Dos mujeres han presentado denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias, acusándolo de trata de personas y agresión sexual.
La denuncia, obtenida por elDiario.es, hace referencia a hechos supuestamente ocurridos en 2021 y describe conductas que podrían constituir “tráfica de personas con fines de trabajos forzados y servidumbre”, así como varios delitos contra la libertad e integridad sexual, incluidos acoso sexual y agresión sexual. También alega agresiones y violaciones de los derechos de los trabajadores derivadas de la imposición de condiciones laborales abusivas.
El expediente señala a Iglesias como el principal presunto autor e identifica como cómplices a dos administradores de sus casas en República Dominicana y Bahamas. Como Iglesias tiene ciudadanía española, puede ser procesado en España aunque la presunta conducta haya ocurrido en el extranjero.
La semana pasada, una investigación exclusiva de elDiario.es, en colaboración con Univision Noticias, reveló el testimonio de dos exempleadas de Julio Iglesias que dicen haber sufrido agresiones sexuales en un ambiente de constante control e intimidación mientras trabajaban para el cantante en 2021.
Ambas mujeres han presentado denuncias ante los tribunales españoles. Dijeron que el cantante los presionó para tener encuentros sexuales y describió actos de penetración, tocamientos no deseados, bofetadas y abuso físico y verbal. Según sus relatos, también fueron objeto de insultos y humillaciones durante sus jornadas laborales.
Las dos exempleadas de Iglesias presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide.
La denuncia se refiere a hechos que supuestamente tuvieron lugar entre enero y octubre de 2021 en las residencias de Iglesias en República Dominicana y Bahamas. Las dos mujeres, Laura y Rebeca (seudónimos utilizados para proteger su identidad), cuentan a elDiario.es que acuden a los tribunales en busca de justicia para ellas y para otras mujeres que trabajaron en las villas.
En declaraciones a elDiario.es, Rebeca afirmó que con la denuncia se busca “que todo lo que hizo allí no quede impune”, y también “evitar que siga haciendo lo que hace, para que entienda que hay consecuencias”.
Por su parte, Laura dijo que espera que la denuncia sirva como un mensaje “a todas las víctimas de esta persona, para que hablen, crean en la justicia y entiendan que no fue algo que solo les pasó a ellos”.
Medidas de protección
En el escrito presentado ante el Ministerio Público, los abogados de las mujeres solicitan que se proteja su identidad, citando su “situación socioeconómica especialmente vulnerable” y la posición de influencia y poder de Iglesias, así como su “considerable capacidad de represalia e intimidación”. Las mujeres, afirma el documento, “temen por su seguridad, privacidad, protección y bienestar emocional si se revelan sus identidades”.
Por ello, la organización ha solicitado al Ministerio Público que adopte “medidas urgentes de protección para las víctimas”. Además de proteger las identidades de las mujeres y las de sus familiares, Women’s Link Worldwide ha solicitado medidas para impedir cualquier contacto entre las mujeres y sus familiares y los presuntos perpetradores.
Los denunciantes, afirmó la organización, temen “presiones externas o acercamientos motivados por posibles amenazas destinadas a obligarlos a abandonar” sus acciones legales.
Las acciones legales apoyadas por Women’s Link Worldwide buscan asegurar que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España otorgue medidas de protección inmediatas para Rebeca y Laura, al tiempo que promueve un enfoque feminista de la justicia que reconozca los daños estructurales causados por el racismo, el colonialismo y el sexismo en el trabajo doméstico.
elDiario.es y Univision Noticias han intentado en múltiples ocasiones y a través de diversos canales durante las últimas semanas obtener la versión de Julio Iglesias sobre los hechos, pero no obtuvieron respuesta a sus preguntas.
Lo mismo ocurrió con una de las dos mujeres encargadas de las mansiones del cantante. La otra no respondió a las preguntas pero dijo que no tenía “nada que decir sobre estas acusaciones”.
En una declaración pública emitida tras la publicación de este informe, Iglesias negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a cualquier mujer”.
Delitos contra la libertad sexual y trata de personas
En la denuncia, los abogados argumentan que los hechos constituyen “un delito de trata de personas con el fin de imponer trabajos o servicios forzosos y servidumbre”, con agravantes entre ellos delincuencia organizada y riesgo para la integridad física de los denunciantes.
