El Gobierno podría verse obligado por los tribunales a incluir en su Ley de Movilidad Sostenible un paquete millonario de ayudascompensaciones e incentivos fiscales que la mesa del Congreso logró bloquear a finales del año pasado a instancias del Ejecutivo cuando ya habían … sido aprobados de forma mayoritaria por el Senado, en una maniobra que el Grupo Parlamentario Popular, promotor de sendas iniciativas, decidió llevar a la Justicia. El Tribunal Constitucional ha determinado que hay materia como mínima para el análisis y ha admitido a trámite los recursos de los populares que de aprobarse obligaría al Ejecutivo a asumir el coste de una serie de ayudas cuya importancia se estima en cientos de millones de euros.
En concreto, las enmiendas de los populares exigían al Gobierno, por una parte, dotar una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el desarrollo de una red de infraestructuras de puntos de recarga en zonas no consideradas estratégicas (España vacía, principalmente) y para la renovación de la flota del transporte de mercancías y viajeros al objeto de facilitar su descarbonización, por una cantidad que se estimaba en 310 millones de euros.
El Gobierno bloqueó un plan de ayudas al transporte ya la instalación de puntos de recarga por valor de 310 millones
Por otra, se regulaba por la vía de una disposición transitoria el derecho a una compensación a favor de los contratistas afectados por los eventuales sobrecostes que se pudieran derivar de la entrada en vigor de las disposiciones previstas en la ley de Movilidad Sostenible, una demanda histórica de los contratistas del Estado que en muchas ocasiones ven estrechados sus márgenes de rentabilidad por decisiones que se toman con su contrato ya en marcha y que les elevan los costos de manera discrecional.
El Gobierno apeló a la prerrogativa que tiene para vetar enmiendas que supongan un elevado costo presupuestario para instar a la Mesa del Congreso a bloquear estas enmiendas de los populares, aunque venían con el aval del Senado, donde los populares disfrutan de mayoría absoluta, y pese al informe favorable de la mesa del Senado, que en su informe sostenía que no había jurisprudencia del Constitucional que permitiera vetar esas enmiendas. El Constitucional tendrá que resolver ahora el conflicto entre órganos constitucionales para determinar si esas disposiciones se reincorporan o no a la ley de Movilidad Sostenible.
