El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para pedir la suspensión inmediata del proceso de descubrimiento en el caso por la violación del estatuto de YPF en el momento en que se estatizaron las acciones, mientras se resuelve la apelación de fondo.
En la presentación, los abogados de la Argentina solicitaron la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (descubrimiento), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026.
En su escrito, la República sostiene que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos. la incorrecta aplicación del derecho argentino y el foro non conveniens.
Asimismo, advierte que la continuidad del descubrimiento ocasiona un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y puede impactar en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras.
También destaca que el interés público “aconseja evitar impactos en las relaciones exteriores y posibles ineficiencias procesales” si la decisión de fondo torna abstractas las controversias vinculadas a la ejecución.
En el Gobierno señaló que la Argentina cumplió “ampliamente” con las órdenes dictadas en el proceso.ya que produjo más de 115.000 páginas de documentación y facilitó aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango.
Además, en cumplimiento de la orden emitida por la jueza Loretta Preska respecto de los dispositivos personales, se entregaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz.
Pese a ello, los demandantes (los administradores de las quiebras de Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital) solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera “improcedentes y desproporcionadas”.
El pasado 26 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito en respaldo de la posición argentina, señalando que el descubrimiento resulta excesivamente intrusivo, que puede afectar principios de reciprocidad internacional y que plantea preocupaciones en materia de política exterior.
Asimismo, el Departamento de Justicia solicitó participar oralmente en la audiencia del 16 de abril relativa a la apelación de la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF.
El Estado continuará ejerciendo, en el ámbito interno e internacional, todas las acciones y recursos jurídicos previstos por el ordenamiento vigente para resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público, información fuentes oficiales.
En ese marco, sostendrá una “defensa firme y consistente” del interés nacional y de su soberanía frente a cualquier medida que considere contraria al orden jurídico argentino ya las normas fundamentales que rigen las relaciones entre Estados.
