En la antesala del debate por el Presupuesto 2026, tras el trabajo del Consejo de Mayo y en medio de la negociación con gobernadores, el gobierno de Javier Milei presentó un proyecto que refleja una endurecimiento de la estrategia de vinculación con las provincias. La iniciativa busca impedir la aprobación de presupuestos con déficit, limitar la toma de deuda provincial para los distritos que tengan déficit, establecer mecanismos automáticos de corrección del gasto en donde también se incluyen a empresas y otras entidades que dependen de fondos públicos y, por último, tipificar delitos como tanto la expansión fiscal. sin financiamiento como la emisión monetaria por parte del Banco Central.
Uno de los ejes de la propuesta apunta a reconfigurar el manejo de las deudas provinciales y llega en pleno conflicto entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobierno de Axel Kicillof por las autorizaciones para que la provincia de Buenos Aires pueda concretar en el próximo ejercicio el endeudamiento que finalmente consiguió aprobar en la Legislatura provincial.
El Gobierno presentó el martes, de cara a las sesiones extraordinarias del Congreso, el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La iniciativa fue explicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien señaló que el texto “prohíbe el déficit del presupuesto nacional, incorpora un mecanismo automático de corrección ante desvíos y tipifica como delito tanto el gasto sin partida presupuestaria como la emisión de adelantos transitorios del BCRA”.
La propuesta establece que el Presupuesto Nacional no podrá aprobarse si proyecta un resultado financiero deficitario. Además, si durante el ejercicio se produce una caída de recursos o un incremento del gasto que comprometa el equilibrio, el jefe de Gabinete deberá activar un ajuste automático con respaldo técnico de un informe de Sustentabilidad Fiscal.
De forma complementaria, el proyecto prohíbe que funcionarios asuman gastos sin autorización o sin financiamiento acreditado y veta al Poder Ejecutivo la posibilidad de solicitar adelantos transitorios al Banco Central para cubrir el gasto primario. “Gastos extrapresupuestarios. Ningún funcionario de la Administración Pública Nacional podrá asumir compromisos de pago ni ejecutar, autorizar, aumentar o modificar gastos que no se encuentren autorizados en la ley de presupuesto general vigente o que carezcan de los recursos debidamente acreditados para su financiamiento”, establece el proyecto.
La iniciativa introducir modificaciones en el Código Penal que prevén penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación absoluta para los funcionarios que incrementan el gasto sin recursos previstos. También se plantea una pena de uno a diez años para quienes ordenen o autoricen emisión monetaria violando la Carta Orgánica del BCRA o pongan en circulación moneda de origen espurio. El proyecto se conoció el mismo día que el Gobierno anunció una reducción de retenciones a las exportaciones de granos.
PROVINCIAS
¿Cómo sería el límite a la deuda de las provincias?
En paralelo, y en medio de la escalada con Kicillof por la autorización del endeudamiento provincial, el Consejo de Mayo —integrado por representantes del Gobierno, los gobernadores, sindicatos y las empresas—, Milei propuso una restricción para que las provincias no puedan tomar deuda si registran déficit primario, si su riesgo crediticio supera al de Nación o si ese riesgo tiene un diferencial superior a los 500 puntos básicos respecto de los bonos del Tesoro estadounidense.
La iniciativa surgió pocos días después de que la Legislatura bonaerense aprobará un endeudamiento de u$s3.685 millones. Caputo criticó esa decisión al señalar que la PBA incumple normas de responsabilidad fiscal vigentes y amenazó con autorizar únicamente la porción de la deuda que iría a cubrir el rollo over de los vencimientos del próximo año pero no el resto. Es que el endeudamiento aprobado incluye emisión de letras del Tesoro provincial y deuda para el Poder Ejecutivo, AUBASA y Buenos Aires Energía.
Kicillof le salió al cruce y le reclamó que lo autorice “rapidito”. El planteo del ejecutivo provincial es claro: además del histórico debate por la coparticipaciónse sumo el de las obras adeudadas por parte del Gobierno nacional en el primer año de gestión, cuyos costos tuvieron que asumir la provincia.
Al mismo tiempo, el ministro de economía provincial, Pablo López, sostuvo que la caída de la actividad a nivel nacional afectó las finanzas provinciales y le respondió al Ejecutivo Nacional en su cuenta de X: “Nuestra provincia tiene el menor nivel de recursos y gasto por habitante, y es la de menor cantidad de empleados públicos junto con Córdoba”. Más allá de este punto, el gobierno provincial confía en que la autorización de Nación finalmente llegue.
Las provincias volvieron a emitir deuda en dólares
Esto sucede, en un contexto en el que las provincias y las empresas salieron a emitir deuda en dólares en las últimas semanas por un monto que en conjunto superó a los u$s4.000 millones en noviembre.
Es importante recordar que córdoba Fue la primera en salir al mercado internacional en el mes de junio. En aquel momento, consiguió emitir u$s725 millones en Wall Street a una tasa del 9,75%.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe lo hicieron durante noviembre: CABA captó u$s600 millones al 7,8% anual y la provincia de la bota obtuvo u$s800 millones al 8,1%.
También se espera que Neuquén lo haga con la garantía de las regalías petroleras. Todas las colocaciones fueron autorizadas por el Gobierno nacional, solo la provincia de Buenos Aires tiene, por ahora y de palabra, la negativa parcial de Nación.
Las provincias, atentas a cuidar los recursos pero también a llevar adelante obras que ya no ejecuta el Gobierno nacional, ven una ventana de oportunidad a partir de la mejora en las condiciones financieras para salir a emitir deuda. Vale recordar que todas las jurisdicciones presentan una fuerte caída en las transferencias de recursos de Origen Nacional y por Coparticipación, siendo la más afectada Tierra del Fuego, según datos recopilados por CEPA.
el Consejo de Mayo fundó su propuesta en un análisis histórico: en los últimos 63 años, Argentina solo registró superávit primario en 16 ejercicios, equilibrio en uno y superávit financiero —incluidos intereses— en apenas nueve. Según el documento, esta persistencia del El déficit explica buena parte de las crisis inflacionarias y de endeudamiento.
Por ese motivo, el Consejo respalda la promulgación de una ley que refuerce el equilibrio fiscal, establezca límites estrictos al endeudamiento y sanción las desviaciones, tanto en la Nación como en las provincias.
Con la nueva composición del Congreso y en el contexto del tratamiento del Presupuesto 2026el oficialismo busca acelerar las reformas y blindar el equilibrio fiscal. El proyecto se perfila como uno de los temas centrales de la agenda parlamentaria y podría redefinir el esquema de recursos para el año entrante.
