“Nombrar la violencia en estos contextos no solo visibiliza los abusos, sino que confronta directamente las estructuras patriarcales, racistas y de clase que sostienen la desigualdad y permiten que la violencia se reproduzca”. El movimiento feminista de República Dominicana ha emitido un comunicado para apoyar a las extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias que acusan al cantante de agresiones sexuales, a quienes respaldan “de manera firme y pública”.
Estas mujeres han denunciado al artista ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por agresión sexual y trata de personas. Ambas han relatado sus acusaciones en una investigación publicada en elDiario.es.
“Creer a las sobrevivientes es una posición política construida desde la experiencia histórica de las mujeres y desde la evidencia sistemática de cómo operan las violencias de género”, añaden en su texto, compartido después de las informaciones que este periódico ha hecho público esta semana.
Aglutinadas en Coalición por la Vida y Derechos de las Mujeres junto al Foro Feminista Magaly Pineda, afirman que las experiencias denunciadas por Rebeca y Laura –nombres ficticios para proteger su identidad– “no pueden entenderse como hechos individuales ni aislados”, ya que se “inscriben en un sistema que convierte el trabajo doméstico y de cuidados en un territorio de impunidad, donde las mujeres –mayoritariamente pobres, racializadas y migrantes– quedan expuestas a múltiples formas de abuso sin garantías reales de protección”.
Desde el feminismo dominicano, afirman que cada vez que una mujer denuncia, “se amplía el margen de lo posible para otros, se cuestiona la naturalización del abuso, se interpela a las instituciones y se reafirma que la violencia no es un problema privado”; sino que lo definen como una “violación de los derechos humanos” que “exige respuestas estructurales”: “Denunciar es una acción colectiva que fortalece la lucha contra la violencia de género”.
Para hacerle frente, aseguran que es “indispensable” que los Estados “asuman su responsabilidad de garantizar protección integral” a las denunciantes, insistiendo en que esta protección no puede limitarse a “medidas formales”. “Debe incluir condiciones reales para que las mujeres puedan sostener el proceso sin exponerse a represalias, revictimización, estigmatización o precarización”, insisten. También interpelan de manera directa a España para que investigue la denuncia “con perspectiva de género, antirracista y de derechos humanos”.
Desde las organizaciones reconocen que este caso interpela a la República Dominicana ya una historia marcada por la “feminización de la migración, la precarización del trabajo doméstico y la desprotección de las mujeres en contextos transnacionales”. Como movimiento feminista dominicano denuncian “un sistema que expulsa a las mujeres, se apropia de su trabajo y luego las deja expuestas a la violencia y la impunidad”.
“Acompañamos a Rebeca y Laura en su denuncia, en su exigencia de justicia y en su derecho a vivir libres de violencia”, concluye.
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