La denuncia que dos mujeres han presentado contra el cantante Julio Iglesias pone encima de la mesa de la Fiscalía un conjunto de delitos relacionados con la violencia sexual, la explotación laboral e incluso la trata de seres humanos. Se trata de graves delitos penados con cárcel que ilustran la acusación de dos ejemplificadas sobre cómo el artista abusó de ellas en un ambiente de control e intimidación mientras trabajaban para él en 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. El relato de estas extrabajadoras forma parte de una investigación exclusiva de elDiario.es en colaboración con Univision.
La denuncia apunta a la existencia de un delito de trata de seres humanos con multas de imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre, previsto y penado con entre cinco y ocho años de prisión. Además, los denunciantes consideran que pueden concurrir los agravantes de peligro para la integridad de los denunciantes, dada su situación de vulnerabilidad; así como de grupo criminal, pues en este caso la denuncia señala a Iglesias como autor principal de los hechos, pero incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas. El Código Penal español define como grupo criminal la unión de dos o más personas para cometer delitos.
“Se pueden apreciar los elementos que configuran el delito de trata: la conducta típica (captación, traslado, alojamiento en el domicilio del empleador, agravando el aislamiento, y explotación), los medios comisivos (elementos objetivos, como el engaño y el abuso de una situación de vulnerabilidad) y la finalidad que se persigue (elemento subjetivo)”, explican las abogadas en la denuncia.
Las letras sostienen que el delito de trata se habría producido en concurso con varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexual según el Código Penal de 2021. Es decir, antes de la ley de libertad sexual que eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual. De acuerdo a esa regulación, las abogadas creen que los hechos podrían constituir varias agresiones sexuales, que entonces requerirían la presencia de violencia o intimidación y que en el caso de las penetraciones en las que medien estas circunstancias pueden alcanzar los 12 años de cárcel.
Las letras consideran que esa intimidación podía ser también ambiental, es decir, una situación que genera una atmósfera de miedo o coacción que condicione la libertad de quien la sufre sin que exista una amenaza directa o una intimidación explícita. El concepto de intimidación ambiental se utiliza, por ejemplo, en el caso de ‘la manada’, y aparece también en este caso.
Las letras apuntan también al delito de acoso sexual debido a las “propuestas de favores sexuales, así como comentarios humillantes de índole sexual”, recoge la denuncia. Ese tipo penal castiga con entre tres y cinco meses o multa de seis a 10 meses a quien solicita favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral y, con ello, provoca a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante.
Asimismo, según el relato de las denunciantes, habrían tenido lugar actos de naturaleza sexual no consentidos que habrían provocado lesiones físicas visibles, como moretones y mordeduras. Estas conductas podrían constituir delitos de lesiones penados con hasta tres años de cárcel o multas en los supuestos menos graves.
Finalmente, los hechos denunciados podrían encajar dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales abusivas en las mansiones del cantante. Este delito está castigado con penas de prisión de seis meses a seis años o multa en los supuestos menos graves. La denuncia alude a “la presunta vulneración reiterada de normas en materia laboral y de seguridad social”, con la ausencia de contrato, la imposición de condiciones laborales irregulares, la falta de descansos o situaciones que habrían afectado a la intimidad y dignidad.
Además, recoge la denuncia, la conducta del denunciado hacia las empleadas a través de “gritos, malos tratos, humillaciones o presión psicológica, a menudo delante de otros trabajadores”, podría considerarse una forma de intimidación y violencia que agravaría esa pena.
Delitos en concurso: las penas no se suman
La denuncia presentada contra Julio Iglesias por estas dos mujeres plantea media docena de delitos pero muchos de ellos en concurso, la fórmula legal establecida para situaciones en las que una ilegalidad se comete de forma conjunta con otra. Esto tiene una consecuencia directa a la hora de calcular posibles condenas: no se suma sin más la pena de cárcel aparejada a cada delito. De hecho, sumar las condenas de dos delitos en concurso está expresamente prohibida por el Código Penal.
La normativa explica que cuando dos delitos se cometen en algún tipo de concurso, ya sea medial o ideal, hay que acudir al delito más grave y aplicar la condena en el arco más elevado de ese ilícito. Si alguien es condenado por en estafa con falsedad documental, por ejemplo, la condena saldrá de la mitad superior prevista para el más grave de los dos.
Esto sucede con una parte importante de los delitos que la denuncia atribuye a Julio Iglesias: el delito de trata se habría cometido en concurso con delitos sexuales de acoso y agresión además de lesiones. Es habitual, por ejemplo y atendiendo a los registros del Tribunal Supremo, que los proxenetas sean condenados a delitos de trata en concurso con otros de prostitución, al no ser ellos generalmente los que perpetran las agresiones sexuales.
El caso desvelado por elDiario.es en colaboración con Univision todavía está en una fase muy incipiente desde un punto de vista judicial: la Fiscalía de la Audiencia Nacional analiza desde hace días si este organismo central sería el competente para llevar a cabo una investigación hipotética penal. La Fiscalía ha decidido tomar declaración a las denunciantes como testigos protegidos.
Si un juez decide investigar al cantante también podría establecer un primer filtro y limitar el número de delitos que investigan, descartando o reorganizando los que proponen la denuncia. La propia Fiscalía, si dice llevar esa denuncia hasta el tribunal, podrá poner encima de la mesa su propia calificación de los hechos que describen estas dos mujeres.
elDiario.es y Univision se han puesto en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por correo electrónico, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias.
Comprobación de datos y edición: María Ramírez y Natalia Chientaroli
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