Una denuncia por presuntas infracciones graves a los principios de probidad administrativa, prescindencia política y un eventual intervencionismo electoral, introdujeron ocho Consejeros Regionales (CORES) y tres diputados electos, en contra del gobernador regional Pablo Silva Amaya ante la Contraloría Regional de O´Higgins, con sede en la ciudad de Rancagua.
Los denunciantes acusan al gobernador Silva Amaya de la supuesta utilización de recursos y la estructura del Gobierno Regional en favor de candidaturas o posturas políticas específicas, vulnerando la legislación electoral y la normativa que rige la conducta de los funcionarios públicos.
Entre los principales puntos de la denuncia se apunta a actos que podrían constituir un uso indebido de la posición y los recursos públicos con multas electorales, un hecho que, de comprobarse, atentaría directamente contra la transparencia y la imparcialidad que deben regir en la administración del Estado.
La presentación fue respaldada por una nutrida comitiva de autoridades electas, quienes buscan una investigación exhaustiva por parte del órgano contralor, entre ellos, los consejeros regionales Edgardo Vargas Bolbarán, Deisy Navarro, Sebastián Rocha Medina, Manuel Morales, Pedro Bustamante, José Ignacio González, Claudio Schemincke, Juan Carlos Macay; Mientras que, junto a ellos suscribieron la denuncia, los diputados electos, Fernando Ugarte, Sebastián Cristoffanini y Ricardo Neumann.
El grupo solicitó a la Contraloría que iniciara una investigación o un sumario administrativo para determinar la veracidad de los hechos, establecer las responsabilidades administrativas correspondientes y aplicar las sanciones que la ley determine en caso de comprobarse las faltas.
El consejero regional, Edgardo Vargas Bolbarán indicó que el pasado 21 de noviembre la candidata Janet Jara anunció como encargada regional de campaña al gobernador P.ablo Silva Amaya, a través de las redes sociales, y al día siguiente, en una visita a la comuna de San Fernando, también hizo el anuncio de la construcción de su nuevo hospital, cuyo diseño sería financiado por el gobierno regional, asunto que los CORES no tenían conocimiento.
Sostuvo Vargas Bolbarán que “entonces nosotros creemos que el gobernador está utilizando su plataforma política, que es de dedicación exclusiva, para favorecer la campaña presidencial de Janet Jara”.
El consejero agregó que consultaron al gobernador sobre este anuncio en la sesión plenaria N° 772, pero la autoridad «no emitió respuesta, tampoco indicó forma de respuesta y dio por terminada la sesión plenaria». Ante la falta de contestación por el conducto regular, decidió recurrir a la Contraloría para que se pronuncie sobre la compatibilidad del rol del gobernador de dedicación exclusiva con el de encargado de una campaña presidencial.
Otro punto crítico de la denuncia es la cancelación de una sesión del Consejo Regional (CORE), donde el también consejero ordinario José Ignacio González profundizó en este hecho, al señalar que “nuestro pleno regular y de acuerdo al reglamento corresponde para mañana miércoles y el gobernador canceló el plenario y lo reprogramó”, señaló González.
Agregó, que el gobernador Silva Amaya, “posteriormente convocó a una actividad de mujeres del mundo rural por Janet Jara en el Valle de Cachapual para este miércoles, a la misma hora que teníamos considerada el plenario, saltándose el reglamento interno y sin mediar acuerdo alguno del consejo regional”.
Diputados electos: “Utiliza su puesto para hacer campaña”
Por su parte, los diputados electos se sumaron a la preocupación por el presunto intervencionismo y la instrumentalización de las necesidades regionales.
El diputado electo Fernando Ugarte Tejeda sostuvo que la presentación busca plasmar la preocupación en la medida que el gobernador “utiliza su puesto como plataforma para hacer campaña”, usando los mecanismos y recursos del Gobierno Regional. Ugarte además hizo un llamado a enfocarse en las necesidades de la región (seguridad, desarrollo agrícola e hídrico) en vez de los “gustitos políticos”.
En esta línea, el diputado electo Ricardo Neumann calificó de «instrumentalización electoral» el uso de una demanda tan sensible y sentida como el hospital de San Fernando.
“Aquí se está instrumentalizando el hospital en San Fernando. Instrumentalizar electoralmente las necesidades de los chilenos, yo creo que demuestra claramente una forma muy irresponsable de gobernar”, afirmó Neumann, añadiendo que esto revela la “desesperación” de un sector en el contexto de la próxima elección presidencial.
Los denunciantes indicaron que esperan un dictamen de la Contraloría que fije un criterio para el rol de los gobernadores regionales en futuros procesos electorales, asegurando reglas claras para el correcto funcionamiento institucional.
Denuncia tiene “tinte político”
El gobernador Pablo Silva Amaya le salió al paso a las denuncias hechas por los consejeros regionales y diputados electos, lo cual calificó de “tinte político” las denuncias ante la Contraloría Regional, ya que “ellos tratan de amordazarme, tratan de que no haga cosas. Seguramente, estoy cumpliendo un rol importante, de decirle que el gobernador está con la candidata y no con el candidato de ellos”.
Aseguró que él es la figura política más importante en la región y que cuando ha hecho política en horario laboral, es porque ha pedido los permisos correspondientes, por lo tanto “estamos muy tranquilos”.
Sobre la construcción del Hospital de San Fernando, Silva Amaya afirmó que “la candidata sabía de este proyecto, pero los CORES no tenían conocimiento (…), el compromiso que tenemos es financiar la compra, el terreno y diseño, y eso es de conocimiento público, el cual llegará a manos de los consejeros regionales”.
Anuncia que, la candidata Janet Jara estará este miércoles en Peumo en una actividad con las mujeres del campo, para lo cual cuenta con los permisos correspondientes y por eso pidió cambiar la sesión plenaria del Consejo Regional, y eso es parte de lo que establece la Ley.
Para el gobernador regional el punto de prensa llevado a cabo por los CORES y los recién electos diputados, no es más que “un hecho político comunicacional que querían hacer” y que a su parecer no tiene ningún efecto legal y que “seguramente van a ser desechados por la Contraloría”.
