El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile atraviesa un complejo escenario en la Región de Atacama, luego de que la directiva nacional resolviera intervenir al Directorio Regional. La medida se adoptó tras denuncias de irregularidades contables y administrativas, que habían sido advertidas desde 2024 por parte de dirigentas regionales. La decisión generó molestias en algunas dirigentas locales, quienes acusan falta de distinción de responsabilidades y un impacto negativo en la representación gremial.
Las dirigentas Yariela Ardiles, Secretaria Regional; María Teresa Vallejos, Vicepresidenta Regional; y Loreto Luengo, Pro Tesorera Regional manifiestan su profunda molestia y preocupación frente a la forma en que se ha comunicado y ejecutado la intervención al Directorio Regional Atacama, señalando que “Se trata de situaciones contables y financieras en las que hubo hallazgos que deben ser aclarados y producto de eso se resolvió la intervención, que es un mecanismo contemplado en nuestros estatutos. Por lo tanto, no es algo novedoso ni inédito: está dentro de las facultades del Directorio Nacional. Lo que hicimos fue aplicar la intervención precisamente para poder realizar una investigación con la acuciosidad y profundidad que se requiere. Esas son las razones por las cuales se ha realizado esta intervención.”
La intervención ha sido presentada por la directiva nacional como un procedimiento estatutario que busca esclarecer responsabilidades y ordenar la gestión financiera. Sin embargo, las dirigentas regionales afectadas sostienen que la medida es injusta y desproporcionada, ya que ellas mismas habían denunciado las irregularidades. El debate se centra en cómo distinguir responsabilidades individuales dentro de un directorio colectivo y en cómo preservar la confianza de los afiliados en medio de un proceso que aún está en curso.
Para tener más datos de esta situación que atraviesa el Colegio de Profesores de Atacama, Nostálgica tomó contacto con el Presidente Nacional del Gremio, Mario Aguilar Arévalo, donde anunció que la directiva nacional anunció la intervención de la organización regional de Atacama tras detectar irregularidades contables y financieras. La medida, contemplada en los estatutos gremiales, busca garantizar transparencia y confianza en los procesos internos. La decisión fue comunicada junto con la aclaración de que se trata de un procedimiento formal y no de una situación inédita dentro de la estructura organizacional.
La intervención se presenta como un mecanismo de control interno que busca preservar la confianza de los afiliados. Según Aguilar, la auditoría en curso permitirá determinar si los hallazgos corresponden a simples desórdenes administrativos o si existen responsabilidades dirigenciales. El proceso se enmarca en la política de fiscalización que la organización mantiene para asegurar que las situaciones detectadas sean abordadas con rigor. La medida, además, pretende enviar una señal clara de que existen procedimientos para enfrentar irregularidades y que estos se aplican cuando corresponde.
El Presidente Nacional del Colegio de Profesores subrayó que la organización se encuentra en constante revisión de sus procedimientos administrativos y gremiales. La auditoría será clave para definir qué medidas estructurales deben implementarse en el futuro. En este sentido, se destacó la existencia de una Comisión de Ética y las facultades de la dirección nacional para intervenir y corregir lo necesario. El gremio asegura que no teme tomar decisiones cuando corresponda, ya que su objetivo es fortalecer la institucionalidad y evitar que situaciones similares se repitan en otras regiones del país.
La intervención en Atacama se plantea como un proceso temporal, cuyo objetivo es aclarar las irregularidades detectadas y garantizar la continuidad del trabajo gremial. La directiva nacional enfatizó que la medida busca proteger la organización y asegurar que siga cumpliendo su rol en defensa de los derechos de los docentes. Una vez concluida la auditoría, se espera que las conclusiones permitan definir acciones concretas para reforzar la transparencia y la confianza en la gestión regional.
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