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Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunciaron este jueves una reducción del período máximo de validez de las autorizaciones de empleos (EAD) para ciertas categorías de inmigrantes, entre ellas los asilados, refugiados y beneficiarios de protecciones contra la deportación. La medida afectará a todos aquellos con solicitudes de autorización de empleo pendientes o introducidas en o después del 5 de diciembre de 2025.
Por Univisión
“Reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”, declaró el director de USCIS, Joseph Edlow, al atribuir el cambio al ataque de un inmigrante afgano a dos guardias nacionales en Washington DC la semana pasada.
Pasará de cinco años a 18 meses la validez máxima para el período inicial y renovaciones de los permisos de trabajo para inmigrantes admitidos como refugiados, quienes ya recibieron estatus de asilado o tienen aplicaciones pendientes, inmigrantes a la espera de solicitudes de protección contra la deportación, cancelaciones de remoción o protección bajo el Ajuste Nicaragüense y la Ley de Alivio Centroamericana.
En el caso de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), el período inicial y de renovación de la autorización de empleo será de un año o se ajustará a la fecha de finalización del TPS, «lo que sea más corto». Eso aplica para beneficiarios del TPS y aquellos con aplicaciones pendientes, así como a ‘paroles’.
Durante los últimos dos años, la validez máxima de las autorizaciones de empleo para refugiados, asilados, beneficiarios de protecciones contra la deportación y solicitantes de cancelaciones de remoción había sido de cinco años. Antes, se otorgaba por un máximo de dos años para estas mismas categorías.
Los asilos, las residencias, las aplicaciones de ciudadanía.
El anuncio es uno entre una batería de medidas que ha dado a conocer el gobierno en la última semana tras el ataque a los guardias nacionales en la capital.
En las horas que siguieron al ataque, el director de USCIS escribió en su cuenta de X que «cada ‘green card’ de cada extranjero procedente de cada país que genera preocupación» será revisada. Eso incluye a residentes legales permanentes originarios de Afganistán, Venezuela, Cuba, Haití, Irán, Somalia, Libia, Sudán y Yemen, entre otros.
También anunció la «suspensión de todas las decisiones de asilo» hasta que se pueda «garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible». El director del organismo argumentó «la seguridad del pueblo estadounidense» como razón.
Luego, el Departamento de Estado anunció la suspensión inmediata de la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos bajo el mismo argumento de resguardar a los estadounidenses.
Más tarde en la semana, también se pausaron los beneficios migratorios a ciudadanos de 19 países, incluídos Haití, Venezuela y Cuba. Eso dejó a decenas de personas de estas naciones con ceremonias de juramentación como ciudadanos estadounidenses canceladas y entrevistas pospuestas.
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