Josep Maria Bartomeu ha entrado a primera hora de la mañana en la Ciutat de la Justícia, fuera de los focos de las cámaras que lo esperaban un poco más tarde. El expresidente debía dar explicaciones ante el juez que investiga los pagos de comisiones supuestamente irregulares durante su mandato en la presidencia del FC Barcelona. Las operaciones cuestionadas son los desembolsos realizados a intermediarios por el fichaje del brasileño Malcom —que apenas jugó una temporada en el Barça y pasó sin pena ni gloria—, los honorarios abonados al abogado de Bartomeu, José Ángel González Franco, por lograr el acuerdo de conformidad que acabó con la condena del club como persona jurídica y la exoneración de Bartomeu y Sandro Rosell; y el desembolso de 1,5 millones al Club Esportiu Laietà como compensación por las molestias ocasionadas por las obras del Espai Barça. El presidente Joan Laporta, al llegar de nuevo a la presidencia, encargó un informe forense que determinó que el club pagó comisiones irregulares por varias operaciones y puso la auditoría a disposición de la Fiscalía, que acabó presentando una denuncia contra Bartomeu, varios de sus directivos e intermediarios. El ministerio público los acusa de desviar 4 millones de euros sin el conocimiento de la junta directiva.
En respuesta al interrogatorio de la fiscal, Bartomeu ha defendido que el Barça pagará los honorarios a su abogado particular González Franco. El club abonó 1,7 millones por los “trabajos realizados” para lograr el acuerdo de conformidad por el fichaje de Neymar, que acabó con la condena del club por delito fiscal como persona jurídica y la exoneración de Bartomeu y Sandro Rosell. El acuerdo, según ha dicho, se cerró con un apretón de manos a espaldas de la junta directiva. El expresidente ha explicado que 1,7 millones era el 10% de lo que se ahorró el club con el acuerdo. La multa era inicial de 22 millones y quedó rebajada a 5 millones, con lo que el supuesto ahorro fueron 17 millones.
Laporta presentó el resultado de la auditoría ante la Fiscalía tras apreciar irregularidades
La fiscalía duda que tuviera que ser el club el que abonase los honorarios al abogado particular de Bartomeu al entender que había conflicto de intereses. Además, el ministerio público detalla que en las condiciones del contrato se establecía que solo se facturarían al Barça los honorarios que correspondían al club y que los gastos de las defensas de Bartomeu iban a cargo de unas pólizas de responsabilidad civil. Las aseguradores desembolsaron 200.000 euros al abogado, pero, según la fiscalía, esa cantidad no era la que exigía, así que facturó el resto del FC Barcelona. “Al comprobar que la compañía aseguradora no le abonaba las cantidades por él pretendidas en concepto de minuta de honorarios por los servicios prestados, podría haber incluido dichas cantidades en el montante total solicitado y abonado por el FC Barcelona”, sostiene la denuncia. Además, Bartomeu no informó hasta un año más tarde de la factura de 950.000 euros que el club abonó al abogado por su implicación en el acuerdo. El presidente suscribió el contrato en agosto de 2016 y no informó a la junta directiva del pago de los honorarios hasta mayo de 2017. Hoy ha dicho que no recordaba por qué no informó antes.
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Bartomeu también ha explicado que el FC Barcelona pagó 1,5 millones al Club Esportiu Laietà por las molestias que podía ocasionar el Espai Barça. Ha asegurado que se acabó rebajando las pretensiones iniciales de Laietà, que exigía 4 millones de euros, y ha subrayado que el pago de 1,5 millones fue una compensación para que renunciaran a presentar alegaciones al proyecto del Espai Barça, lo que hubiera retrasado la aprobación de la modificación del Plan General Metropolitano. Fruto de ese pacto, los directivos y trabajadores podían utilizar las instalaciones del Laietà. El expresidente ha aclarado que la negociación la llevó el directivo Jordi Moix y que él tuvo poca participación. Según la fiscalía, Bartomeu “infringió conscientemente las obligaciones” y proporcionó “un injustificado trato de favor al Club Esportiu Laietà por supuestos perjuicios no justificados”.
La Fiscalía también señala al expresidente por las comisiones supuestamente irregulares por el fichaje del brasileño Malcom, a pesar de que no le ha hecho ninguna pregunta sobre ello. En la denuncia, el ministerio público detallaba que la entidad Elenko Sports, a pesar de que no tenía suscrito ningún contrato con el club, emitió una factura por valor de 855.600 euros en concepto de labores de intermediación. Por eso, acusaba a Bartomeu de “omitir los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía ya al Comité de Adjudicaciones y Aprobaciones ya la Junta Directiva”, y señalaba al expresidente de haber “ocultado el pago de comisiones con la connivencia de Román Gómez Ponti, director de los servicios jurídicos del Club; Jordi Mestre, vicepresidente deportivo del Club; y Òscar Grau, consejero delegado del club”. Todos ellos, prosigue la fiscal, “acordaron el abono a intermediarios con los que el Club no había contratado determinadas cantidades derivadas de trabajos de intermediación para la contratación del jugador Malcom provocando, en consecuencia, un perjuicio económico al Club”.
