Diez días después del inicio de la guerra en Irán, que ha disparado el precio del petróleo y ha desencadenado fuertes subidas del precio del carburante en España, el Gobierno sigue sin presentar a la sociedad el paquete de medidas de contención del que lleva. … hablando al menos una semana. Este jueves ha mantenido una reunión con los agentes sociales, pero no para hablar de concretas sino para trasladarles su diagnóstico y escuchar lo que estos tuvieran que decirla medidas sobre las medidas que consideran más adecuadas para la situación, a saber, rebajas fiscales a los sectores afectados, según la perspectiva de CEOE y Cepyme; medidas de protección a los consumidores y de control de los márgenes empresariales según los sindicatos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha solventado la gestión de la expectativa general de medidas que el propio Gobierno ha alimentado asegurando que se trabaja en la redacción de un texto «que se quiere cerrar lo antes posible, en los próximos días», pero eludiendo expresamente confirmar si este irá ya al próximo Consejo de Ministros, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había asegurado unas horas antes.
Ha asegurado también que esta primera aproximación a los impactos de la guerra de Irán será quirúrgica y selectiva. Ha descartado de momento adoptar medidas como una rebaja generalizada del IVA, como han pedido entre otros el presidente de Mercadona, Juan Roig; o una calificación general sobre el precio del carburante como los célebres 20 céntimos que se activaron en 2022, y ha avanzado que la primera respuesta del Gobierno, se apruebe cuando se apruebe, irá focalizada a paliar la situación de sectores concretos como el transporte o el campo ya proteger situaciones de especial vulnerabilidad. En este último punto no ha sido concreto, pero sí ha registrado medidas que ya se aprobaron en el contexto de la guerra de Ucrania como la prohibición de suspender el suministro o incluso el bono social.
“Será una respuesta proporcional y acotada. Aún estamos lejos de la situación de 2022”, ha asegurado el ministro de Economía, que ha insistido en que la prioridad será atender el impacto sobre el sector del transporte de carretera y el agrícola para evitar que se produzca una transmisión de la subida del precio del carburante al conjunto de la economía, esos efectos de segunda ronda que disparan la inflación, acostumbran a consolidarse y son luego muy difíciles de revertir.
Cuerpo ha asegurado que el Gobierno ha tomado nota de los mensajes que le han enviado los agentes sociales respecto a medidas como la aplicación de 20 céntimos al carburante, que los empresarios de estaciones de servicio no quieren ni ver y que los sindicatos también descartan porque entienden que sirvió más para garantizar los márgenes de los grandes distribuidores que para bajar el precio del combustible. Al Gobierno tampoco le convence por su fenomenal coste fiscal.
El ministro de Economía ha admitido, en relación a este asunto, que el hecho de que no haya un marco especial de ayudas de Estado ni una suspensión de las reglas fiscales como ocurrió en 2022 les obliga a ser mucho más prudentes con las medidas que planteen y que por eso se están analizando en profundidad desde la perspectiva de su costo, su potencial redistributivo y su eficacia.
El Gobierno no ve razones objetivas para aprobar un gran paquete de medidas de protección a consumidores y empresas de carácter general. Cuerpo ha revelado que los datos sobre afiliaciones a la Seguridad Social que les han llegado hasta ayer son buenos, que no tienen evidencias de que se haya producido una transmisión de subida de precios a la cesta de la compra y que tampoco ven especialmente tensiones ni en el precio al público del gas y la electricidad ni en otros ámbitos, y que de momento las tensiones se focalizan en el precio del carburante.
La reflexión le ha servido para descartar algunas de las medidas que se aprobaron en 2022 y que empresarios, patronales e incluso socios de Gobierno han solicitado en las últimas horas. En su opinión el contexto actual no justifica una rebaja generalizada del IVA, ni una penalización al carburante, pero tampoco una limitación de los precios del combustible en los puntos de venta, activar la prohibición de despedir o congelar el precio de los alquileres, como se le ha pedido desde Sumar.
El proceso de configuración del primer paquete de respuesta del Gobierno a la guerra de Irán ha florecido una ausencia de consenso en el enfoque tanto a nivel político como de medidas sociales. Cuerpo ha asegurado que la única herramienta que se puede utilizar para paliar el impacto del encarecimiento del combustible para transportistas y agricultores en la fiscal, cuando los sindicatos le han solicitado expresamente que sea cuidadoso con ese tipo de medidas; y ha esquivado otras medidas pedidas desde Sumar. “La respuesta del Gobierno”, ha dicho, “será entregada”.
