La gente, por lo general, es muy pragmática. Se cabrea porque sube el costo de la vida, especialmente si tiene la percepción de que hay corrupción y que se derrocha el dinero público. Esto explica en gran medida que están creciendo fuertemente las simpatías hacia la extrema derecha. Las encuestas de opinión dejan poco lugar a dudas. Vox sube con fuerza mientras todos los partidos de izquierda se desploman. Algo no se debe de estar haciendo bien.
Los datos no engañan. Desde el 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder, la inflación ha aumentado un 23%, y ha neutralizado en un 90% la subida nominal de los salarios. Y lo mismo ha pasado con el salario mínimo (SMI), que ha subido en más de un 60%. Sin embargo, el fuerte incremento de los precios de los alimentos, la vivienda y la energía lo han dejado en prácticamente nada.
La principal preocupación
El aumento en los precios de la cesta de la compra afecta considerablemente más a los hogares vulnerables que a las familias de clase media con vivienda propia.
Una cosa son las estadísticas y otra muy diferente es la realidad. El aumento en los precios de la cesta de la compra afecta considerablemente más a los hogares vulnerables que a las familias de clase media con vivienda propia. Estos últimos han logrado afrontar mejor la situación a pesar del incremento de la presión fiscal. Lo mismo ocurre con los ingresos: no es igual vivir de una nómina que de las rentas de capital o inmobiliarias. Por esto, cuando quienes ostentan el poder repiten que “España va bien”, resulta irritante en lugar de motivador, especialmente para la clase media trabajadora.
Y esto no solo está pasando en España, sino en la mayor parte de los países donde crece la extrema derecha o surgen movimientos de protesta. Un ejemplo concreto es Irán, donde el malestar se ha producido por el fuerte incremento del coste de la vida mezclado con los abusos que lleva años cometiendo el régimen de los ayatolás. Pero está pasando también en Estados Unidos, donde la popularidad de Donald Trump se encuentra en mínimos. La economía ha sido siempre el principal detonante de las grandes crisis.
La caída del poder adquisitivo de la población en cada país se debe a causas diferentes. En España el detonante ha sido el fuerte crecimiento de la población en un corto plazo de tiempo. En los últimos siete años y medio de gobierno progresista ha aumentado en casi tres millones de personas, impulsada casi por completo por la inmigración. Esta avalancha de nuevos trabajadores poco cualificados ha ocupado los empleos que los nativos no quieren hacer, lo que ha permitido una fuerte creación de riqueza. Se estima que un 84% del crecimiento de la economía se debe a ellos. Una auténtica bendición, especialmente los de origen latinoamericano, ya que su integración ha resultado más fácil.
Pero esta afluencia también ha provocado una serie de problemas que no estaban previstos y que no han sido bien gestionados. Hace dos décadas se argumentó que nos cogió de sorpresa, pero lo cierto es que no se ha hecho gran cosa. Nadie parece haber pensado que en algún sitio tendrían que vivir los millones de personas que estaban llegando. Lo mismo se puede decir de las leyes laborales. Una fuerza laboral disponible de mano de obra de bajo costo ha deteriorado las condiciones de los trabajadores menos cualificados. Más consumidores, mayores precios, y así sucesivamente.
¿Inmigrantes? Claramente sí, pero bien regulados y con políticas adecuadas para poder acogerlos como es debido. No en vano, el coste de la vida se ha convertido en la principal preocupación de la población tanto nativa como inmigrante.
