La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional ha respaldado el caso de Rebeca y Laura desde que se supo que Women’s Link había presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional representando a estas mujeres. Lo decidió así porque vieron que la información periodística era “sólida” y que podría contener “un caso de presunta agresión sexual”.
Se sintieron preocupados, además, por la internacionalidad del caso, ya que Julio Iglesias emplea a trabajadoras del hogar en República Dominicana, Bahamas o España. “Era un caso muy importante para señalar esa cuestión de poder y arbitrariedad sobre mujeres víctimas y trabajadoras domésticas que Amnistía Internacional ha documentado en tantos países del mundo”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
¿Entienden que el caso de Rebeca y Laura no es un caso aislado?
Las trabajadoras domésticas sienten muchas veces que la casa es como un infierno. Eso lo hemos documentado en todo el mundo. El cuerpo de una mujer encerrada entre cuatro paredes está en una situación vulnerable, más si es una mujer racializada que tiene que aguantar todo para no perder su trabajo. Es algo que hemos visto en Arabia Saudí, en Qatar, en la comunidad venezolana, en Colombia, en el Líbano… En muchas partes del mundo. Este es un caso que responde a esos parámetros de violación de derechos humanos en que el empleador es el dueño de estas personas. Al ser el dueño, controla su contrato laboral, cuándo viajan, cómo hacer los trámites migratorios… El empleador reemplaza al Estado y, por lo tanto, deja en una situación vulnerable a estas mujeres.
¿El trabajo doméstico interno es la esclavitud de las mujeres en el siglo XXI?
En realidad, la trata es la esclavitud del siglo XXI. Esa trata se da en muchos ámbitos del trabajo doméstico. Lo hemos visto, por ejemplo, en mujeres keniatas yendo a Qatar, en el Líbano, en muchos lugares.
¿Por qué podría aplicarse ese delito de trata en el caso concreto de Rebeca y Laura?
Hay un contexto de trata porque hay elementos que llevan a esas mujeres a tener que ir a un lugar en el que el empleador es el dueño y en el que no hay un marco legal que las proteja adecuadamente. Esta combinación de elementos puede dar lugar a ese crimen de derecho internacional que es la trata de seres humanos.
Las representantes de estas mujeres han acudido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para presentar una denuncia. ¿Qué piensa Amnistía Internacional sobre si la Audiencia Nacional es aquí competente para este caso?
Hechos tan tumbas tienen que ser investigados. La competencia es una discusión más jurídica que encanta a los abogados, pero aquí la cuestión fundamental es que los hechos tan graves que estas mujeres valientemente han planteado a la Fiscalía tienen que ser investigados. Al ser un español denunciado en varios lugares del mundo y en base a un posible crimen de derecho internacional como la trata, debería ser competente la Audiencia Nacional. La clave es la investigación de los hechos, llegar a un veredicto de inocencia o culpabilidad y al reconocimiento del dolor causado a estas personas.
En el caso de Rebeca y Laura hay un contexto de trata porque hay elementos que llevan a esas mujeres a tener que ir a un lugar en el que el empleadores es el dueño y en el que no hay un marco legal que las proteja adecuadamente.
¿Qué implicaciones tiene que la trata sea un delito internacional?
La trata es un crimen de derecho internacional. Está reconocido en múltiples convenios, como el Convenio de Palermo o el Convenio de Estambul, que protege los derechos de las mujeres, que son las principales víctimas de trata. Que sea un derecho internacional significa algo mucho más serio que la propia violación de derechos humanos. Es decir, es un crimen que compite a toda la humanidad y que cualquier juez en cualquier lugar del mundo puede investigar. Son indicios de hechos tan graves que pueden llevar a una investigación internacional de cualquier tipo y que, además, hace que no prescriba hasta que haya una investigación clara de lo ocurrido. Es más que un delito, es más que una violación de derechos humanos. Es algo que compite a toda la humanidad.
¿Alguna valoración respecto a los otros delitos que sugieren las denunciantes?
Son delitos contra la libertad sexual, contra un trabajo digno. Son delitos muy graves y que marcan lo que Amnistía ha documentado durante tantos años en tantos casos de trabajadoras domésticas. Siempre se dan estos elementos, y se dan por el poder absoluto del empleador. En algunos casos, el empleador es un Estado y en otros casos es un individuo particular, pero, al final, es el empleador quien controla las vidas de estas personas, y dentro de las casas quiere controlar sus cuerpos. Este es el punto que se da en lo que denuncian estas dos mujeres, que valientemente lo que hacen es marcar la tendencia que Amnistía ha identificado en muchos países del mundo cuando se dan estas circunstancias.
Si se cerrara la vía judicial española, ¿qué cree que supondría para Rebeca y Laura, por ejemplo, que tuvieran que acudir a la Justicia de República Dominicana en lugar de la de España?
No debemos discutir ese escenario. El escenario es intentar que la investigación española de los juzgados de la Fiscalía, que tiene competencias, que tiene posibilidades, que creemos que tiene un ámbito legal importante, lo haga. Lo importante también es que no queda impune. La base es que haya una denuncia. Hay que investigar esos hechos, hay que investigar esas palabras, hay que tomar testimonio y hay que proteger a Laura ya Rebeca. Hay que ver que eso avanza en España. Si no avanza, se plantearán otros escenarios, pero de momento el escenario que tenemos y donde hay una obligación del Estado de investigar es en España.
Hay que investigar esos hechos, hay que tomar testimonio y hay que proteger a Laura y Rebeca.
