El Cardenal Mazarino decía que el tiempo es un gentil hombre que pone las cosas en su lugar. Ayer, en el juicio por la expropiación de YPF, le dio la razón a la Argentina. La Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena de US$ 16.100 millones contra el país.
No es el triunfo de ningún gobierno ni de ningún abogado en particular. No hay héroes individuales en esta historia. Es el triunfo de argumentos jurídicos que se esbozaron allá por el 2017, y permanecieron inalterables frente a cambios de gobierno, presiones externas y una condena inicial que parecía irrevocable. Una verdadera política de estado.
El juicio siempre tuvo una tensión de fondo: un tribunal americano juzgando con ley argentina; dos tradiciones jurídicas que no hablan el mismo idioma. Debía ser resuelto por jueces del common law, para quienes el contrato es casi sagrado, aplicando normas de un sistema en el que el Estado tiene facultades soberanas que ningún contrato puede limitar.
En primera instancia, esa tensión se resolvió a favor de la lógica del common law: la jueza Loretta Preska consideró el estatuto de YPF como un contrato exigible entre accionistas e ignoró las defensas soberanas del Estado.
La Cámara de apelaciones revirtió todo, aplicando la ley argentina con una interpretación correcta. El primero de los dos pilares en que se apoyó el fallo fue de derecho comercial: los estatutos de YPF no son un simple contrato entre dos partes; son reglas que organizan el funcionamiento de una sociedad anónima. La Ley de Sociedades no permite que un accionista le reclame daños a otro invocando el estatuto como si fuera un acuerdo bilateral. Si los demandantes creían que Argentina incumplió cuando expropió, tenían que seguir el camino que ordena aquella ley: impugnar la asamblea para luego reclamar. No lo hicieron.
El segundo fue de derecho público. La Constitución y la Ley de Expropiaciones le dan al Estado facultades que ningún estatuto puede restringir. Esa ley también establece que acciones de terceros no pueden interferir con una expropiación, y fija su propio mecanismo para reclamos indemnizatorios. Los demandantes ignoraron ese camino. La Cámara fue tajante: permitir una condena extranjera de esta magnitud hubiera sido, en los hechos, condicionar el poder soberano del Estado argentino.
Los argumentos no tuvieron signo político y permanecieron más allá de los cambios de gobierno. Y al final, ganaron. Eso es rol de una política de Estado: construir credibilidad donde antes sólo había inconsistencia.
En el derecho internacional, el comportamiento continuo e invariable de un Estado es una de las fuentes más poderosas de legitimidad. Un Estado que mantiene sus posiciones irradia seriedad, que viene de serie, de conducta repetida en el tiempo. Y eso, en un tribunal extranjero, pesa. Mucho más aún cuando ese Estado carga con años de incumplimientos y desprestigio internacional.
El juicio no terminó del todo. Burford puede llevar el caso a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pero el escenario cambió por completo: Argentina dejó de ser la condenada y el litigio vuelve a parecerse a lo que siempre fue, una aventura procesal.
Ojalá este caso sea el ejemplo de la importancia de mantener políticas de Estado en el plano internacional. USD 16.100 millones más intereses son una buena razón para no olvidarlo. El tiempo puso las cosas en su lugar. YPF está a salvo y el país se libra de una condena sideral. No ganó nadie en particular. Ganó el país, ganamos todos.
