El primer impacto económico de la guerra de Irán, será –no tengo ninguna duda– un repunte de la inflación. Los primeros análisis, como el de Funcas, apuntan que antes del verano el IPC interanual se habrá situado en el 3%, lo que supone un aumento … de siete décimas respecto al 2,3% de febrero. Pero esa es una primera aproximación que se quedará muy corta si el conflicto se prolonga en el tiempo.
Ante esta situación el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra pidiendo a sus distintos departamentos la preparación de medidas en caso de que haya que salir en ayuda de los diversos sectores o de los ciudadanos si los precios se disparan. Y hemos escuchado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hablar de que están preparados para volver a poner en marcha las medidas anticrisis que se aplicaron tras la invasión rusa de Ucrania y cuyo coste el presidente Sánchez cifró en 45.000 millones.
Es cierto que da la impresión de que los mercados y los agentes económicos se están acostumbrando a esta incertidumbre continua y que su volatilidad no es tan exagerada como la de esos momentos. Las Bolsas han caído, pero mucho menos de lo que lo hicieron hace ahora cuatro años en el comienzo de la guerra de Ucrania. El petróleo y el gas han incrementado sus precios, pero sin llegar a esos niveles. Y parece que hoy el impacto puede ser más limitado.
También es cierto que en un primer momento la más beneficiada por el aumento de los precios es la Hacienda Pública, que recauda mucho más de aquellos tributos ligados al consumo, como el IVA o los impuestos especiales. Pero eso no quita para que si finalmente la guerra se alarga y el Gobierno tiene que poner en marcha medidas de ayuda estaremos ante un nuevo gasto extra de millas de millones de euros para el que tengo mis dudas que estemos preparados, porque no hemos hecho los deberes.
El Gobierno presume día sí, día también de lo que bien que va nuestra economía. Y es cierto que, al menos en las grandes cifras, va mucho mejor que la de la mayoría de nuestros vecinos europeos, especialmente de los grandes países. Pero también lo es que no se han aprovechado esas ‘vacas gordas’ para ahorrar y generar un colchón que nos daría ahora más margen de actuación sin necesidad de poner en peligro nuestra estabilidad y nuestras cuentas.
El pasado lunes la todavía presidenta de la Airef, Cristina Herrero, prevenía sobre esta situación en una entrevista en ABC: «Hemos vivido una sucesión de shocks y el contexto internacional es lo suficientemente incierto para pensar que pueden seguir ocurriendo. Esto obliga a generar márgenes fiscales para tener capacidad de reacción cuando venga una crisis», aseguraba, algo que sinceramente no se ha hecho. No se ha aprovechado el aumento de los ingresos para reducir deuda, sino para gastar más. Prueba de ello es que la reducción de la deuda ha sido consecuencia no de un recorte absoluto de las cifras, sino de que el PIB ha aumentado más que el pasivo y eso nos ha permitido reducir el peso de nuestra deuda sobre el PIB.
En este entorno son muchos los economistas, incluida Cristina Herrero, o el director de Fedea, Ángel de la Fuente, que advierten sobre los problemas que sobre las cuentas del Estado tendrían que ceder 20.000 millones a las autonomías, sin ningún tipo de condicionalidad, como pretende hacer el Gobierno con el nuevo sistema de financiación autonómica. Menos mal que parece que tiene pocas posibilidades de salir adelante.
