Es imposible no expresar una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de cruzar el umbral de la Escuela de Orfebres de Coya como alumnos. Para muchos de nosotros, entrar por esas puertas no fue solo iniciar un curso; Fue cumplir un anhelo guardado por mucho tiempo. Tener acceso a lo que esta Escuela involucra fue un logro personal: la oportunidad de nuevos aprendizajes y de complementar nuestros saberes con un oficio que admiramos profundamente. Esa parte del camino —la del respeto por el arte y el patrimonio cultural de nuestra región— la valoramos y la agradecemos sinceramente.
Por ello agradecemos la oportunidad de haber conocido este oficio, de haber compartido con orfebres con trayectoria y que ponen el corazón en el metal, así como de haber vivido la experiencia de transformar el cobre con nuestras propias manos.
Estos procesos de aprendizaje han sido, sin duda, enriquecedores, y nos permiten abrir nuevos horizontes para nuestras trayectorias y marcan sin duda de manera significativa una etapa en nuestras vidas.
Pero lamentablemente tras recibir el certificado que avala que cumplimos un ciclo de aprendizaje, hay un grupo de 15 alumnos (9 del nivel básico y 6 del nivel avanzado) que fuimos injustamente excluidos por negligencias que no nos pertenecen, ni de las que somos responsables.
Nos duele que una experiencia tan valiosa quede bajo la sombra de errores en las gestiones administrativas, falta de comunicación y de información formal por parte de las entidades a cargo de estos procesos y que además parte de los afectados quedemos excluidos y limitados de acceso a la continuidad en la formación. Pudiendo incluso eventualmente -lo que debe ser investigado- alguna irregularidad aún más grave.
Debemos ser claros: lo que hoy sale a la luz no es un simple error de sistema, sino un vicio administrativo por omisión de información de la cual creemos que Pro O’Higgins es responsable. Lo más grave es que esta falta de transparencia en la información se transformó en lo que consideramos como una represalia directa. El OTEC GESTCAP CHILE, en un acto que podría ser catalogado como de mala fe, utilizó estas mismas omisiones para tomar represalias, después de que nos atreviéramos a ejercer nuestro derecho a reclamar por su deficiente y cuestionable gestión administrativa.
GESTCAP CHILE, arrastra un historial de Múltiples multas y denuncias por incumplimientos en otros programas. por ello resulta inaceptable que las instituciones encargadas hayan validado y licitado con un organismo con estos antecedentes.
Cuando postulamos a este curso, SENCE, pone a disposición para el programa Becas Laborales un anexo 16, como declaración jurada donde no se menciona la calidad de egresados, sino solo la de “inscrito como participante regular de una institución de educación superior”.
Pero existía una exclusión no escrita ni en las bases ni en los contratos, la que los alumnos no podíamos haber estudiado (si existe en las Instrucciones del programa Becas Laborales, pero Pro O’higgins LO OMITE en la plataforma donde esta toda la información al público que quisiera postular).
Es inaceptable que la Corporación Pro O’Higgins, como entidad responsable de la convocatoria y selección de participantes, omita deliberadamente las restricciones de exclusión. Mientras su plataforma destaca perfiles idóneos, omite el criterio que nos excluye por ser «egresados de educación superior» criterio aplicado por OTIC y SENCE que limita nuestra continuidad en la formación. Esta falta de transparencia se agrava con la entrega selectiva de documentación: se detectó la distribución de un Anexo 16 editado exclusivamente para quienes calificaban, mientras que los alumnos excluidos recibimos un formato distinto, evidenciando una manipulación discrecional de la información y un trato desigual ante la normativa. Nosotros nunca ocultamos nuestros estudios, sin embargo fuimos aceptados en el programa.
Además, entendemos que la OTIC Cámara Chilena de la Construcción, como encargados de la administración de los recursos tienen la responsabilidad de licitar, aceptar y validar las propuestas de los OTEC. Si en el proceso de selección y comunicación fue deficiente, falló la validación técnica y la verificación de antecedentes del ejecutor OTEC, quienes no estuvieron a la altura durante la ejecución del curso, provocando dificultades y además lo que se podría considerar irregularidades significativas y de diversa índole durante el desarrollo de este.
Ante esta situación, la respuesta del SENCE ante las solicitudes realizadas ha sido burocráticas e indolentes. Recibir una carta que nos invita a postular a futuro, ignorando los vicios del proceso actual, constituye una omisión de su deber de fiscalización. El SENCE no puede limitarse a ofrecer «parches fríos» que normalizar una vulneración de derechos; su rol es garantizar una reparación inmediata ante la evidente mala gestión de los organismos que ellos mismos autorizan para ejecutar fondos públicos y que hacen un mal uso de ellos al no garantizar nuestra continuidad ya que es desperdiciar fondos que se destinan al desarrollo regional.
Por todo lo expuesto, y sin menoscabar el valor de la formación recibida, exigimos una solución de financiamiento alternativo inmediato. La reparación para los 15 alumnos excluidos no admite la espera de un nuevo proceso concursal; requiere de una gestión proactiva de la OTIC y ProO’Higgins, en conjunto con sus empresas sociales, para habilitar excedentes o fondos de emergencia que subsanen las graves falencias que sus propios mecanismos de control no identifican.
Ante la gravedad de los hechos, el colectivo afectado propone las siguientes vías de solución inmediata para evitar la escalada del conflicto:
A. Becas de Continuidad con Financiamiento Privado: Apertura de un fondo de emergencia financiado por la Corporación Pro O’Higgins, OTIC y sus socios para cubrir el 100% de la formación de los 15 participantes excluidos, liberándolos de la dependencia de cupos SENCE ya comprometidos.
B. Implementación de la Figura de Co-educadores: Integración de los nuevos alumnos con conocimientos avanzados en el nivel de la Escuela como Co-educadores. Esta figura permitirá potenciar la enseñanza del relator principal, transformando la crisis en una mejora del modelo pedagógico.
C. Cupo o Matrícula Directa por Reparación: Establecer un protocolo de inscripción automática para los niveles venideros (2026-2027) que no exija una nueva postulación concursal, reconociendo el estatus de «seleccionado damnificado» por errores en gestión administrativa.
Valoramos la orfebrería porque enseña que cada detalle importa.
Y esperamos que, de ahora en adelante, la administración de este proyecto demuestre la misma pulcritud, ética y cuidado que a nosotros se nos instó a poner en cada pieza que forjamos.
Evelyn Cordero
Lorena Jiménez.
