos y realidad económica, poniendo al empleo en el centro del debate.
Por: Pedro Matamala, Socio en Provoste Matamala Abogados
