En un dictamen rechazado por China pero aplaudido por Washington, la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano le invalidó el contrato a la firma el jueves pasado luego de reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de recuperar esa vía estratégica construida por Estados Unidos para estar “bajo control” de Pekín. El alto tribunal declaró “inconstitucionales” las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), sucursal de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, como parte de un contrato renovado en 2021 por 25 años. PPC anunció un comunicado este martes que “comenzó el arbitraje contra Panamá” en virtud “del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”, organismo con sede en París. En la nota, en la que no se especifica el monto de dinero solicitado, la compañía acusa a Panamá de causarle “graves daños” tras “una campaña del Estado” en su contra, que culminó con la anulación de la concesión para operar los muelles a ambas entradas del canal. “El arbitraje también se presenta tras los extensos esfuerzos de PPC a lo largo de un año para consultar y evitar disputas. (…) El Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad”, agregó. Sin embargo, según el fallo unánime de la Corte panameña y al que tuvo acceso la AFP, la concesión tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” sin “justificación alguna” y en “perjuicio de las arcas del Estado”. Además, la renovación del contrato se realizó de manera automática sin “refrendo” de la Contraloría y sin la “renegociación” de las condiciones pese al crecimiento del sector portuario, agrega la sentencia, de 69 páginas. Tras la decisión judicial, el gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumiría de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión. El presidente del país, José Raúl Mulino, quien afirmó que los puertos seguirían operando sin contratiempos, había pedido colaboración a PPC para esa transición. -Entre venta y amenazas de Trump- El fallo llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025 para ceder su participación en las terminales panameñas a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de un paquete valorado en 22.800 millones de dólares. La operación fue vista entonces con buenos ojos por Washington, pero se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría perjudicar sus intereses globales y pidió a las partes actuar con “cautela” para pena de consecuencias legales. El secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó que Estados Unidos se sentía “alentado” por la decisión judicial, mientras que el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, advirtió que Pekín “tomará todas las medidas necesarias” para proteger los intereses de sus empresas. Estados Unidos construyó el canal y lo entregó a Panamá el 31 de diciembre de 1999 en virtud de tratados bilaterales. Sin embargo, desde que regresó a la Casa Blanca, Trump amenazó con “recuperar” la vía porque según él China la controla, pese a que está administrada por una institución pública panameña autónoma del gobierno. La anulación del contrato fue solicitada en dos demandas presentadas el año pasado por la Contraloría por considerar que la concesión era “inconstitucional” y Hutchison supuestamente no había pagado a Panamá 1.200 millones de dólares por sus operaciones. Estados Unidos, que inauguró el canal en 1914, y China son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.
