Revisaban su bolso y la obligaban a mostrar el IMEI de su teléfono móvil cada día al final de su jornada laboral sin acreditar causa alguna que justificara estos controles. Es lo que le ocurriría a una trabajadora de MediaMarkt, que ahora será indemnizada con … 7.251 euros por la firma tras una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
Comer órgano confirma la resolución dictada por la plaza número 2 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao, según una nota de prensa del Poder Judicial publicada este lunes. No obstante, la sentencia no es firme y cabe recurso ante el Supremo.
El tribunal de instancia argumentó que la actuación de la compañía rebasaba las facultades que el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores otorga al empresario y sostuvo que no resultaba «proporcional ni idónea ni necesaria»al tiempo que suponía una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad». Por ello, declaraba la nulidad de la actuación de la compañía, ordenaba su cese inmediato y condenaba a la firma a indemnizar a la mujer.
Por su parte, MediaMarkt recurrió ante el TSJPV y alegó, entre otros motivos, que la medida no comportaba ningún tipo de control ni registro sobre la persona trabajadora; sino que se trataba simplemente de una mera «supervisión» en la que el empleado exhibía sus pertenencias a un vigilante de seguridad, sin cacheo.
Asimismo, la compañía defendió que la medida tiene un «fin legítimo»: evitar tentaciones sobre las personas trabajadoras de hurtar algún bien propiedad de la compañía. Además, afirmó que se trata de un procedimiento habitual en todas las tiendas a nivel nacional que cuenta con el respaldo de los representantes legales de los trabajadores.
Ni idoneidad ni necesidad ni proporcionalidad
Sin embargo, el TSJPV considera, como el tribunal de instancia, que las circunstancias concretas acreditadas en este caso implican una actuación empresarial que «desborda las facultades de registro del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores».
El tribunal confirma también que el registro diario del bolso de la empleada no supera la triple prueba de control de «idoneidad, necesidad y proporcionalidad» en los términos que exige la doctrina del Constitucional porque «no consta en modo alguno el carácter necesario de la medida». «No se ha declarado la existencia de sospecha alguna sobre esta trabajadora ni se ha probado que se hayan producido heridos o desapariciones de objetos propiedad de la empresa o de otros compañeros», defiende.
El TSJPV indica que tampoco se ha superado el test de proporcionalidadporque la empresa no se limita a examinar el contenido del bolso en el registro, sino que exige a la empleada que muestre el número IMEI de su móvil. Este es un dato de carácter reservado para cuya obtención la compañía no ha recabado consentimiento, lo que constituye «una vulneración del derecho a la intimidad de la trabajadora».
Además, la Sala precisa que existe. otras medidas menos limitativas del derecho a la intimidad de la trabajadora, como la detección de metales y las señales acústicas, y que no consta que en este caso se hayan puesto en marcha con carácter previo al registro del bolso.
