A contar de este jueves, los habitantes de nuestro país comenzarán a sentir con rigor un impacto económico que se gestó lejos de nuestras fronteras. La guerra en Medio Oriente ha disparado el precio internacional del petróleo, y Chile, al importar el 100% de los combustibles que consume, se enfrenta a una realidad ineludible: el Estado ya no puede seguir actuando como los «parachoques» que solía ser.
La decisión del Gobierno de ajustar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) implica que las gasolinas de 93 octanos subirán cerca de 370 por litro, mientras que el diésel experimentará una alza histórica de hasta 580.
Aunque en 2022 se optó por contener los precios ante el conflicto en Ucrania, las autoridades actuales defienden este ajuste argumentando que las circunstancias son distintas; el shock actual es de una magnitud mucho mayor —con alzas de hasta un 60% en el diésel frente al 20% de aquel entonces— y la posición fiscal es considerablemente más débil, con una deuda pública US$40 mil millones más alta. Según el Ejecutivo, intentar absorber este incremento podría costar hasta 4.000 millones de dólares, una cifra calificada como insostenible para las arcas públicas.
Sin embargo, detrás de las frías cifras fiscales se esconde un golpe directo a la comunidad y al costo de la vida. Como advierten los expertos, el combustible es el corazón de la cadena logística; un diesel más caro se traduce rápidamente en productos más caros, desde el pan de la mañana hasta las frutas y verduras de la feria. Para una familia de clase media que llena su estanque o para una pyme que depende de su transporte, esto representa un costo fijo que se encarece justo cuando la economía aún intenta recuperarse.
El descontento en las calles es palpable. En regiones, la preocupación es doble: existe una profunda incertidumbre sobre si el congelamiento de tarifas anunciadas para el transporte público se hará efectivo fuera de la capital. Mientras en Santiago se asegura la estabilidad del sistema Red, en zonas como Rancagua, los conductores de colectivos y los usuarios ya prevén que, inevitablemente, «el que paga los costos es el pasajero».
Si bien el Gobierno ha activado medidas de contención —como la baja en el precio de la parafina para el invierno y subvenciones para el transporte menor—, estas parecen insuficientes ante un alza que muchos ciudadanos califican de «desproporcionada». La realidad cotidiana para muchos ahora será «salir a caminar» o restringir el uso del vehículo para lo estrictamente puntual. En definitiva, nos enfrentamos a un ajuste que, en palabras de las propias autoridades, prioriza la prudencia fiscal por sobre una «popularidad» que el fisco ya no puede financiar, dejando a la ciudadanía frente a frente con el crudo escenario del mercado internacional.
