Ante las denuncias públicas realizadas por el sector del transporte respecto a presuntas irregularidades en la calidad de la gasolina comercializada en diversas ciudades del país, la Defensoría del Pueblo activó institucionales y remitió requerimientos formales de información a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Ministerio de Hidrocarburos y Energías.
Las denuncias, que incluso derivaron en movilizaciones del sector transportista, advierten posibles daños en los motorizados atribuibles a deficiencias en la calidad del combustible, situación que podría afectar no solo derechos económicos de los usuarios, sino también en la seguridad personal de pasajeros y los mismos vehículos.
En el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y la Ley N° 870 del Defensor del Pueblo, la institución defensorial solicitó a la ANH un informe detallado sobre las acciones que viene desarrollando frente a estas denuncias, las medidas implementadas para precautelar la calidad de los carburantes en las estaciones de servicio del país y el número de denuncias registradas en la presente gestión relacionadas con afectaciones a motores por deficiencias en la gasolina.
De manera complementaria, la Defensoría del Pueblo requirió al Ministerio de Hidrocarburos y Energías información técnica sobre las causas que estarían generando problemas en la calidad del combustible distribuido a nivel nacional, así como las acciones que se prevé ejecutar para atender las denuncias del sector del transporte y prevenir nuevas afectaciones.
Estas acciones se sustentan en lo establecido por los artículos 222 y 223 de la Constitución Política del Estado, que facultan a la Defensoría del Pueblo a requerir información a las autoridades públicas ya ejercer funciones de fiscalización en defensa de los derechos humanos, así como en su mandato de promover la transparencia y la rendición de cuentas.
La Defensoría del Pueblo realiza seguimiento a esta problemática con el objetivo de contribuir a la adopción de medidas oportunas y efectivas que garanticen la calidad de los carburantes, prevengan vulneraciones de derechos y eviten la escalada de conflictos sociales, exhortando a las autoridades competentes a brindar información clara, técnica y oportuna a la población.
La institución defensorial reafirma su compromiso de velar por los derechos de las y los bolivianos y de promover soluciones estructurales que prioricen el interés público, la seguridad ciudadana y el acceso a servicios de calidad.
