Fuente de la imagen, Davide Bonaldo/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images
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- Autor, Guy Hedgecoe
- Título del autor, reportero de negocios
- Información desde, Madrid
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Tiempo de lectura: 7 minutos
Diana dejó su Perú natal hace dos años en busca de estabilidad económica y profesional en Europa.
Pero, como migrante indocumentada en España, la vida ha sido difícil. El sueño de esta mujer de 40 años de trabajar en el sector turístico no se ha hecho realidad. En cambio, se las arregla con trabajos ocasionales.
“Trabajar sin los documentos de residencia es difícil porque los obstáculos pueden decirte una cosa y luego obligarte a hacer otra. A veces te pagan menos de lo acordado, lo que lo complica todo”, dice.
“Es estresante, te pueden explotar y luego puedes acabar no solo sin dinero, sino enferma y sola.”
El acceso a numerosos servicios bancarios ya la vivienda -un sector en que el actualmente hay crisis en España debido al aumento vertiginoso del precio del alquiler- está severamente restringido para quienes no pueden presentar asus papeles de residencia a los posibles arrendadores.
Pero el reciente anuncio del gobierno español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, de una ley para regularizar la situación de al menos medio millón de personas ha dado esperanza a Diana y a muchos otros.
“Nos va a ayudar en todos los sentidos. También será bueno para el gobierno, porque (estos inmigrantes) pagarán impuestos, generarán ingresos, podrán invertir y podrán emprender”, dice Diana.
La medida proporcionará a los extranjeros un visado de residencia de un año, renovable, y las solicitudes estarán abiertas desde principios de abril hasta finales de junio. Quienes lo solicitan deben demostrar que han pasado al menos cinco meses en el país previo al 31 de diciembre de 2025, así como carecer de antecedentes penales.
Fuente de la imagen, Juan Domínguez
Una ayuda a la economía española.
Las estimaciones sobre el número de migrantes que se beneficiarán del programa varían, desde la cifra oficial de unos 500.000 hasta la de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) de la policía, filtrado a los medios, que sugiere que serán entre 750.000 y 1,1 millones de personas.
El gobierno de coalición liderado por los socialistas ha alegado razones humanitarias para esta iniciativa, y el presidente del gobierno, Sánchez, ha descrito a los migrantes como personas “que han construido el progreso de este país junto a nosotros”.
Sin embargo, también se considera una medida muy pragmática para un país cuya tasa de desempleo se encuentra en su nivel más bajo en 18 años y cuya economía creció casi un 3% el año pasado, una tasa de crecimiento equivalente a la del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia juntas.
“Los trabajadores extranjeros desempeñan un papel muy importante en el éxito macroeconómico de España: el crecimiento de su PIB y su mercado laboral sólido y resiliente”, declara a BBC News Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración. Subraya que, de los 22 millones de trabajadores registrados en el país, el 14,1% son extranjeros.
“Desde 2022, la mitad del crecimiento económico de España ha sido impulsado por trabajadores extranjeros”, añade Saiz.
“Se trata de valores, de derechos humanos y, obviamente, también de ser conscientes de que nos enfrentamos a diferentes retos y de que nuestra buena gestión de la economía está dando resultados”, sostiene la ministra.
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Un informe de 2024 del Banco Central de España pareció hacerse eco del argumento del gobierno: conclusiones que el país necesitará aproximadamente 25 millones de migrantes durante las próximas tres décadas para mantener a flote la economía y el sistema de seguridad social.
Los migrantes, tanto registrados como indocumentados, tienen una gran presencia en los sectores de la atención a personas mayores y la hostelería.
Muchos otros trabajan en la agricultura, con más de 250.000 extranjeros registrados formalmente en la fuerza laboral del sector, según cifras del gobierno, además de millas de migrantes indocumentados.
El norte de África, Europa del Este y Latinoamérica son las regiones que más trabajadores aportan.
“Si no tuviéramos trabajadores inmigrantes, sería un problema para nosotros”, afirma Francisco José García Navarrete, representante de la asociación de agricultores ASAJA en Madrid. Afirma que su organización apoya el programa de regularización del gobierno, aunque le preocupa su implementación.
