El trágico accidente ferroviario de Adamuz y el enésimo episodio de caos en la red de Rodalies barcelonesa suponen una nueva oportunidad para aquellos que pretenden poner en cuestión la funcionalidad del Estado del bienestar y con ella el conjunto de la política fiscal. Un pilar básico de este, las infraestructuras de transporte, desde los ferrocarriles a las autopistas, parece haber entrado en barrena. La realidad de un Estado que no ha estado a la altura de las circunstancias no se puede ocultar. En el caso de Rodalies, se trata de un ejemplo de décadas de desidia de la administración. Todo está servido para transmitir, más o menos explícitamente, según la tendencia política, la idea de que el Estado camina hacia la bancarrota.
Cabalga sobre un rosario de malestares sociales de estructura compleja, cuyos tambores de guerra suenan desde hace ya tiempo y que ahora está coagulando. El cansancio fiscal de algunas clases medias por la política fiscal, las subidas de impuestos, que no comprenden, pues cada vez más recurren a servicios privados: no utilizan el transporte público, pagan mutuas y evitan los centros de la red de Sanidad, llevan a sus hijos a centros privados o concertados, incluso universitarios. Y se buscan la vida para acceder a su vivienda y luego a la de sus hijos. Un reciente síntoma adicional de todo eso es la protesta indefinida convocada por los sindicatos de los médicos contra la propuesta de Mónica García, la ministra de Sanidad, y que reclaman un estatuto marco propio y exclusivo para ellos. Todos queremos una solución particular.
Pero también procede de la crispación de amplias franjas de trabajadores que padecen la degradación del funcionamiento de los servicios básicos; el del transporte público ahora de plena actualidad, pero dese hace tiempo ya la atención sanitaria o la educación, sea este la básica, la formación profesional o incluso la universitaria. En el caso de la movilidad, es además un nuevo motor del descontento territorial, pues por su propia naturaleza se padece en lugares concretos. Con el siniestro de Adamuz, a Catalunya se van a sumar otros territorios que se sentirán agravados por una política de inversiones cuando menos difícil de explicar. La carrera para ver dónde se invierte menos ya está en marcha. Catalunya puede ser de nueva la diana de ese malestar, aunque como todo el mundo sabe, una Comunidad concentra la parte del león de esa inversión, Madrid.
A todo lo anterior se suman las dificultades económicas, especialmente, pero no solo, entre los jóvenes, derivadas de la combinación de bajos salarios con los disparatados precios de la vivienda. A la presión sobre el Estado para que proteja a los sectores más golpeados por una economía globalizada que cada vez deja más personas fuera de su zona de seguridad, se han sumado sus propias disfuncionalidades (que ni en España ni en Europa se han encarado para encontrar una solución) y la acción constante de las fuerzas económicas que trabajan para debilitarlo y ampliar su zona de interés.
El canciller Merz se suma a la ola que condiciona el resurgimiento de Europa a la reducción del Estado
Finalmente, hay que incluir en la lista a las fuerzas políticas que intentan aprovechar todo ello para alimentar su rechazo radical al gobierno de Pedro Sánchez, la derecha y la extrema derecha, que echa mano de cualquier oportunidad. Isabel Díaz Ayuso, pese a que su historial de gestión sea un catálogo del maltrato de los servicios sociales básicos, es el caso extremo. Y cuenta con altavoces mediáticos que ella misma financiera.
Este cóctel es el que alimenta las subidas electorales de los ultras y el escepticismo hacia las propuestas políticas que defienden los esfuerzos económicos para sostener el Estado del bienestar.
Probablemente el único pilar que se mantiene en España con cierta firmeza es el de las pensiones, especialmente las contributivas. Por eso es uno de los más vilipendiados por una cohorte que reúne a envidiosos y desinformados con intereses financieros y economistas atrapados en sus modelos. El discurso viene a sostener que pese a la insoportable presión fiscal, el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, estos días en el transporte ferroviario, hasta ahora en la vivienda o la educación, porque todo el dinero se va a pagar las pensiones, demasiado generosas.
El dardo que resume los ataques es que el Estado destina uno de cada tres euros que pasa por sus manos al pago de las pensiones. Un argumento contablemente cierto, pero económicamente falaz. Pues aunque en verdad que las pensiones se consideran gasto público porque las contribuciones a la Seguridad Social de empresas y trabajadores se derivan de la obligación impuesta por el Estado y este es el último garante de que se pagarán, no se trata de impuestos. Son cotizaciones con un único destino. Cierto es que en las condiciones actuales, el abultado déficit del sistema se cubre con impuestos, pero es tan solo una parte y debe revertirse. También pagan los impuestos servicios que solo algunos utilizan.
El malestar abarca clases medias que pagan servicios privados y trabajadores que sufren los públicos
Es un debate que lejos de apaciguarse será cada vez más intenso. El reciente discurso del canciller alemán Friedrich Merz en Davos da ya unas pistas de por donde van a ir los vientos en la Europa de Donald Trump. Un resumen acelerado: el resurgimiento de Europa, si tal cosa es posible, pasa por aplicar las políticas del amigo norteamericano. Entre las víctimas, las políticas de competencia, las pensiones y las prestaciones del Estado del bienestar. El giro trumpista llega a Europa sin necesidad de esperar a que los ultras tomen el poder. Malos tiempos para el estado del bienestar.
