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sábado 31 de enero de 2026 | Publicado a las: 11:29
Por: Gustavo Díaz Sáez, Director regional de IdeaPaís Araucanía.
En Timón de Atenas, Shakespeare retrata la tragedia de un noble cuya generosidad no conocía el cálculo ni la medida. Timón entregaba riquezas creyendo que el acto de dar era, por sí mismo, una virtud suficiente, desoyendo a su mayordomo que le advertía sobre el vacío de las arcas y la falta de registros. Hay algo de esa tragedia shakespeariana —esa mezcla de munificencia imprudente y ceguera administrativa— que parece haberse apoderado de la política de tierras en el sur de Chile.
El debate sobre la cuestión indígena suele deslizarse hacia los extremos de la violencia rural o la alta discusión constitucional, reduciendo el problema a una tensión entre seguridad y reconocimiento. Sin embargo, existe una cuestión elemental que casi nadie menciona: la ausencia de una racionalidad administrativa mínima en el Registro Público de Tierras Indígenas.
A más de treinta años de la entrada en vigencia de la Ley Indígena, el Estado de Chile padece una incapacidad casi ontológica para determinar el mundo intrincado de las comunidades y de las tierras que le son adjudicadas. Las comunidades nacen y mueren a la vida jurídica con una fluidez que desafía todo intento de control fiscal, generando un escenario donde resulta virtualmente imposible trazar la trayectoria de los beneficiarios.
Lo que debería ser un sistema trazable se ha transformado en una caja negra. Hoy, la Conadi carece de las herramientas —o quizás de la voluntad política— para determinar si una persona o comunidad ha sido beneficiaria de entrega de tierras más de una vez. La falta de un sistema cruzado de información permite que la «reparación» se transforme, en ocasiones, en una suerte de lotería o, peor aún, en un esquema de captura de rentas.
La pregunta que surge es tan práctica como necesaria: ¿Qué ocurre con el patrimonio fiscal una vez que las comunidades, habiendo recibido la tierra, se disuelven? ¿Cómo se evita que los mismos individuos, reagrupados bajo nuevas personalidades jurídicas, vuelvan a solicitar el beneficio?
Al igual que en la obra de Shakespeare, donde la falta de contabilidad de Timón condujo a la ruina y al resentimiento, la falta de transparencia en la entrega de tierras no hace más que deslegitimar todo el proceso denominado “de restitución”. No se trata de desconocer la existencia de las obligaciones que el Estado haya adquirido a nivel nacional e internacional y de su pertinencia —que es harina de otro costal— sino de comprender que una “reparación” sin fiscalización, sin trazabilidad y sin un registro fidedigno, no es justicia; es simplemente despilfarro. Y como bien sabía Timón al final de sus días, dar sin pedir cuentas no crea lealtades, solo engendra el caos.
