Y el Gobierno se salió con la suya. Su maniobra de armar un real decreto ley con un puñado de medidas de diversa índole y alcance que ningún partido del bloque de investidura pudiera objetar, y que contara igualmente con el apoyo de Junts, … por ser reivindicaciones que la formación planteara en su día, ha obtenido este jueves el respaldo mayoritario del Congreso, pese a los votos en contra de PP y Vox por su oposición frontal al traspaso a la Generalitat de las competencias integrales sobre la selección, formación y nombramiento de interventores, secretarios y tesoreros municipales.
El aval mayoritario del Congreso ha puesto fin al estado de incertidumbre en que vivían cientos de millas de empresas y autónomos, que hace apenas unos días estaban convencidas de que a partir del 1 de enero tendrían que conectar sus sistemas de facturación de forma directa o indirecta a la Agencia Tributaria, que después recibió la promesa del presidente del Gobierno de que este esquema no se activaría hasta 2027 pero que hasta este jueves han tenido que vivir con la duda de si esa promesa terminaría o no por cumplirse por la decisión del Gobierno de incluir la medida en un real decreto ley cuando lo podría haber hecho directamente por real decreto y sin necesidad de aval parlamentario.
El sí del Parlamento a su tramitación como proyecto de ley les asegura que no tendrán que adoptar un sistema de facturación electrónica adaptado a los parámetros impuestos por Hacienda hasta el año que viene. También confirma la condena a las empresas y profesionales que ya han realizado las inversiones necesarias para hacerlo y que ahora se encuentran con que esa obligación no entrará en vigor para todos sus competidores hasta el año que viene.
Leña al gasto de ayuntamientos y autonomías
En la misma tacada ha pasado el corte del Parlamento el retoque legal introducido por el Gobierno, de acuerdo también con Junts, para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas podrán utilizar los superávits alcanzados en 2024 para realizar lo que se denominan inversiones socialmente responsables y, singularmente, financiar sus programas de vivienda, según la recomendación deslizada por el Gobierno. Según ha precisado este jueves el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al que el Gobierno ha encomendado la defensa del real decreto ley, la medida tiene el potencial de desembalsar cerca de 10.000 millones de euros para inversiones, 7.000 millones del superávit municipal de 2024 y algo más de 2.000 millones del excedente que registraron una decena de comunidades autónomas en ese ejercicio.
Como ya matizaron fuentes del mundo municipal la realidad será mucho menos generosa, ya que dado el momento en el que se ha aprobado la medida, con el año 2025 ya tocando a su fin, muchas administraciones locales y presumiblemente autonómicas. habrán dado uso a ese superávit para amortizar deuda o para otro tipo de cuestiones. Habrá que ver cuántos recursos se pueden movilizar con esta medida.
El real decreto ley ha servido para aprobar el traspaso a Cataluña de las competencias de selección, formación y nombramiento de los interventores, secretarios y tesoreros municipales, una medida muy controvertida, que ya ha generado un bloqueo judicial en el País Vasco y que es muy contestada por el colectivo que la considera inconstitucional.
