El Gobierno agregó ayer un elemento más a su atolondarada búsqueda de soluciones para el acuciante problema del acceso a la vivienda. Si hace apenas unas semanas acordaba con Junts mejorar el incentivo fiscal a los propietarios que se avinieran a no elevar la … renta a sus inquilinos, comprometiéndose a incrementar hasta el 100% la reducción sobre las rentas derivadas del alquiler de vivienda en el IRPF -dinamitando de paso el esquema fiscal instaurado por el propio Gobierno a partir de 2024-, ayer se descolgó con un movimiento radicalmente diferente, que pretende recortar por debajo del 50% la reducción general por rentas de alquiler en el IRPF a aquellos caseros que once la mensualidad a sus inquilinos a modo de penalización.
El giro se produce después de las críticas recibidas desde sus socios de gobierno de Sumar y desde el arco izquierdo del Parlamento por la concesión a Junts, que no solo supone una medida de apoyo a los caseros sino que desactiva el esquema de incentivos a bajar el precio de alquiler que había acordado en su día el Gobierno y las fuerzas de la izquierda parlamentaria.
El planteamiento ideado por los ministerios de hacienda y viviendaque ahora el Gobierno negocia con los grupos parlamentarios, establece una especie de esquema bonus-malus en el IRPF para los propietarios con viviendas en alquiler. Se parte de una reducción general del 50% sobre las rentas procedentes de arrendamientos inmobiliarios, que podría llegar hasta el 100% para los que decidan no subir la renta a sus inquilinos, según lo acordado con Junts; pero que sería incluso inferior a ese 50% en el caso de que optaran por elevarles la mensualidad.
La medida tiene una contraindicación relevante, según apuntan desde el Registro de Asesores Fiscales (Reaf)y es que su perímetro de acción se limitará a los pequeños propietarios. «Los grandes tenedores gestionan sus alquileres a través de sociedades y están sujetos a esa reducción en el IRPF, así que la penalización alcanzará básicamente a los pequeños propietarios, a los que pueden tener una, dos o como mucho tres viviendas en alquiler», explica Rubén Gimenodirector del Departamento de Estudios del Reaf.
Bonificación actual
Los propietarios tienen actualmente una reducción general del 50% en el IRPF por alquiler de vivienda.
Hablamos de un segmento en el que no es infrecuente que los propietarios utilicen la renta del alquiler para financiar en todo o en parte la hipoteca de su nueva vivienda y en el que los rendimientos son limitados.
Desde el Registro de Asesores Fiscales No esperes que la medida provoque grandes movimientos en el mercado. Subrayan que en la mayoría de los casos las diferencias que marcan estos incentivos o penalizaciones fiscales en la factura final del IRPF se cuentan por un puñado de decenas de euros y que en esas condiciones rara vez los caseros cambian sus planos respecto a la mensualidad que cobran a sus inquilinos. Una estimación efectuada por el REAF sobre el potencial impacto de la reducción del 100% en el IRPF por no subir el alquiler revelaba que la maniobra solo era rentable fiscalmente para alquileres por encima de los 1.300 euros y que la ventaja obtenida solo resultaba especialmente significativa en alquileres mensuales por encima de los 2.000 euros, donde no parece que se concentran ni los problemas de acceso a la vivienda ni las dificultades para atender las subidas del alquiler. En otras palabras, que se trata de una medida prácticamente inocua a efectos prácticos para resolver el problema.
Por el momento, la medida parece ser otra nueva sonda globo del Gobierno visto que todavía no hay ninguna concreción. De hecho, fuentes del Ministerio de Vivienda reconocen que la propuesta ya se estudia, pero «no hay nada cerrado», aunque sí confirman que «en ningún caso» la penalización del IRPF llegará al 0% porque dicen que se buscará mantener «un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo (contratos de cinco años) respecto al turístico y el de temporada».
Sumar rechaza la medida de su socio en el Gobierno e insiste en la prórroga obligatoria de los contratos como medida para que no suban los precios del alquiler.
Con todo, la iniciativa del Gobierno tiene el objetivo de tratar de convencer a sus socios para sacar adelante la asignación fiscal del 100% en la propuesta del IRPF en un primer momento ya la que Sumar, ERC o Podemos dieron portazo alegando de que se trata de un privilegio fiscal para los propietarios. Por el momento, la formación de Yolanda Diaz no cambia de postura y volvió a rechazar ayer la medida, asegurando que su efecto sería «cosmético» para el mercado del alquiler y defendiendo que su propuesta de prórroga automática de los alquileres «es la única sobre la mesa con un impacto real».
El sector residencial carga contra la medida
A pesar de las matizaciones que se puedan ejecutar, el simple anuncio de la medida hace dudar de su éxito al sector residencial, que más bien apunta a lo contrario y prevé una salida masiva de oferta si el castigo fiscal venta adelante. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI)), José María Alfaroafirma que la introducción de «medidas fiscales penalizadoras» provocará un efecto «inmediato» de pérdida de propietarios que pongan su piso en el mercado del alquiler, en un momento donde Alfaro resalta que muchos caseros «ya actúan en un contexto de inseguridad jurídica y elevada incertidumbre normativa». «La iniciativa acelerará, todavía más, la retirada de viviendas del mercado del alquiler residencial», subraya Alfaro.
Otra cosa que resalta el empresario inmobiliario es que esa inseguridad jurídica ya ha hecho que en los últimos meses numerosos propietarios sean abogados por vender sus inmuebles o destinarlos a otras modalidades de arrendamiento. «Los anuncios regulatorios de carácter restrictivo generan desconfianza y reducen de forma directa el parque disponible de alquiler de larga duración, especialmente en las zonas de mayor demanda, donde la caída de oferta alcanza en algunos casos hasta el 50 %».
Otras fuentes del sector residencial también destacan que la medida quedará estéril, «porque acabará en el cajón del olvido» y apuntan a que se trata de «un giro de guion respecto a lo anunciado por Pedro Sánchez en enero de 2025 y en enero de 2026». «Está claro que lo que quiere el gobierno es que no se hable de la convalidación o no del RD 2/2026 que tiene en vilo a cientos de inquilinos y propietarios», dicen en referencia a la moratoria antidesahucios para la que el Gobierno busca ahora el apoyo de Junts, tras caer recientemente en el Congreso de los Diputados.