“Los elementos que constituyen el delito de trata son evidentes”, escriben los abogados: la conducta típica (reclutamiento, traslado, alojamiento en el domicilio del empleador, intensificación del aislamiento y explotación); los medios utilizados para cometer el delito (elementos objetivos, como engaño y abuso de una situación de vulnerabilidad); y el fin previsto (el elemento subjetivo).
Julio Iglesias es señalado como el principal autor de los presuntos delitos. Sin embargo, los abogados argumentan que la implicación de dos mujeres que presuntamente colaboraron con él para reclutar trabajadores e imponer las condiciones en las que vivían y trabajaban en las residencias respalda calificar la conducta como la de un “grupo criminal”.
“La participación de los imputados debe entenderse en el marco de una operación conjunta y coordinada, con una división funcional de tareas dentro de una organización criminal dedicada a la trata de personas”, señala el expediente.
La denuncia también alega que Julio Iglesias pudo haber cometido varios delitos contra la libertad sexual de las dos mujeres según el Código Penal español de 2021, es decir, antes de la reforma que eliminó la distinción entre abuso sexual y agresión sexual.
Según esa versión de la ley, argumentan los abogados, los presuntos actos podrían constituir múltiples agresiones sexuales, que en ese momento requerían la presencia de violencia o intimidación. Señalan que dicha intimidación puede ser ambiental: una situación que crea una atmósfera de miedo o coerción que restringe la libertad de una persona, incluso en ausencia de una amenaza directa o intimidación explícita.
Este concepto de intimidación ambiental se aplicó, por ejemplo, en el conocido caso “La Manada”, y los abogados argumentan que también es aplicable aquí.
Una de las mujeres alega múltiples agresiones sexuales, tanto con penetración como sin ella, “en un contexto de intimidación ambiental, reforzada por la presencia de dos superiores en la sala, que aumentaba la coerción psicológica y la sensación de no poder resistir”.
En el caso de la otra mujer, los abogados identifican un delito de agresión sexual cometido “aprovechándose de la posición de poder del acusado”.
Women’s Link Worldwide ha solicitado al Ministerio Público que considere posibles circunstancias agravantes, entre ellas violencia e intimidación “particularmente degradantes y humillantes”, la especial vulnerabilidad de las víctimas, la posición de superioridad de los acusados y la participación de múltiples perpetradores.
Acoso y lesiones
Los abogados describen conductas que supuestamente comenzaron desde el inicio de la relación laboral, “con conductas que podrían constituir acoso sexual sistemático contra ambas denunciantes, incluyendo propuestas de favores sexuales y comentarios humillantes de carácter sexual”.
En este caso, argumentan a favor del agravante de abuso de poder, citando la superioridad jerárquica que el cantante tenía sobre sus empleados, es decir, el uso de una posición de poder o autoridad para aprovecharse de ellos.
Además, la denuncia incluye dos posibles cargos de agresión que involucran a una de las mujeres. “El acusado supuestamente la agarró con fuerza por el cabello y la sacudió en presencia de otros empleados”, afirma. “Según su relato, también se produjeron actos no consentidos de carácter sexual, que ella percibió como especialmente violentos y que supuestamente le provocaron lesiones físicas visibles, incluidos hematomas y mordeduras”.
La denuncia también identifica conductas que podrían constituir varios delitos contra los derechos de los trabajadores, citando “la presunta violación reiterada de las normas laborales y de seguridad social en perjuicio de los denunciantes”. Estos incluyen la ausencia de un contrato formal, “la imposición de condiciones laborales irregulares”, la negación de períodos de descanso y “situaciones que supuestamente afectaron la privacidad y dignidad de las mujeres”.
En el caso de una de las ex empleadas, los abogados también alegan un posible delito relacionado con su contratación sin el permiso de trabajo requerido.
“La conducta del acusado hacia las denunciantes, incluidos gritos, malos tratos, humillaciones y presiones psicológicas, a menudo frente a otras empleadas, podría considerarse una forma de intimidación y violencia”, afirman los abogados.
La denuncia incluye los relatos de las dos mujeres, junto con una descripción detallada de sus circunstancias personales y sociales. También analiza el contexto de sus países de origen para demostrar sus “condiciones vulnerables”.
“Este contexto es relevante para comprender el desequilibrio y asimetría de poder que existía entre los imputados y los denunciantes, así como la dependencia económica que tenían de los salarios que recibían”, señala el documento.
Verificación de hechos y edición: María Ramírez y Natalia Chientaroli
Traducción: Jessica Weiss
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