La jueza de distrito Gina R. Méndez Miró, del Tribunal federal en Puerto Rico, dictó una orden que obliga al equipo legal de Ramón Luis Ayala Rodríguez, quien es más conocido en el mundo del espectáculo como Daddy Yankee, a presentar pruebas específicas bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).
Esta decisión judicial responde a una solicitud conjunta de los demandados, entre quienes figuran su exesposa, Mireddys González Castellanos; el productor Rafael “Raphy” Pina Nieves; y el abogado Edwin Prado Galarza. Los representantes legales del artista tienen como fecha límite el 23 de enero de 2026 para someter esta declaración detallada, la cual funcionará como una extensión de la demanda original presentada en noviembre de 2025.
Requerimientos de la declaración judicial
La orden del tribunal exige una precisión minuciosa sobre los hechos alegados. Según el documento, el equipo de Ayala Rodríguez debe cumplir con los siguientes puntos:
- Determinar si la conducta señalada infringe secciones específicas del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
- Detallar la identidad de todas las víctimas y la naturaleza del perjuicio sufrido.
- Identificar a cada demandado y describir la conducta ilegal que se le atribuye individualmente.
- Precisar las fechas, participantes y lugares donde se habrían ejecutado los actos del esquema ilegal.
- Explicar si las acciones están ligadas a una empresa particular y qué beneficios obtuvieron dicha entidad.
- Especificar quiénes recibieron los ingresos del presunto esquema de regalías y el uso final de esos fondos.
El origen de la pugna legal de Daddy Yankee
La demanda principal, que busca una indemnización de 3 millones de dólares, sostiene que Raphy Pina fue el arquitecto de un esquema iniciado en 2004 y extendido hasta febrero de 2025. Los abogados del cantante alegan que Pina, con la colaboración de Mireddys González, se insertó ilícitamente en documentos de autoría de múltiples canciones para desviar pagos de derechos de autor y publicación.
La defensa de los demandados ha cuestionado la validez de la reclamación federal. Argumentan que la demanda original, de 107 páginas, carece de especificidad y mezcla de disputas comerciales con asuntos personales y relacionales. “La jurisdicción federal en este caso depende enteramente de la viabilidad de la recuperación RICO”, señalaron los demandados en su moción, indicando que sin esta base el caso solo tendría lugar bajo las leyes locales de Puerto Rico.
Reacciones de las partes involucradas
El conflicto ha trascendido el ámbito corporativo, coincidiendo con el proceso de divorcio de la pareja tras casi 30 años de matrimonio. Roberto Sueiro, abogado de Mireddys González, describió la demanda como una “fantasía” y un intento de presionar a su cliente en la división de bienes gananciales.
“Esto es otro estratagema más para tratar de influenciar eso, y para ponerle presión a Mireddys para que acepte menos dinero”, declaró el letrado a El Nuevo Día.
Por su parte, Raphy Pina manifestó su sorpresa ante las acusaciones a través de sus redes sociales. El productor enfatizó que su relación con Ayala Rodríguez fue la de un socio y estratega que nunca le falló. “El que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia, ni pone en riesgo a familias que nunca le han fallado”, afirmó Pina en una publicación de Instagram.
Una vez que se presente la declaración RICO requerida por la jueza Méndez Miró, los demandados dispondrán de un período de 30 días para emitir su respuesta legal.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
