El Pleno del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha aprobado el dictamen sobre el Anteproyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos, pero advierte de aumentos “excesivos” de algunas tasas que deben justificarse mejor. Asimismo pide que la norma se ciña a aspectos derivados de las cuentas y no incorpore reformas “de gran alcance” ajenas a los presupuestos, como es el caso del urbanismo.
El órgano consultivo, que ha valorado el “alto grado de consenso” entre los agentes sociales y económicos, considera que el texto actual incluye cambios legislativos en materias como el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), urbanismo u organización del sector público que deben tramitar por otras vías para garantizar un debate parlamentario “con mayores garantías”.
En el dictamen, solicitado por la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, el Ctesc también lamenta que se haya utilizado el procedimiento de urgencia y recomienda que en próximos ejercicios se tramite de forma ordinaria para disponer del “tiempo adecuado” para analizar una norma de tal complejidad.
En el apartado fiscal, analiza la reorganización y creación de nuevas tasas y advierte de que, en algunos casos, los incrementos previstos son demasiado altos. Por ello, pide revisar o modular estas subidas al considerar que no siempre presentan una justificación suficiente.
Por otro lado, insta al Govern a acelerar la simplificación administrativa, especialmente para autónomos, micro y pequeñas empresas y entidades sociales pequeñas.
Entre sus propuestas destacan la creación de un modelo único de solicitud para trámites comunes, la declaración responsable como mecanismo de verificación previa suficiente y que las entidades pequeñas puedan justificar subvenciones, autorizaciones, registros o declaraciones asociadas mediante módulos o costes estándar para reducir la carga documental.
El Ctesc ve “imprescindible” que la ley refuerce la perspectiva social y la inclusión, garantizando la accesibilidad universal en todos los trámites y plataformas digitales para evitar discriminaciones por discapacidad, edad o condición socioeconómica.
En este sentido, ha reclamado que se lleven a cabo “las adaptaciones razonables necesarias y asegurando que ningún requisito administrativo o procesal suponga una barrera innecesaria”.
