Los escritores españoles presentaron este martes un manifiesto en el que denuncia el «expolio» de obras protegidas para entrenar sistemas de inteligencia artificial generativa y exige tres condiciones básicas: autorización previa, remuneración justa y transparencia en el uso de libros, artículos y traducciones. El documento … Sostiene que utilizar creaciones literarias como materia prima sin permiso ni compensación consolida un modelo «injusto y abusivo». Es exactamente lo que han hecho hasta el momento las grandes compañías para implementar modelos como ChatGPT, Grok o Gemini.
el manifiesto ‘Por una inteligencia artificial generativa sostenible’impulsado la Conferencia de Asociaciones de Escritores y Escritoras, cuenta ya con las firmas de más de doscientos autores. Entre ellos figuran los premios Cervantes Luis Mateo Díez y Antonio Gamoneda, así como José María Merino, Rosa Montero y Carme Riera. También respaldan el texto Ana Merino, David Uclés, Inma Chacón, Lorenzo Silva, Julia Navarro, Javier Sierra, Clara Sánchez, Rafael Soler, Carlos Fortea, Ana Rossetti y Fanny Rubio, entre otros. Es la primera vez que el colectivo autoral se une contra la canibalización de sus contenidos por parte de la inteligencia general generativa.
El texto reclama que los poderes públicos protegen de forma «decidida y transversal» las obras literarias como bienes esenciales para la vertebración cultural. Advierte de que, si no se fijan reglas claras, se consolidará un modelo de negocio basado en la extracción masiva de contenidos sin consentimiento. También pide que las administraciones no implementen ni utilicen sistemas de inteligencia artificial generativa que no garanticen el respeto a los derechos de autor –algo que ya está ocurriendo–, la privacidad de los ciudadanos y el impacto medioambiental.
Durante la presentación, que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes, el portavoz de la Conferencia, el escritor. manuel ricoreclamó que «la inteligencia general generativa debe construirse sobre bases legales y éticas, y no a costa de expoliar a los creadores». Rico citó el ejemplo de Noruega, donde se han articulado acuerdos para canalizar compensaciones a través de las entidades de gestión, y recordó que en otros países europeos se exploran fórmulas similares.
Carmen Rieraacadémica y presidenta de Cedro, defendió que el marco legislativo actual resulta insuficiente. «Es necesario que la tecnología se desarrolle respetando la base de la creación, que son los derechos de autor», afirmó. «La tecnología y la creación deben avanzar de forma acompañada –como ya ocurrió con la imprenta–, si queremos un progreso tecnológico que no genere más desigualdad en nuestra sociedad y no suponga el retroceso de nuestra cultura». Para Riera, el uso sin autorización de libros y periódicos para entrenar modelos de IA «es una injusticia que requiere una solución».
Los escritores pedirán reuniones con el Gobierno para reclamar una legislación que proteja los derechos en España
Desde el ámbito de la traducción, Amaya García Gallegopresidenta de la sección de traductores de la Asociación Colegial de Escritores, alertó de un «doble impacto». Por un lado, los sistemas se entrenan con traducciones publicadas, que son obras protegidas, y al mismo tiempo permiten el desarrollo de herramientas automáticas que se están comenzando a utilizar en algunas negociaciones editoriales como argumento para rebajar tarifas. Los traductores compiten con máquinas entrenadas con su propio trabajo, curiosa paradoja.
Los autores reconocen la potencia de la inteligencia artificial y su utilidad en múltiples ámbitos, también en el cultural, pero insisten en que «no todo vale»: debe regularse la apropiación de obras ajenas sin permiso y sin remuneración. Rico, al frente de una asociación que representa a más de 9.000 autores, anunció que solicitarán reuniones con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Transformación Digital para trasladar su inquietud y reclamar un desarrollo legislativo que garantice la aplicación efectiva de la normativa europea y refuerce la protección de los derechos en España.
