Rebeca (nombre ficticio), una de las mujeres que acusaron a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado mes de enero, ha denunciado ante la policía del país en el que reside que tanto ella como su marido están siendo seguidos y vigilados por un detective privado.
Según explica esta extrabajadora del servicio doméstico de Julio Iglesias a elDiario.es, hace menos de un mes un hombre la estuvo vigilando en la puerta de su domicilio, y después la siguió desde un automóvil mientras ella conducía el suyo propio en dirección a su trabajo.
Cuando Rebeca detectó que alguien la seguía, detuvo su coche. En ese momento, el otro director se paró también a una cierta distancia, y ella comprobó que no solo estaba siendo observada, sino también grabada con un móvil.
La mujer pidió ayuda por teléfono y su marido acudió al lugar en el que se había detenido. Cuando él llegó en su ayuda se dirigió hacia el hombre que estaba realizando el seguimiento, le preguntó qué es lo que estaba haciendo y le tomó fotografías con su teléfono móvil. El hombre negado que estaba siguiendo a Rebeca.
A pesar de que hablaron en inglés, el marido de Rebeca estaba seguro de haber reconocido el acento español, incluso de una región concreta de España, del hombre que estaba haciendo el seguimiento. Tras hacer una búsqueda en internet con estos indicios, la pareja de Rebeca reconoció el rostro del hombre con el que había hablado gracias a la fotografía de su página LinkedIn, una plataforma de perfiles profesionales. De esa manera, los denunciantes pudieron identificar el nombre, la procedencia y la profesión de la persona, que se dedica a la seguridad privada. Esta información fue puesta en conocimiento de la policía local.
Según averiguaron Rebeca y su marido, el detective identificado es un hombre español y con licencia para ejercer la seguridad privada en España, aunque la vigilancia y el seguimiento se han realizado en otro país, y así lo han comunicado en su denuncia. elDiario.es ha comprobado esta información.
elDiario.es ha preguntado al representante legal de Julio Iglesias si ha solicitado los servicios de un detective privado para seguir o vigilar a Rebeca y Laura, pero no ha recibido respuesta.
Un GPS en el coche
No es solo Rebeca quien ha detectado estar siendo espiada. Su marido encontró un dispositivo geolocalizador instalado en el coche al llevarlo al taller para una revisión. Esta persona también denunció a la policía el hallazgo de ese dispositivo, imantado a los bajos de su vehículo.
Según la Ley de Seguridad Privada que rige en España, “en ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos”. Este es el precepto por el cual cualquier detective privado español debe registrarse.
Aunque esta ley no especifica si los detectives españoles pueden utilizar dispositivos rastreadores sin consentimiento, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo impide. Así lo explica Miguel Bustos Rubio, profesor titular de Derecho Penal de la UNIR: “En España, puede constituir un delito e invadir la intimidad de las personas”, señala. “Hay que ponderar si en términos de proporcionalidad se vulnera un derecho fundamental y yo creo que sí”, explica sobre la utilización de un GPS para conocer la ubicación de una persona.
El penalista Iñaki Esparza señala también que, según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Penal, las “medidas de investigación” deben estar sujetos “a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad”. “Si la policía judicial necesita todo eso para poner una baliza de seguimiento, un detective privado no puede hacerlo por sus propios medios”, señala Esparza.
Además, en España, colocar un rastreador GPS en el coche de una persona sin su consentimiento puede vulnerar tanto la ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales como la ley que protege el derecho al honor, intimidad y propia imagen. En el país en el que se ha colocado el geolocalizador, existe una ley de protección de datos personales que señala que es ilegal recolectar datos sin el consentimiento del individuo o sin una orden judicial.
“Si fuera en España, sería delictiva la conducta”, apunta Bustos. No obstante, la actividad se ha desarrollado en otro país, el cual se omite de esta información para proteger su identidad. La investigación policial tendrá que determinar si estas actividades profesionales de seguridad privada las ha realizado un profesional acreditado únicamente en España. “Si está en un país en el que no está habilitado para hacerlo, el riesgo es aún mayor y puede constituir una sanción grave”, señala el penalista. Según la Ley de Seguridad Privada, las consecuencias de ejercer fuera del territorio para el que está habilitado pueden ir desde las multas de 3.000 a 30.000 euros a la suspensión temporal o la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre seis meses y un año.
Una persona enviada “para ayudar”
Laura (nombre ficticio), otra mujer que denunció a Julio Iglesias por agresiones sexuales, también explica a este medio que una persona de su entorno ha sido contactada con pretextos que han resultado falsos. Hace menos de diez días, explicó, un hombre preguntó por ella a un familiar suyo utilizando como referencia el nombre de un periodista de elDiario.es. De acuerdo con este familiar, con el que ha hablado elDiario.es, el hombre dijo que había sido enviado “para ayudar”, sin especificar para qué, y pidió “una entrevista” con ella aunque no se identificó como periodista. elDiario.es no ha enviado a ninguna persona para contactar con el entorno de Laura. Ese hombre proporcionó un número de teléfono, mediante el cual este periódico ha intentado localizarlo, sin éxito.
Ese hombre de unos 30 años y origen venezolano, le indicó al familiar, cuya identidad parecía conocer por una persona en común, y le dijo que quería saber si alguien había “coaccionado” u “obligado” a Laura para hacer declaraciones a elDiario.es y Univision Noticias sobre sus experiencias como fisioterapeuta para Julio Iglesias en Punta Cana.
Este periódico publicó los testimonios que ofrecieron libremente Laura y Rebeca y que reconocieron presuntos abusos y agresiones sexuales por parte del cantante.
Antes de las publicaciones, Iglesias tuvo la oportunidad de responder a las preguntas que le hicieron llegar a elDiario.es y Univision Noticias sobre estas acusaciones, pero no respondió. En un comunicado posterior a la primera publicación, el cantante negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”. Iglesias ha manifestado este miércoles mediante un medio de comunicación su intención de presentar “en los próximos días” una “demanda de conciliación por injurias y calumnias” contra elDiario.es y Univision.
Laura explica que unos días antes recibió mensajes por parte de un desconocido para solicitarle una sesión de fisioterapia. Esta persona le dijo que había encontrado su número en internet, pero el profesional aclara que sus datos no están disponibles en línea.
Hace más de 35 años, Julio Iglesias contrató a un detective privado español, Juan de Dios Vargas, para investigar a María Edite, la mujer que reclamaba al cantante la paternidad de su hijo Javier Santos. El informe que hizo el detective para Iglesias, localizando a otros hombres que afirmaban haber acostado con Edite en las mismas fechas, fue el material del que partió un reportaje en la revista Interviú en 1994. Para Santos, la contratación de este detective y la alianza con los periodistas supuso “una campaña de desprestigio” hacia su madre y la reclamación que ella llevaba a cabo, según explicó a elDiario.es.
