el Banco Central inició una investigación interna tras la difusión de audios incorporados a una causa judicial que tiene bajo la lupa a la AFA y posibles maniobras irregulares vinculadas al dólar oficial. El objetivo del organismo es establecer si cinco funcionarios del propio Banco Central tuvieron algún grado de participación en esos hechos y si su conducta se ajustó a las normas éticas y legales vigentes. El expediente judicial está en manos del juez federal Sebastián Casanello.
La situación tomó mayor relevancia pública luego de que se conociera un fragmento de una conversación atribuida a una empleada del BCRA. “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?“, se escucha decir en el audio dirigido a Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio. A partir de ese material, el organismo activó sus mecanismos internos para evaluar responsabilidades administrativas, en paralelo al avance de la causa penal.
El alcance de la investigación interna del BCRA
Según explicó oficialmente el Banco Central, el procedimiento interno no busca reemplazar la investigación judicial, sino determinar si los empleados involucrados incurrieron en incumplimientos al Código de Ética del BCRA oa la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Desde la entidad remarcaron que no tienen facultades para juzgar penalmente a su personal, pero sí para evaluar su conducta funcional.
“Por un lado hay una causa penal. El BCRA no tiene la potestad de juzgar a sus empleados, lo que sí existe es un código de ética y la Ley de Ética Pública. Entonces, esta es una instancia que tiene el banco cuando hay una evidencia de que algún empleado puede haber incumplido en sus funciones”, señalan fuentes oficiales. En ese marco, el proceso puede derivar en sanciones administrativas que van desde una suspensión hasta un despido, aunque aclararon que el incumplimiento “tiene que estar muy probado“.
Por el momento, el principal elemento con el que cuenta el Banco Central son los audios que circularon públicamente y que se atribuyen a una de las funcionarias. Sin embargo, desde la entidad insisten en que aún no está claro el alcance concreto de lo que investiga la Justicia. La etapa actual consiste en la recolección de pruebas, la toma de testimonios y su posterior evaluación, un procedimiento que, según admitido, “no es habitual”.
En el marco de esta causa, el 29 de diciembre se realizaron todos los anaamientos en los domicilios de los cinco empleados del Banco Central bajo sospecha. Además, la Justicia solicitó una orden de presentación al organismo. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2023, período en el que se habrían llevado adelante las maniobras ahora bajo análisis.
Desde el BCRA indicaron que la causa judicial se sustenta, entre otros elementos, en sumarios instruidos por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias durante la gestión de las autoridades que asumieron en diciembre de 2023. También confirmaron que el procedimiento interno alcanza a los cinco funcionarios involucrados, quienes continúan desempeñando sus funciones. “Hay una instancia de juntar evidencia. En la medida en que se vaya robusteciendo, se tomarán las decisiones”, enfatizaron.
Los audios, la causa judicial y las medidas adoptadas.
El origen del audio que desató la polémica se remonta al aporte realizado por un arrepentido en una causa vinculada a la compra irregular de dólares durante la gestión de Alberto Fernández. Se trata del exinspector de la Policía Federal Sebastián “El Lobo” Smith, quien entregó el material a la Justicia.
A fines del año pasado, se llevaron adelante operativos en el Banco Central en busca de presuntos vínculos entre directores del organismo y un financiero. La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal federal Franco Picardi. La maniobra bajo sospecha es conocida como “rulo” financieroun mecanismo por el cual se compran dolares para luego venderlos a un valor significativamente superior. Las presuntas operaciones irregulares habrían tenido lugar entre 2022 y 2023.
En paralelo, el Banco Central solicitó en dos oportunidades acceder al expediente que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. El primer pedido se realizó el 27 de noviembre de 2025 y el segundo durante la feria judicial, el 2 de enero de 2026, tras los allanamientos. Hasta el momento, el organismo no obtuvo respuesta. Ante esa situación, aseguró que no cuenta con precisiones sobre los hechos concretos investigados ni sobre la existencia de pruebas que puedan derivar en imputaciones.
Durante los allanamientos, el juzgado ordenó bloquear el acceso de los empleados involucrados a los sistemas internos del Banco Central mediante la suspensión de sus claves personales. Esa medida fue revertida por la Justicia en los primeros días de enero. El BCRA afirmó que cumplió con todos los requerimientos judiciales y ratificó su decisión de continuar colaborando con la investigación.
Además, el organismo sostuvo que la causa penal es una derivación de informes que el propio Banco Central elevó a la Unidad de Información Financiera (UIF) por presuntas irregularidades cambiarias y posibles ilícitos vinculados al lavado de dinero durante 2022 y 2023. Por último, informó que también solicitó acceso, el 23 de diciembre, a otra causa penal en trámite en el juzgado de la jueza María Servini, aunque hasta ahora tampoco pudo tomar vista de ese expediente.