“Estamos a favor de esta nueva iniciativa siempre que la regularización de los inmigrantes se traduzca en la obtención de contratos de larga duración para trabajar en el campo”, concluye.
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La principal patronal empresarial, la CEOE, también ha expresado un amplio apoyo a la medida, afirmando que una inmigración “ordenada” es deseable. Sin embargo, le preocupa el plan del gobierno de introducir la regularización mediante un decreto, en lugar de permitir que el parlamento la votación.
La medida se autoriza mediante un Real Decreto, es decir, nace del Ejecutivo y no pasó por el Congreso, donde al gobierno ya sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener al Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Este decreto retomó una iniciativa legislativa de la ciudadanía que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que superó un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024, pero que desde entonces estuvo bloqueado por falta de acuerdo en el Congreso.
En el panorama político español, profundamente polarizado, la iniciativa se enfrenta a críticas más severas, lo que alimenta un debate ya de por sí intenso entre la izquierda y la derecha sobre la inmigración.
“La regularización masiva es la confirmación de la falta de una política de inmigración”, dijo Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular (PP).
“España es el país con el mayor aumento de inmigración irregular en los últimos dos años en toda la Unión Europea”, afirmó, estimando que el número de personas que solicitarán el programa se acercará “más al millón que a las 500.000”.
El partido ultraderechista Vox afirmó que la iniciativa del gobierno tendrá un efecto “llamada”. “Este medio millón de migrantes legalizados provocará la llegada de millones más, lo que agravará el colapso de la sanidad, la vivienda y nuestra seguridad”, afirmó el líder del partido, Santiago Abascal.
El gobierno ha afirmado que no existe riesgo de tal efecto llamada cuando existe un plazo claro para la regularización.
Fuente de la imagen, Juan Domínguez
No es la primera vez que se implementa una medida así en España. Y la han hecho tanto gobiernos de izquierda como de derecha.
Por ejemplo, bajo el gobierno de José María Aznar, del PP, se formalizó la situación de más de medio millón de migrantes entre 2000 y 2001; y el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó a otros 577.000 en 2005.
Sin embargo, el plan actual se introduce en un momento en que la mayoría de los demás países europeos están tomando medidas drásticas contra la inmigración. Francia y Alemania han endurecido las normas para la obtención de la residencia y el gobierno italiano ha aprobado el uso de buques de guerra para bloquear las llegadas de extranjeros.
En el Reino Unido, uno de los pocos vecinos de España también con un gobierno de centroizquierda, reducir el número de migrantes es una prioridad para el gobierno.
En este contexto, la Comisión Europea ha advertido sobre la política española, subrayando la necesidad de garantizar que los migrantes no la utilicen para residir ilegalmente en otros países.
“Obtener un permiso de residencia en la Unión Europea no es un cheque en blanco”, dijo Magnus Brunner, comisario de Asuntos Internos y Migración, ante el Parlamento Europeo, durante el debate sobre la iniciativa española.
“Todo Estado debe evitar decisiones que afecten negativamente a otros miembros”.
“Me permitirá trabajar”
En las pequeñas oficinas madrileñas de Aculco, una organización que asesora a inmigrantes en temas legales y laborales, un grupo de extranjeros se prepara para un taller para informarles sobre cómo obtener la residencia.
Manuel, un peruano que planea solicitar la regularización, se encuentra entre ellos. Trabajaba cuidando a personas mayores, pero tras el rechazo de su solicitud de asilo, perdió su trabajo y desde entonces vive de sus ahorros.
“Las empresas no quieren contratarte sin residencia y, si lo hacen, te pagan menos del salario mínimo”, afirma. La regularización, añade, “me permitirá trabajar y cotizar a la seguridad social”.
“Esto cambiará la vida de mucha gente”, afirma Pilar Rodríguez, abogada especializada en inmigración e imparte el taller.
“Esta medida también es muy importante para España porque permitirá que mucha gente pueda salir adelante, y con su cotización a la seguridad social, los españoles también se beneficiarán”.
Con información adicional de Alicia Hernández.
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