El plan de ayuda de Pedro Sánchez para paliar los efectos de la guerra de Irán consiste en 80 medidas con un impacto de 5.000 millones de euros. El decreto principal contempla, principalmente, una batería de rebajas fiscales que afectan al ámbito energético … entre las que destacan reducciones de impuestos sobre los carburantes. Y para asegurarse de que las empresas petroleras y gasolineras aplican correctamente las medidas, el Gobierno ha dotado de más competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La subida de la gasolina y el diésel ha sido el impacto más palpable por los ciudadanos en estas primeras semanas de conflicto en Oriente Próximo, con subidas a doble dígito. En el caso del diésel ya se han visto incluso precios de dos euros por litro, como ocurrió con la guerra de Ucrania. Por ello, el Ejecutivo ha rebajado el IVA de los carburantes del 21 al 10% y ha reducido también el Impuesto sobre Hidrocarburos «hasta el mínimo que permite la UE», como anunció el presidente.
Estas rebajas se aplicarán ya desde este domingo, que es cuando entra en vigor el decreto, según figura en el texto publicado en el BOE. Según el Ejecutivo, se verán rebajas en el precio de hasta 30 céntimos por litro en el carburante más caro, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio.
La CNMC será la que vigile la aplicación de estas medidas y que las petroleras y gasolineras no utilicen la crisis para incrementar sus márgenes. El presidente indicó que se castigará con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis o las ayudas del Estado para enriquecerse: «Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y debe volver íntegro a ellos. Un Gobierno responsable y las autoridades competentes no podemos tolerar que algunos, por pura codicia, intenten sacar tajada de esta guerra».
El decreto destaca que «en el contexto actual de aumento de precios de los productos petrolíferos, se considera necesario reforzar los instrumentos de seguimiento del mercado». Por ello, el gobierno ha habilitado a la CNMC a «solicitar la información que resulta necesaria a los agentes que participan en la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos, en particular en relación con precios, volúmenes de venta, costes y cualesquiera otros datos relevantes para el análisis del funcionamiento del mercado».
Competencia vigilará la aplicación de las medidas y cómo funciona el mercado en el tiempo que están vigentes. Para eso se servirá de la información que deben suministrarle las empresas del sector. Asimismo, durante un periodo de tres meses, los operadores al por mayor (los que venden la el carburante a las gasolinaras) con capacidad de refino en España «reportarán semanalmente a la CNMC información sobre sus costos de adquisición de productos petrolíferos y los precios de venta de carburante a las estaciones de servicio», para tratar de trazar cómo se configura el precio por litro en los momentos actuales.
Los operadores al por mayor deberán remitir cada semana información sobre costos de adquisición y precio de venta.
Competencia, así, dará traslado de la información al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, antes del 31 de mayo de 2026, la CNMC tendrá que publicar un estudio sobre el funcionamiento del mercado de distribución y comercialización de carburantes tanto a particulares como a profesionales, «con especial atención a la evolución de precios y del grado de competencia efectiva en el contexto de la guerra en Irán, incluyendo el comportamiento de los márgenes, a fin de valorar la adecuación del marco regulatorio vigente».
En la normativa que se ha publicado en el BOEasimismo, se recoge que los operadores del mercado estarán obligados a proporcionar la información que les requiera la CNMC, bajo amenaza de sanción: «El incumplimiento de los requerimientos de información a que se refiere el apartado primero tendrá la consideración de infracción grave». Esa infracción grave, en caso de que no entreguen la información requerida o lo hagan de manera incorrecta, podría acarrear multas a petroleras y gasolineras de hasta seis millones de euros.
