Fedea vuelve a poner negro sobre blanco las cuentas de la Seguridad Social. Su análisis llega a la conclusión de que sin la ayuda del Estado para pagar las pensiones el déficit básico del sistema se sitúa en 69.800 millones de euros y … que, a pesar de la reactivación del Fondo de Reserva con las nuevas cotizaciones del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)la deuda neta del sistema crece a un ritmo del entorno de los 6.000 millones de euros anuales. Cifras que dejan un panorama inquietante para el organismo público, en el que ya han aterrizado, aún de una forma muy suave, los boomers, una generación de 14 millones de personas con largas carreras de cotización y con derecho a pensiones elevadas.
126.000
millones es la deuda total que tiene el organismo que dirige Elma Saiz
Las pensiones no podrían pagarse hoy sin la ayuda de los impuestos y de la deuda pública, que en el caso de la Seguridad Social supera los 126.000 millones de euros. El desfase entre ingresos y gastos del sistema crece irremediablemente, como también lo hace su endeudamiento. En los últimos años el crecimiento de los ingresos ha sido histórico por factores como la creación de empleo y la subida de los sueldos, pero también por la espiral de aumentos de cotizaciones sociales e impuestos, una vía a la que abrió las puertas de par en par la reforma de pensiones del ministro José Luis Escrivá y se ha instalado en la economía española.
El trabajo de investigacion que firma Ángel de la Fuenteexponen que hasta 2011 los ingresos de la Seguridad Social antes de transferencias del Estado permitían cubrir sus gastos contributivos, pero que desde 2012, coincidiendo con la Gran Recesión, ha sido necesario inyectar al organismo que paga las pensiones un «volumen creciente» de recursos procedentes de impuestos generales para complementar la financiación de las prestaciones contributivas, lo que ha exigido un fuerte aumento de las transferencias del Estado, cuyo volumen se acerca en la actualidad a los cuatro puntos de PIB, cerca de 50.000 millones.
Fuerte tirón del ingreso mínimo
El servicio de estudios utiliza la última actualización de las series de cuentas consolidadas de la Seguridad Social Ampliada (SSA) para incorporar la liquidación de los Presupuestos de la Seguridad Social de 2024, así como un primer avance de los resultados de 2025 basado en datos de ejecución presupuestaria hasta el pasado mes de noviembre. Sobre el primer ejercicio, el de 2024, se asegura que los ingresos del sistema aumentaron «un más que respetable» 7,8%, gracias principalmente al fuerte crecimiento de las transferencias corrientes del Estado, que crecieron un 10,1%.
8.441
millones es el déficit real del sistema, la diferencia entre ingresos y gastos
Los gastos, sin embargo, crecieron a un ritmo ligeramente superior a los ingresos como resultado de un crecimiento de todas las partidas de pensiones superior al 7% y del fuerte impulso del ingreso mínimo vital (IMV) y las prestaciones familiares (12,6%) y por incapacidad temporal (13,4%). El análisis explica que en el saldo básico del sistema (antes de transferencias), su déficit aumentó en más de 6.000 millones en un año, hasta superar los 67.800 millones o el 4,25% del PIB en ese ejercicio en comparación con el anterior.
Pero ese déficit sin ayuda del Estado siguió creciendo en 2025, año en el que los ingresos aumentaron un 7,2%, hasta los 249.504 millones, y los gastos, algo menos, un 6,7% respecto al ejercicio anterior, 257.945 millones, lo que supuso un sado negativo de 8.441 millones. Sin embargo, el déficit básico continuó su escalada, hasta situarse en cotas superiores a los 69.800 millones de euros. Mantener la política de apoyo con impuestos a las pensiones se ha convertido en la garantía de que el Estado respalda el sistema público y de que este es viable pese a sus números rojos que arrastra. Ese recurso para tapar los agujeros permite que las pensiones registren superávit año tras año, aunque ficticio.
La presion de las bajas
El gasto en pensiones sigue marcando el presupuesto público, pero la partida que sigue subiendo mes a mes y año a año es la destinada a pagar bajas laborales, la denominación incapacidad temporal, una prestación que se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Administración y en una presión añadida para las empresas. Si en 2024 la partida creció un 13,4%, en 2025 los gastos por esta prestación siguen creciendo a dos dígitos.
223%
Es el crecimiento del coste en bajas laborales desde 2015, año en el que comenzó su escalada
El último informe del Foro Regulación Inteligente publicado por ABC aseguraba que las ausencias al trabajo se han disparado un 53% desde 2019 y su importación para la economía asciende a 129.000 millones, el 8,1% del PIB. Y los empresarios ya han avisado de que 2025 acabó con más de 9,2 millones de bajas, que supondrían un 6% más que un año antes y un 135% más que en una década. Según estos cálculos, adelantados por este medio, el coste de estos procesos habría sido de 32.800 millones, lo que supone un incremento del 223,26% más que en 2015, año en el que las ausencias al trabajo por enfermedad comenzaron su ascenso meteórico tras superar España la crisis de 2008. De la cantidad total de desembolsos previstos para final de este 2025, 16.011 millones estarían a carga de las arcas públicas y otros 16.788 millones de las empresas.
El impacto de las bajas en las cuentas públicas es evidente, pero no es menor en las empresas, teniendo en cuenta que en los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo corre a cargo del empresario. A partir del decimosexto día de baja la responsabilidad del abono recae en la Seguridad Social o mutua en su caso, aunque el pago lo siga materializando el empresario. Es decir, el empresario abona como si fuera una nómina y luego el sistema público o la mutua le paga al empresario. De esta forma, el trabajador recibe este ingreso como si fuera una nómina, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social.
