Entre sus motivos, la diputada destaca que esa iniciativa «no responde a ningún interés cultural, educativo o turístico real, sino a una cesión política más para contentar a los independentistas». Además, en su opinión «no existe un beneficio tangible para el conjunto del país: España ya es Estado miembro de pleno derecho y, por tanto, todas sus comunidades participantes de esos organismos a través del marco constitucional común».
El PP cita también el artículo 96 del Reglamento de la Conferencia Sectorial de la Unesco sobre Miembros Asociados y afirma que «introducir esta lógica fragmentaria en organismos multilaterales no refuerza la presencia internacional de España, la debilita y la confunde. Cabe recordar que los ataques del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, contra la RAE ya han puesto en entredicho la política cultural exterior de España y han dado una imagen de enfrentamiento que marca la debilidad del Gobierno.
El Grupo Popular tiene claro que «Cataluña y País Vasco ya disponen de competencias culturales específicas y son representadas por España en organizaciones internacionales de integración, como la Unión Europea, o intergubernamentales, como la Unesco». Por otra parte recuerda que el estatus de Miembro Asociado «está orientado a territorios no estatales con una singularidad jurídica internacional clara, como Aruba, Macao o las Islas Feroe.
«Es un dispar más de un presidente tocado y hundido, tan sólo capaz de improvisar ocurrencias para mantenerse a flote»
Sol Cruz Guzmán
Portavoz de Cultura del PP
Introducir esta lógica fragmentaria en organismos multilaterales no refuerza la presencia internacional de España, la debilita y la confusión«. Además, según Sol Cruz Guzmán, esta propuesta obvia que, el artículo 149.1 de la Constitución, da al Estado la competencia exclusiva en las relaciones internacionales.
La diputada concluye que «la política exterior no puede gestionarse como una moneda de cambio parlamentaria ni como un gesto simbólico para satisfacer a quienes no creen en el marco común». En su opinión «es un dispar más de un presidente tocado y hundido, tan sólo capaz de improvisar ocurrencias para mantener a flote», y le achaca falta de «agallas para convocar elecciones», motivo por el cual exige al Gobierno y al embajador en la Unesco, Miquel Iceta, los informes en que se basa su propuesta.
Memorandos y ONG
Por otro lado, algunas de las personas que han trabajado en la delegación española de la Unesco y conocen a la perfección la institución internacional, consultadas por ABC, señalan que hasta que estalló el procés en Cataluña había memorandos y acuerdos con ONG establecidos por los gobiernos autonómicos catalán y vasco. UnescoCat y Un-Etxea, respectivamente, fueron muy activos para gestionar iniciativas y avivar la participación de ambas regiones dentro de la representación española ante la Unesco.
Pero desde que se produjo la ruptura, con el procés, ambas decayeron y ahora el Gobierno de Sánchez parece dispuesto a promoverlas como Miembros Asociados para dotarles de voz propia utilizando un mecanismo pensado para otro tipo de territorios, que no tienen la posibilidad de ser representados por un Estado y necesitan una voz internacional.
La Asamblea de la Unesco ya rechazó la entrada de Kosovo por motivos similares en 2015. En la actualidad, la Unesco está formada por 194 Estados y 12 Miembros Asociados. El primer Miembro Asociado aceptado por la institución fue Islas Vírgenes Británicas, en 1983, seguido por Aruba (1987), Macao (1995), Caimán (1999), Tokelau (2001), y así hasta el último que fue aceptado, Islas Aland (2021), un territorio autónomo del báltico de 28.000 habitantes y soberanía Finlandesa. Ningún territorio ya representado dentro de un Estado tiene esa naturalidad, y sobre todo ninguno que tenga ya actividad internacional. El País Vasco y sobre toda Cataluña ya tienen delegaciones o ‘pseudoembajadas’ con las que establecieron políticas culturales y de turismo aparte de la diplomacia española.
