El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha declarado este viernes ante el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona para responder a una querella presentada por una mujer que invirtió 100.000 euros en el proyecto fallido del Reus Deportiu, que acabó en su extinción. En una comparecencia de menos de una hora, el presidente ha asumido que hubo un incumplimiento contractual por un negocio frustrado, pero ha negado que se trata de una estafa, delito por el que está abierta la causa. Como ya hizo en otros procesos similares en los que también está imputado, Laporta ha descargado la responsabilidad en Joan Oliver y se ha desmarcado de la operativa de la sociedad. “Estamos ante un incumplimiento contractual, en ningún caso ante una estafa, ni un engaño, ni muchísimo menos”, ha aseverado el abogado de Laporta, Jordi Pujante, que ha anunciado que pedirá el archivo de la causa.
El caso se remonta a 2016, cuando varias personas invirtieron en un plan que consistía en promover el ascenso deportivo del Club de Fútbol Reus Deportiu. El proyecto lo desarrolló la sociedad Core Store, cuyo administrador principal era Joan Oliver y en la que Joan Laporta fue administrador solidario hasta 2019, junto a Xavier Sala i Martín y Rafael Yuste. La sociedad pidió préstamos a los inversores con el compromiso de devolverles la misma cantidad con un 6% de interés a los cinco años. Además, Core Store participaba con un 57% en la sociedad CSSB Limited, radicada en Hong Kong. Esta empresa ofrecía acciones para invertir en un proyecto que consistía en crear en China una academia de formación futbolística similar a La Masia, reclutando a los futbolistas mediante un programa de televisión al estilo de Operación Triunfo.
El proyecto quería reclutar futbolistas en un talento-show chino y nutrir una academia para que jugaran en el Reus.
La irrupción de la Covid reventó la burbuja de la Super Liga china y el proyecto fracasó: las acciones se desplomaron y los préstamos no se devolvieron en su totalidad. Los querellantes sostienen que los impulsores del proyecto presentaban como reclamo y garantía de seriedad la participación de Laporta. De hecho, la imagen del presidente apareció en varios folletos promocionales del proyecto.
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Cinco inversores presentaron querellas contra Oliver y Laporta al entender que nunca quisieron devolver los préstamos que suscribieron. El último caso es el de una mujer que invirtió casi 100.000 euros en el proyecto: concedió un préstamo de 50.000 euros a Core Store y suscribió acciones de CSSB Limited por valor de 54.000 euros. Joan Oliver, máximo responsable de las sociedades, explicó ante el juzgado en causas similares que siempre habían tenido intención de devolver los préstamos, si bien no siempre habían podido. En este caso, tras firmar un contrato de novación en 2023, se le devolvieron los intereses y 35.000 euros, que corresponden a tres cuartas partes de la cantidad prestada.
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Esta causa fue inadmitida a trámite por el juzgado de instrucción al considerar que se trataba de un incumplimiento contractual que debía tramitarse por la vía civil, pero no como un delito por la jurisdicción penal. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona estimó el recurso que presentó la afectada y obligó a la jueza a citar a declarar a Laporta ya sus socios en el proyecto. Por ahora, hay dos causas más en las que está imputado el presidente del Barça: una por el incumplimiento con una familia a la que le tocó la Primitiva y que invirtió 2,7 millones de euros, y otra por el impago a un inversor que aportó 50.000 euros. Sala Martín, Yuste y Oliver debían haber comparado hoy pero el juzgado no los localizó para entregarles la citación.
