En México, la informalidad ya alcanza el 55.7% de la fuerza laboral. Sierra menciona que en el país existen 5.5 millones de Mipymes, pero solo 1.9 millones operan en la formalidad, una proporción que impide absorber nuevas obligaciones. El resto permanece atrapado en un ecosistema de costos elevados, trámites complejos y ausencia de apoyos efectivos.
El dirigente insiste en que las reformas laborales deben acompañarse de incentivos. La reducción de la jornada de 48 a 40 horas, propuesta para iniciar en 2027 y con una transición gradual, dará a las Mipymes un año de adaptación. Aun así, advierte que la flexibilidad prevista en la Ley Federal del Trabajo será determinante para evitar afectaciones profundas.
Sierra señala que el verdadero riesgo surge cuando reformas y costos adicionales se imponen sin una estrategia clara y sin medidas que fortalezcan a las empresas pequeñas, que viven al día.
El entorno económico añade presión. Sierra refirió que las proyecciones actuales ubican el crecimiento entre 0,3 y 0,4%, un margen mínimo para absorber nuevos costos laborales.
“Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 59,000 trabajadores asegurados ante el IMSS, lo que equivale a un promedio mensual de alrededor de 54,500 empleos formales, una cifra que ya incluye el trabajo generado por plataformas digitales”, dijo.
“En el mismo periodo de 2024, sin considerar plataformas, el promedio mensual fue de 56.000 empleos”, añadió. Para el dirigente, el mensaje es claro: sin desarrollo económico no hay generación de empleo formal suficiente para atender las necesidades del país.
A este escenario se suma el impacto de los nuevos aranceles. El gobierno incrementó los impuestos a unas 1,400 fracciones arancelarias, una medida que la Coparmex advierte que puede elevar los costos de insumos, presionar la inflación y encarecer la producción nacional. Sierra detalla que incluso sectores esenciales, como pañales y productos de higiene, resentirán el ajuste, sobre todo si se grava el insumo y no el producto terminado.
Para las Mipymes, que operan con márgenes mínimos, esta combinación de factores puede definir el cierre del negocio o su salida del sistema formal. Sierra insiste en que sin deducibilidad plena de prestaciones laborales, sin actualización del impuesto sobre la renta para salarios y sin apoyos reales para la productividad, las empresas quedan sin amortiguadores.
La informalidad reduce el acceso a la seguridad social, limita la movilidad laboral y debilita la capacidad de innovación. En una economía donde más del 90% de la inversión proviene del sector privado, cualquier golpe a la formalidad impacta en el empleo formal.
