Era un pequeño propietario que contaba con el alquiler del piso que había adquirido en tiempos mejores para completar un salario que daba para lo que daba. Llevaba tiempo gestionando aquel apartamento y había encontrado todo tipo de inquilinos. Los confiables y responsables; los que no pagaban porque no podían, los que le dejaron el habitáculo en un estado lamentable que la fianza no llegó a cubrir, entre otras cosas, porque el inquilino había dejado de abonar el alquiler los dos últimos meses. También había tenido algunos con los que, en momentos difíciles, había pactado retrasos en el pago y disminución temporal de la renta.
Ahora tenía un dilema. Decidir qué hacía con el alquiler. Si lo subía a precios de mercado, una tentación tal como estaban de disparados estos precios; si perdía dinero potencial sacrificando un aumento de renta por consideración y garantías que daba el inquilino del momento; o si entraba en el juego fiscal de bonus-malus que estaba preparando el Gobierno. Un Ejecutivo que trabaja en dos medidas en paralelo: una ofreciendo incentivos fiscales si el propietario mantiene o bajo el alquiler; y otro, en estado más inicial, de penalizar vía IRPF si los sube. Las dos medidas, sin embargo, con dificultades para que sean aprobadas por el parlamento.
Al propietario le quedaba también otra opción, si pasaba el piso al mercado de temporada o al de alquiler turístico, antes de que los acabaran regulando; ir a esa zona gris en la que se refugiaban los que querían regatear los topes a los aumentos de los alquileres. De momento, era legal.
Sería fundamental modificar la ley del Suelo, pero el Gobierno da esta batalla por perdida
Nuestro casero llevaba tiempo escuchando filípicas contra unos propietarios a los que se catalogaba directamente de grandes especuladores, metiendo en el mismo saco a los pequeños propietarios y los fondos buitres. A veces, el mismo se sentía un poco Satán, convertido en gran demonio al leer lo que contaba de su clase, los propietarios, pintados casi como desahuciadores en jefe. Aunque lo cierto es que no veía como le podían comparar con el duque de Alba, que está en proceso de sacar a los arrendatarios de 75 viviendas en Malasaña (Madrid) para dedicarlos al más rentable alquiler turístico. Una expulsión, por cierto, con el beneplácito del ayuntamiento, que argumenta que el duque de Alba tiene todo el derecho a su lado. Pero él tenía poco de duque.
Este propietario se decía que solo estaba aplicando las leyes del mercado, que se mecía en la mano invisible de Adam Smith, para, ciertamente, extraer el máximo provecho de su piso. En el fondo, había seguido lo que de joven le recomendaron insistentemente a sus padres, comprar un piso. Y estaba contento con lo ser propietario, aunque ahora fuera vilipendiado.
Observaba, eso sí, como la vivienda era el gran agujero negro de la economía, como por ahí se disparaban las desigualdades que no conseguían corregir otros avances, como el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, un empleo a buen ritmo, y las subidas del SMI, ya convertido en un salario digno. Pero, por mucho que se lo dijeran, que se lo repitieran, no se sintió culpable por esta brecha.
No entendía como, cuando el Banco de España ha elevado a 700.000 pisos los que haría falta para cubrir la demanda creciente, resulta que la construcción de vivienda nueva está retrocediendo; como en el tercer trimestre del 2025 había caído un 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto, en plena crisis. En cambio, sí que entendía donde residía el problema fundamental, que es la ley del Suelo, una facilitadora de la paralización de proyectos. Con el actual redactado, un recurso parcial puede bloquear todo un plan urbanístico. Es la interpretación que le dan los tribunales, y es lo que a principios del 2025 tenía cien ciudades con sus planos paralizados.
Los intentos para una nueva ley del Suelo se han estrellado en el parlamento, a pesar de la presión del sector, y ahora mismo, el Ministerio de Vivienda ya ha tirado la toalla. No cuenta con aprobarla en esta legislatura. Y sin esta modificación, el resto de medidas son de menos eficacia y más paliativas que estructurales.
Hoy, por ejemplo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta los detalles del fondo soberano España Crece, diseñados tanto para evitar perder una parte de los fondos del plan de recuperación, porque se acerca a la fecha tope de su ejecución, como para prolongar sus efectos en los próximos años. Y este fondo sitúa la construcción de vivienda asequible como una de sus grandes prioridades. Más inversión, sí que es importante, pero que se tendrá que mover entre las trabas de la ley del Suelo.
Entre las medidas paliativas, aparece que el tope de alquileres en las zonas tensionadas da resultados moderados. En Catalunya, la pionera, se frenan los precios, pero perdiendo oferta, que se trasladan a otros mercados, como el turístico; y en Navarra, el más reciente, cien por cien positivo, con caída de precios del 8,6% sin eliminar oferta. La gran limitación de esta medida es que las comunidades del PP no la aplican y la vivienda es competencia autonómica. Además, los efectos en Catalunya no están siendo espectaculares como para que sirvan efecto de arrastre.
Precisamente, en Catalunya está ahora en discusión una normativa sobre la prohibición de la compra de pisos para especular, impulsada por los Comuns y con la duda sobre cómo se definirá lo de “especular”, cómo se limita que una persona solo pueda comprar una vivienda si es para ocuparla ella misma o su familia.
Más suerte puede tener el Gobierno central con su oferta de ayudas para construcción de vivienda social si las autonomías la blindan, para que no pueda acabar nunca en el mercado. Aquí, también hubo oposición inicial de muchas comunidades, pero la oferta de dinero puede salvar obstáculos.
Lo que nos faltaba: la construcción de vivienda nueva retrocede
Este pequeño propietario observaba que el Gobierno prometía mucho y daba menos. Como impulsaba la vivienda pública, la Casa 47, pero con resultados a largo plazo y no garantizados. Como las comunidades del PP se rebelaban contra intentos de regular el mercado (la mano de Smith no se toca, piensan).
También sigue atento la agitada negociación sobre la prórroga de la prohibición de los desahucios a los inquilinos vulnerables, con una escenificación de la compleja convivencia de un gobierno de izquierdas con un parlamento de derechas. Una situación que lleva al Gobierno Sánchez a doctorarse en su especialidad, la negociación a cuatro o cinco bandas, aunque con resultados inciertos esta vez. Lo último que había acordado era prohibir desahuciar, pero menos. Es decir, dejando fuera a los pequeños propietarios como él, los que tengan uno o dos pisos, que podrán sacar al inquilino, por muy vulnerable que sea, y pasando la pelota a los servicios sociales. Esto gusta al PNV pero irrita a Podemos, mientras Junts sigue en el monte, todo lo cual deja muy en el aire si el decreto ley se convalidará en el parlamento.
Nuestro pequeño propietario estaba convencido de que idealmente había que combinar soluciones de izquierdas, como la regulación y la intervención del mercado, con otras más de derechas, de menos regulación; Todo con el objetivo de construir más, que es la mejor fórmula, aunque con efectos muy a largo plazo, para reducir estas desigualdades. En tiempos en que las desigualdades han creado el caldo de cultivo para el auge del trumpismo y sus derivados europeos y locales, la vivienda es uno de estos agujeros.
El temor es que en estos tiempos de polarización extrema nadie parece muy interesado en pactar medidas de ningún tipo, con excepción de la subida de las pensiones, y aún con empujones, de manera que el pequeño propietario se fue a hablar con el inquilino a ver cómo arreglaban lo del alquiler esta vez. Quería evitar esta dinámica, aparentemente tan de moda, de caseros contra inquilinos.
