El Ministerio de Trabajo lleva meses intentando reformar el régimen laboral de los artistas y se ha encontrado con el mismo problema que el Ministerio de Cultura hace un año: la inteligencia artificial sigue dividiendo al sector. El real decreto urgente con el que … la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere actualizar el Estatuto del Artista ha provocado una Avalancha de alegaciones y un consenso negativo: nadie está del todo contento.. Los patronales lo consideran «mejorable», los sindicatos más optimistas solo lo aceptan como un mal menor y los colectivos autorales lo ven inasumible.
Los desencuentros giran en torno al artículo 13, que regula el uso de la IA en los contratos de actores, músicos, bailarines y guionistas. En líneas generales, permite que una productora utilice IA sobre la voz, la imagen o el trabajo de un artista siempre que el uso quede limitado a la obra para la que fue contratado. Pero el texto deja fleco. Remite parte del desarrollo a la negociación colectiva –lo que no convence a todos– y emplea conceptos como «contenidos reconocibles» o modificaciones «significativas» que inquietan a algunos colectivos.
Díaz esta reforma anunciada en febrero del año pasado. El primer borrador, según la patronal, era muy restrictivo. «Estaba todo prohibido, fue un shock», afirma Fabia Buenaventuradirector general de la Asociación de Productores Audiovisuales (PATE). Tras meses de negociaciones, ahora están «razonablemente contentos» pese a que siguen viendo el texto «muy mejorable». Han logrado que el decreto fije principios generales y deje el detalle a los convenios colectivos, con seguimiento en mesas sectoriales. «Nos hemos puesto de acuerdo las plataformas como Netflix, las grandes cadenas de televisión y las asociaciones de productores».
Para llegar a ese frágil entendimiento, Trabajo ha tenido que limitar las mesas de negociación a patronales y sindicatos, dejando fuera a las entidades de gestión y otros colectivos autorales.
La Unión de Actores y Actrices ha participado en ellas. «No hay un acuerdo formal –explica Ignacio Martín Pinaresponsable institucional–, sí un entendimiento. Es un primer paso. Creemos que es un texto asumible y similar a lo que se ha hecho en Alemania o EE.UU.». Es mejor este texto que nada: «Ahora mismo no hay norma alguna que permita un mínimo control». El sindicato fijó dos líneas rojas: que el uso de IA quede circunscrito a la obra y al contrato, y que no implica eliminación o sustitución significativa de trabajadores. A su juicio, el texto las respeta.
Derechos de autor
ALMA, el sindicato de guionistas, es más crítico. Su directora general, Ana Pinedadice que el consenso está muy lejos y rechaza que el decreto capaz de ‘IA generativa’. Prefiere ‘inteligencia artificial’ a secas, para evitar lagunas en el futuro si cambia la terminología. También cuestiona el concepto de «contenidos reconocibles», pues podría permitir generar historias derivadas sin que el plagio resulte identificable. Y advierte de que las modificaciones no «significativas» podrían amparar secuelas o desarrollos posteriores: «Es lo que pretenden algunas productoras».
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), principal entidad de gestión de derechos de autor en España, plantea más objeciones a este consenso imposible. «Una norma laboral no debe ser el vehículo para legitimar el uso de sistemas de IA generativa en los procesos creativos», sostiene. El decreto introduce efectos sobre derechos de propiedad intelectual y de la propia imagen protegidas por leyes de rango superior. «Esta norma supone un cambio de enorme trascendencia para el sector».
Aisge, que gestiona los derechos de los intérpretes en los ámbitos audiovisual y escénico, tampoco comparte la propuesta de Trabajo. Su director general, Abel Martínha calificado el artículo 13 de «despropósito». Considera inviable trasladar al modelo español fórmulas propias de Estados Unidos, donde muchos de estos derechos se articulan en convenios colectivos. En España, recuerda, están regulados por ley.
«Necesitamos usar las mejores tecnologías para mantener la competitividad. Es absurdo que esta tecnología quede fuera», dicen los productores
En la misma línea se pronuncia la Alianza Audiovisualque agrupa a dieciocho organizaciones del sector. En sus alegaciones advierte de que el decreto podría contravenir la legislación sobre propiedad intelectual y protección de la propia imagen. De aprobarse sin cambios, sería «nulo de pleno derecho» y susceptible de impugnación. A su juicio, el texto permitiría el uso general de IA sobre imagen, voz y trabajo del artista sin un consentimiento expreso y específico, abriendo la puerta a explotaciones posteriores no previstas. «Esto resulta inaceptable e inadmisible».
Muchas de estas críticas apuntan a la parte empresarial. «Comprendo que haya muchos miedos, pero todos tenemos miedos», se defiende Buenaventura, de PATE. «El decreto no pretende modificar ninguna ley. No somos entrenadores de máquinas ni empresas tecnológicas que vendan datos. Hacemos cine y televisión. Necesitamos usar las mejores tecnologías para mantener la competitividad. Es absurdo pretender que un sector tan dinámico como la producción audiovisual quede fuera de esta tecnología. España debe consolidarse como destino de rodajes internacionales».
aprobación urgente
También se han opuesto al decreto el sindicato CGT, que pide su retirada, y la plataforma Arte es Ética, que ve en el texto una «puerta abierta» a la precarización. La Asociación Profesional de Actores de Figuración (APAF) denuncia un vacío legal que, a su entender, deja desprotegido a este colectivo ante la digitalización de su imagen.
Con todo, Trabajo sigue adelante. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el texto por la vía urgente y el Consejo de Estado debe emitir ahora su dictamen antes de la aprobación definitiva. El ministerio quiere culminarlo antes del verano. En julio, cuando Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presentaron por segunda vez el proyecto, hablaban de finales de 2025… El Estatuto del Artista acumula plazos incumplidos desde hace más de siete años, cuando el Congreso lo aprobó por unanimidad.
Urtasun intentó hace un año regular la IA y los derechos de autor en otro decreto sobre licencias colectivas, pero se vio obligado a retirarlo por «la falta de consenso de parte del sector cultural». El proyecto recibió alrededor de 1.200 alegaciones y el ministro prometió abrir un «proceso de diálogo» con el sector. No parece que haya tenido demasiado éxito. Las negociaciones siguen siendo durísimas y, en general, nadie está de acuerdo.
