El estatuto del becario, la norma que debe regular la relación entre los estudiantes en prácticas y las empresas, ya va camino del Congreso de los Diputados. Esta mañana lo ha aprobado en segunda lectura el Consejo de Ministros. Una aprobación que se ha hecho esperar. Han transcurrido más de dos años desde el pacto que se estableció entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque con la patronal en contra. La CEOE se oponía entonces, y lo sigue haciendo ahora, tal como ha recordado hoy su presidente.
De esta manera, la ley inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde lo tiene difícil, porque por el momento no cuenta con apoyos asegurados.
“Es la reforma laboral para la gente joven”, dice Yolanda Díaz
Supone “la reforma laboral para la gente joven”, ha dicho la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Es un intento de Díaz de conseguir aprobar temas pendientes de su ministerio. Uno es este, recuperado ahora, y otro, que debería estar próximo de aplicar, es el registro horario. Pero todavía no tiene fecha de aprobación.
En todo caso, Díaz es consciente de la dificultad de conseguir el apoyo del Congreso de Diputados para el estatuto del becario, por lo que esta mañana ha apelado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para ver qué cargo tomará. “Queremos ver si el señor Feijóo está de lado de la juventud del país o les va a golpear en la cara”, ha declarado.
A Díaz, “le interesa más el anuncio que realmente esto funciona”, réplica Garamendi
La norma establece dos grandes novedades, limita el número de prácticas extracurriculares, que es donde se pueden producir más abusos, y se establece la obligación de una compensación de gastos para el becario. Un becario que tiene que ser una persona en formación, es decir, que no sustituye el trabajo de un empleado de la empresa. Todo ello con sanciones que pueden llegar, en los casos más graves, a los 225.000 euros.
Entrando en el detalle, la ley regula las prácticas extracurriculares pero establece un límite. No pueden superar el 15% de las horas en que se concretan los créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Crédito) de la titulación, y en todo caso, el máximo es de 480 horas. Es la mitad de lo permitido actualmente. Una medida que evitar que las prácticas se conviertan en una relación laboral encubierta buscar, según el Ministerio de Trabajo.
La segunda gran novedad es la obligación de compensar los gastos, tanto los que se refieren a desplazamiento como a manutención o alojamiento.
Se establecen también otras normas, como un programa de formación y un tutor que se encarga del seguimiento de los becarios de la empresa, así como un máximo de becarios, que no puede superar el 20% de la plantilla.
Y para asegurar el cumplimiento, la ley prevé sanciones que en el caso de las muy graves, van desde los 7.500 euros hasta los 225.000 euros. Las infracciones muy graves son las referentes a discriminación por edad, discapacidad, sexo, raza o étnica entre otras.
Una ley que cuenta con la oposición de la patronal. Hoy mismo la ha reiterado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha acusado a Yolanda Díaz de interersarse más por el anuncio de este estatuto que de que sea útil. “Le interesa más el anuncio que realmente esto funciona”, ha dicho Garamendi, que ha insistido en su acusación al Ministerio de Trabajo de practicar “el monólogo social”, de no querer consensuar los temas con la patronal.
Lo cierto es que en esta legislatura, los desencuentros entre Trabajo y CEOE son constantes, y además, acompañados de descalificaciones públicas entre Díaz y Garamendi.
