La pulseada que el Gobierno propició con un grupo de grandes empresas por el cobro del impuesto a las Ganancias le reportó hasta el momento $2,3 billones de recaudación por los planos de pago a 10 años y con tasa de interés muy por debajo de la inflación que ARCA lanzó para conseguir la adhesión de esas compañías.
El núcleo de la disputa se ubica en lo que entre los contadores se llaman los quebrantos, es decir, las pérdidas en los saldos que la ley de Ganancias habilita para descontar en años posteriores. La discusión está dada sobre si esos descuentos, que hacen las empresas al presentar su declaración jurada cada año, están bien calculados.
A diferencia de años anteriores, ARCA en 2025 salió a realizar fiscalizaciones y objetó las presentaciones hechas por un grupo de grandes empresas, principalmente de rubros como energía, bancos, juego y billeteras virtuales, tal como había anticipado Clarín. Los abogados que representan a las firmas en cuestionan argumentan que los antecedentes judiciales sobre este tema los favorecen.
La nueva conducción de ARCA, encabezada por Andrés Vázquez -en ese entonces director de la DGI- consiguió la venia del Ministerio de Economía para salir a confrontar las declaraciones del impuesto a las Ganancias presentadas por ese conjunto de compañías.
La Dirección Nacional de Impuestos, bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda, emitió un dictamen que habilitó un esquema de pagos en cuotas para negociar con las empresas. La adhesión a ese plan implicaba que el fisco no consideraría configurada una omisión tributaria, una zanahoria adicional a las condiciones financieras de ese plan de pagos.
Ese esquema de facilidades fue extendiéndose en forma sucesiva a lo largo de los últimos meses y, en su versión más reciente, pasó a contemplar hasta 120 cuotas mensuales —un plazo de hasta diez años— con una tasa de actualización del 1% mensualsensiblemente inferior a la inflación.
La adhesión al plan de pagos para los quebrantos discutidos por saldos hasta el 2024 terminó el último día de diciembre. Quedó una puerta abierta, aclaró el tributarista Sebastián Domínguez, para el ejercicio 2025. Habría tiempo, para las empresas, a sumarse hasta septiembre de este año, dependiendo de cuándo finalice el período contable para empresa.
En el organismo aseguran que por los planos de pago el fisco recaudó $2,3 billones de pesos -una sexta parte de los ingresos tributarios totales de diciembre-, unos US$ 1.600 millones. En feria fiscal hasta fines de enero, en las empresas sospechan que en febrero volverán a tener lugar fiscalizaciones por este tema.
En mayo del año pasado, las empresas comenzaron a remitir a ARCA sus declaraciones del impuesto a las Ganancias correspondientes a 2024. Algunas firmas de mayor tamaño entendieron que correspondía computar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores —los denominados quebrantos en la normativa del tributo— y presentaron certificaciones contables ante el organismo recaudador para respaldar ese criterio.
Pocas semanas más tarde, esas compañías recibieron intimidaciones de ARCA en las que se les informaba que el cómputo de los quebrantos era incorrecto y se les exigía el pago de la diferencia. Existen distintas estimaciones sobre el monto total que podría surgir de la brecha entre lo declarado por las empresas y lo que reclama el fisco.
Los asesores contables de las compañías se apoyan en un artículo de la ley del impuesto a las Ganancias que permite la actualización por inflación —en este caso, a través del índice mayorista— de las pérdidas habilitadas para ser utilizadas en declaraciones posteriores, con el objetivo de evitar que pierdan valor real con el paso del tiempo.
A su vez, los abogados que representan a las empresas señalan como principal respaldo un antecedente judicial que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Se trata del fallo Telefónica, vinculado a un reclamo iniciado en 2002, en el que el máximo tribunal sostuvo que la ausencia de actualización por inflación puede tener un efecto confiscatorio.