¿Cómo valora la situación de los trabajadores en el hogar?
Las mujeres tienen sus derechos, el problema es que se los violan. Las mujeres son más vulnerables en el ámbito de las políticas migratorias. Las trabajadoras agrícolas que a veces se enfrentan a explotación, las mujeres que trabajan en el ámbito textil haciendo camisetas o cosiendo y las trabajadoras domésticas son los tres sectores donde existe más riesgo de explotación laboral, agresión sexual y, a veces, trata de seres humanos.
¿Por qué está costando tanto que las empleadas de hogar accedan a derechos que sí que tienen en general el resto de trabajadores y trabajadoras?
La violencia de género se da principalmente en el ámbito familiar, es decir, entre cuatro paredes. Ahí es donde pasan las peores pesadillas las mujeres víctimas de violencia de género. Las trabajadoras domésticas, además de ser víctimas de violencia de género y violencia sexual, están en las mismas cuatro paredes, pero algunas veces al poder absoluto de sus interlocutores. En buena parte del mundo, donde no hay leyes ni inspecciones ni prácticas que las protejan, están en soledad. A veces ni siquiera existen asociaciones o sindicatos que ayuden a proteger a las mujeres que son trabajadoras domésticas. Por eso hay mayor violación de derechos humanos.
Además, están las políticas migratorias, que favorecen el sistema de explotación de estas trabajadoras domésticas, que van de país en país. Son mujeres que van desde África a países de Oriente Medio o que huyen de una situación económica muy fuerte, como en Venezuela, y acaban en otro país. Por eso son un colectivo de millones de mujeres que están especialmente expuestos al poder del empleador, por la falta de leyes que las protejan y la falta de voluntad de los gobiernos para inspeccionar lo que está ocurriendo en esas cuatro paredes.
¿Cree que el impacto de los testimonios, cuando se publican en un medio de comunicación como ha sido el caso de Rebeca y Laura, puede ayudar a avanzar en derechos?
Todas estas mujeres han sido muy valientes. La experiencia que tenemos en derechos humanos es que, muchas veces, las pioneras son las que hacen avanzarlos. Luego viene toda una parte de apoyo de la sociedad civil, del periodismo, de las organizaciones internacionales como Amnistía… pero, al final, todo esto depende de la voluntad de las que han sido víctimas de presuntos abusos a sus derechos. Son ellas las que tienen que dar el paso y sentirse apoyadas por las leyes, por la sociedad civil.
Los derechos humanos no son una cuestión ideológica. Si existe un presunto abuso contra una mujer en cualquier lugar del mundo, da igual si es de derechas o de izquierdas, tienes que creer que lo están denunciando porque ven vulnerados sus derechos. Esas son las pioneras, las que en otros lugares fueron Rosa Parks, las mujeres que hacen avanzar los derechos humanos. Pero al principio es muy complicado para ellas porque se enfrentan a estructuras de poder que las acusan, que intentan ilegitimarlas, desacreditarlas. Por eso necesitan el apoyo de la sociedad civil y ahora también el apoyo de las instituciones del Estado español para investigar lo ocurrido.
Aunque hay mucho apoyo, también escuchamos frases que se suelen decir a las víctimas de violencia sexual, como ‘por qué hablan ahora’ o ‘por qué no denunciaron antes’. ¿Cómo se responde a este tipo de cuestionamientos?
Es importante entender que los tiempos de las víctimas de presuntos abusos son muy determinados y dependen individualmente de cada persona. En el ámbito de la violencia sexual y de género juegan mucho los estereotipos, juega mucho la historia, juega mucho la falta de protección del Estado. Solo con mirar lo que ocurriría en España en los años 70 se ve que la mujer era una persona sometida a su marido, una persona que no debía protestar por lo que ocurría en su casa. Y eso se ha ido construyendo como en un colectivo inconsciente. Pareciera que en el ámbito de violencia de género, la mujer tiene que probar que el agresor es el culpable. Pero cualquier delito lo tiene que probar la investigación, no las mujeres.
Si alguien me roba en mi casa, no tengo que demostrar que me robaron en mi casa, o tiene que investigar la policía, lo tiene que investigar la Fiscalía. Ese mismo criterio tenemos que aplicar en estos casos. No estemos tanto en desacreditar a las víctimas, en ponerlas en riesgo e intentar conseguir su identidad, como en ayudarlas a que investigue el Estado y llegar a una conclusión como en cualquier delito. Pareciera que estos delitos son menores porque se dan en el ámbito privado, cuando precisamente porque se dan en el ámbito privado son delitos de mayor envergadura y más graves.
¿Es habitual que las víctimas de violencia sexual tarden muchísimo tiempo en hablar?
Claro, porque se enfrenta a estereotipos. No quieren denunciar porque se enfrentan, encima de que han sido abusadas, al estereotipo de haber sido abusadas. Aquí, además, se enfrentan personas racializadas, personas sin recursos que necesitan el trabajo y que tienen que aguantar antes de denunciar. Eso requiere mucho tiempo. Si denuncian, además, temen que no van a encontrar otro trabajo. Las víctimas de violencia sexual, las víctimas de violencia de género, tienen ese problema añadido. Por eso es tan indignante que les pidamos a los demás, que no somos el Estado, las pruebas y los papeles sobre la mesa. Es el Estado el que tiene que investigar, en este caso la Fiscalía, y llegar a una conclusión, pero no las propias mujeres, que encima han tomado la decisión valiente de denunciar. ¿Entonces para qué tenemos a la Fiscalía y para qué tenemos a la policía?
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