La discusión pública sobre el sistema de salud colombiano sigue generando tensiones entre los distintos actores. Esta semana, un conjunto de organizaciones de pacientes emitieron un comunicado advirtiendo que el debate sobre el futuro del sector se ha concentrado en disputas internas dentro del Gobierno, mientras la crisis estructural del sistema continúa impactando de manera directa el acceso a servicios médicos y medicamentos.
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La Fundación Colombiana Para Enfermedades Huérfanas (Funcolehf), la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística (Fiquires) y la Fundación Colombiana para Cáncer de Pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias (Inspirat) alertaron que, mientras la atención pública se concentra en disputas políticas, persisten graves dificultades para el acceso al derecho a la salud.
El pronunciamiento de las organizaciones se conoció en medio de la controversia generada por un informe periodístico publicado en The British Medical Journal (BMJ), que describe un profundo deterioro del sistema de salud colombiano y cuestiona el impacto de las políticas recientes sobre la atención médica. El Ministerio de Salud calificó dicho texto como “desinformación”, señalando que es carente de rigor técnico y sostuvo que sus conclusiones son sesgadas y no reflejan de manera fiel la situación del sector.
Fundaciones de pacientes alertan que los problemas de acceso siguen sin resolverse Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
A este escenario se sumó una fuerte controversia dentro del Ejecutivo entre el presidente Gustavo Petro, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, relacionada con el nombramiento y la presunta actuación de interventores en varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo intervención estatal. El propio presidente señaló irregularidades en esos nombramientos, lo que derivó en un cruce de acusación al interior del Gobierno.
Para las organizaciones firmantes del comunicado, este contexto ha terminado por desplazar del centro de la discusión la situación que viven los pacientes. Según advirtieron, los usuarios del sistema siguen enfrentando barreras para acceder a consultas, procedimientos y medicamentos esenciales, mientras la crisis de las EPS intervenidas se traduce en demoras en la atención, falta de tratamientos y un aumento de las quejas en distintas regiones del país.
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La respuesta del Ministerio: responsabilidad recae en las EPS
En respuesta a estos señalamientos, y tras una solicitud de EL TIEMPO para conocer qué medidas se están tomando frente a la situación, el Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que la principal responsabilidad legal por las dificultades de acceso recae en las EPS. Eso, pese a que hoy permanecen intervenidas por la Supersalud 7 EPS, donde el propio Gobierno ha definido (y cambió en varias ocasiones) a los interventores responsables de su control, sin lograr hasta ahora mejorar la situación de las aseguradoras.
En todo caso, la cartera insistió en que son las EPS las encargadas de garantizar el acceso a los servicios médicos, autorizar procedimientos y tratamientos, contratar con clínicas, hospitales y profesionales de la salud, y suministrar medicamentos de manera continua.
Dicho pronunciamiento se da pese a que hoy más de 23 millones de afiliados se encuentran en EPS intervenidas, y que muchas de ellas han empeorado en sus indicadores. Sin embargo, el Ministerio señaló que cuando las obligaciones de las aseguradoras no se cumplen, se configura una falla en la prestación del servicio, derivada de una mala gestión administrativa y financiera por parte de cada EPS.
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Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto:Sergio Acero – EL TIEMPO
En ese sentido, la cartera sanitaria explicó que la Superintendencia Nacional de Salud ha encontrado, en los procesos de intervención, incumplimientos en pagos a los prestadores, deficiencias en las redes de atención, barreras administrativas injustificadas y riesgos financieros que afectan la continuidad del servicio.
Según el Gobierno, estas fallas han motivado la apertura de procesos de vigilancia especial y la intervención de varias EPS, al considerar que se estaba poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos. Por ello, el Ministerio afirmó que atribuir la crisis de la atención médica únicamente a debates políticos oa factores externos desconoce la responsabilidad legal directa de las EPS como administradoras de los recursos del sistema y garantías de la prestación del servicio.
La cartera de Salud sostuvo además que los reclamos planteados por pacientes y ciudadanos hacen parte de síntomas estructurales de fallas del sistema que se vienen desarrollando desde hace más de dos décadas. Frente a este panorama, reiteró que el Gobierno Nacional ha insistido en que estos problemas pueden enfrentarse con la aprobación de la reforma a la salud, la cual propone que las EPS hagan parte de un plan para el pago de sus deudas, con el fin de adelantar un proceso de saneamiento de pasivos y fortalecer los servicios y el talento humano en salud. Asimismo, indicó que la aprobación del proyecto de ley permitiría contar con nuevos recursos para el sector.
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El Gobierno bajo mantiene su control a 7 EPS que suman más de 23 millones de afiliados. Foto:Supersalud / Archivo EL TIEMPO
No obstante, el Ministerio advirtió que estos problemas no podrán resolverse si, en su concepto, quienes han “servido al negocio de la salud” continúan impidiendo el avance de una reforma que, según el Gobierno, plantea soluciones estructurales.
Finalmente, frente a las críticas y comunicaciones que consideran erróneas, el Ministerio de Salud subrayó que es imperativo aclarar cualquier información que, a su juicio, esté tergiversada o carezca de sustento técnico y que se publique en contra de la institucionalidad. En ese contexto, destacó que sí se han realizado esfuerzos para recuperar la salud del país, como una inversión histórica en infraestructura, atención primaria y transporte, así como el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), equilibrando el régimen subsidiado con el contributivo.
Mientras tanto, las organizaciones de pacientes reiteraron su llamado a que el debate público se concentre en garantizar la atención oportuna y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud, en medio de una crisis que, aseguran, sigue efectosdo de manera directa a millones de colombianos.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
