Todo parece indicar que los impreparados funcionarios de Petróleos Mexicanos olvidaron que era importante preservar la condición estrictamente comercial de la entidad petrolera. Las recientes declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, refiriéndose a su actividad como una acción soberana, ponen sobre la mesa el debate en cuanto a si sólo la deuda financiera de la arruinada petrolera es deuda nacional, o, si también, debe sumarse la de los proveedores y contratistas, ya que ésta, estrictamente, conforme a ley, comparte igual naturaleza.
Esto es uno de los aspectos poco analizados de la reforma aprobada en tiempos de Peña Nieto, es un dispositivo expreso que señala que el Gobierno Federal no respalda; esto es, no garantiza, la deuda del esperpento burocrático, el cual, sin razón alguna, aún conserva el beneficio de ser, “legalmente” considerado de acreditada solvencia en tribunales. A contrapelo del interés nacional, y de la letra y espíritu de la ley, se ha venido rescatando a la entidad pública, lo que ha hecho crecer desmesuradamente el déficit público. Se atropella la ley, creando una garantía ficticia que en cualquier momento puede ser desconocida. Los grandes jugadores lo saben. Una vez más, nuestros funcionarios rústicos siguen pensando que la ley mexicana rige y cubre lo que pasa más allá del Río Bravo, y siguen esperando que el escondrijo legal que proporciona la ley a Pemex cumplirá el objetivo de mantenerle indefinidamente en mora. Se abuso de esa ley, la cual, inexplicablemente, dejó de ser “orgánica”, para ser una desordenada mezcla de reglas de orden público, con otras que corresponden a una primitiva sociedad mercantil. El bodrio, aprobado hace más de una década, lejos de poner orden, sólo ahondó el problema. Bajo las leyes de los Estados Unidos de América, el ojiabierto Director General de Pemex; el de Finanzas, y el pleno de su Consejo de Administración, hace tiempo debieron haber puesto a la estructura con la que operan en el exterior bajo el temido capítulo 11, de esa ley que, les guste o no, rige sus colocaciones. Debieron, y deben, anunciar al mercado que no cuenta con la capacidad de pago para atender sus muy fuertes compromisos, y que, el espejismo de disminución de la deuda que tanto se ha propalado, sólo lo acredita que el rescate billonario no proviene de su actividad comercial, sino de un rescate o subsidio oficial, y que legalmente no existe la supuesta garantía. Saben que han incurrido en responsabilidad ante las cortes estadounidenses, y aún así, siguen agravando el asunto. Así es, el presupuesto federal que ha fondeado, hasta ahora, el quebranto, tiene uno de los mayores déficits en su historia, por lo que, si bien es cierto, el sector público cuenta con la capacidad ilimitada de imponer tributos, resulta más que difícil considerar que en el corto plazo pueda simultáneamente pagar los programas de asistencialismo decretados por el tabasqueño, al tiempo de seguir dilapidando más recursos en ese turbio negocio que no acaba de dar negras sorpresas. Al parecer, se olvida que Luis Videgaray incumplió uno de los principales compromisos que ayudó al impulsar la reforma del sector energía, ya que no hizo nada por reestructurar o poner en regla los impagables compromisos de orden laboral en la petrolera, los cuales se siguen pagando religiosamente, aunque superan, por mucho, las limitaciones que constitucional, y legalmente, han puesto a las remuneraciones oficiales. Sabe que, aunque se trata de pensiones o jubilaciones, siguen siendo estipendios burocráticos, y, por tanto, susceptibles del cacareado ajuste a la baja. El contrato colectivo de Pemex es sencillamente impagable, objeto de una revisión necesaria y urgente, para dar oxígeno a las finanzas públicas, pero se les fue el tiempo.
Así es, los intocables recursos del FICOLAVI y del FOLAPE se esfumaron en peripecias, ocurrencias, y hasta en atracos promovidos desde la alta administración de la petrolera, hoy, no son sino papeles que no respaldan actuarialmente ni los años que le quedan a esta gestión. La base trabajadora ha decidido jugársela a parar la operación, como medio de presión, sin advertir que el paro llegará cuando los insumos, refacciones, equipos y servicios, que aún se siguen recibiendo sin pagar, dejen de hacerlo, al quebrar, cansarse o hartarse los proveedores y contratistas que siguen subsidiando el ya terminado sueño burocrático, convertido en pesadilla. Con su inacción, los administradores sólo han logrado poner la suerte de la empresa en manos de los tribunales del exterior. Lo que pasará, o no, con Pemex, hace rato escapó de las garras de San Lázaro y de lo que puede decidir la tremenda corte, ya que, el parapeto que truculentamente (y quien sabe un cambio de qué), traficara la entidad pública al construir el criterio deleznable Laynez-Pérez de nada les servirá en Nueva York. La ley que rige el financiamiento oficial federal es clara, pero ahora, será interpretada por Cortes imparciales, esas que, sin presumir de un vano y falso progresismo, si imparten justicia. Siendo así, el resultado es evidente y claro, el aumento de la deuda será brutal. En 1979, tras el que en su tiempo fuera el más grande y grave derrame petrolero de la historia, se cimentó un importante criterio que deslindaba al Estado Mexicano de las responsabilidades en que incurriera la agencia gubernamental encargada de la explotación petrolera, pero hoy, se ha hecho todo lo posible para que, la irresponsable gestión de esa empresa, arrastre a las públicas, como ya lo ha hecho con la deuda recientemente colocada, en la que, lejos de subir la calificación de Pemex, como ilusamente se presumió, se degradó la del Gobierno Federal, al ser éste el garante, último pagador del “novedoso esquema”. Siendo así, es claro que los “descuentos de facturas” a carga de Pemex, pronto generarán un mercado secundario, en el que las empresas del exterior obtendrán grandes ganancias, si logran estructurar mecanismos que cuenten con una clara ventaja, esto es, si pueden hacer efectivas las muy abultadas facturas en el extranjero, contando con jueces que lean la ley como está escrita, y no como les ordenan leerlas. Ese rally ya comenzó y las deudas están cambiando de manos.
Las facturas de Pemex se volvieron un gran negocio cuando Suárez Coppel encontró como hacerlas valer a través de una grotesca simulación armada con sus parientes, pero ahora, el mercado de facturas de Pemex tendrá un insospecchado derrotero, sí, abandonando el oficialmente tolerado tráfico de influencias que, hoy por hoy, es el que pone tiempos y fechas en el pago a proveedores y contratistas, dado que los encargados de perseguir la corrupción no hicieron nada al respecto. El atraco, vía “negociaciones de pago”, sigue y crece, en agravio del erario nacional, al tiempo de que la honestidad valiente es ya un chiste que se cuenta solo. Ya no vendrán las oscuras golondrinas, sino los otros cuervos, y no los de negro plumaje, sino las empresas extranjeras, o aquellas con sustancial inversión del exterior, que expondrán el vulgar mecanismo extorsivo del que son cotidianamente víctimas, sí, aquellas, como la de Jalisco, esa, que extenuada del abuso, dijo ¡ya basta! _____ Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
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