El Ministerio de Trabajo y Hacienda han abierto la puerta a aplicar alguna medida que amortigüe el coste que conlleva para las empresas -sobre todo las pymes- una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Ambos departamentos negocian una … solución con la que atraer a la patronal al pacto para elevar el SMI un 3,1% este año. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste ahora en la necesidad de que los empresarios figuren en esa fotografía después de los numerosos choques que ha mantenido con CEOE a cuenta de la jornada laboral, el registro horario, los costos sociales o los nuevos permisos. Y para lograrlo, necesita el concurso de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
A pesar de que el responsable de las finanzas públicas había cerrado la puerta a modificar la ley para actualizar los contratos del sector público con las empresas que les prestan servicios a un nivel actual tras varios años congeladosHacienda se ha sentado en la mesa junto a Trabajo para acordar alguna medida que, sí o sí, implicaría un gasto adicional del presupuesto. De ahí el aval necesario de Montero. Ambos departamentos llevan varios días desarrollando conversaciones y, al menos, hay una «disposición a hablar», señalan fuentes gubernamentales. Aunque no dan por hecho que vaya ha derivar en una medida concreta.
Por ahora, el cambio de la ley por la que se indexarían los contratos públicos a las empresas que prestan servicios a las administraciones no está encima de la mesa. Es la recuperación histórica de los empresarios, que han visto cómo han tenido que elevar los sueldos de sus plantillas con las alzas del SMI. -un 60% en seis años- sin ver reflejado un incremento de las cantidades que perciben de los entes públicos por los servicios prestados. Más aún cuando buena parte de esos trabajos están vinculados a sectores con bajas remuneracioneslas más condicionadas por los nuevos SMI anuales.
En la mesa de negociación hay varias propuestas que pasarían, de alguna u otra forma, por ayudar oh compensar el gasto que asumen las empresas más impactadas por las alzas del salario mínimo en lo relativo a esos contratos públicos, que es donde Hacienda tiene la última palabra. O en alguna otra derivada que implica un drenaje para el erario público.
Cualquier medida que se apruebe, si Díaz y Montero lo consiguen, irá en paralelo -apuntan esas fuentes ministeriales- al decreto por el que el Consejo de Ministros aprueba el incremento del salario mínimo para este año, previsiblemente hasta los 1.221 euros al mes frente a los 1.184 euros actuales. Es decir, se trataría de generar un atractivo para que la CEOE y Cepyme se adhirieran a la rúbrica del nuevo SMI de 2026 con la promesa de compensarles por otra vía a medio plazo.
El recelo de CEOE
Desde la patronal aclararon que no tienen novedades en este sentido y que su postura sigue siendo la misma que cuando Trabajo inició el proceso de actualización del SMI. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ya anticipó la semana pasada su negativa argumentando que «la comunicación populista es muy fácil, pero ¿qué pasa con los autónomos, que no pueden afrontar pagos?». La organización empresarial había propuesto un incremento del 1,5% para este ejercicio, la misma proporción que van a subir los sueldos de los funcionarios tras el acuerdo entre Función Pública y los sindicatos.
Además insisten en que las pymes no pueden aguantar incrementos más elevados y que la regulación sigue asfixiando su día a día, sobre todo entre los autónomos, como para acometer un incremento del SMI que podría elevar el coste por trabajador hasta por encima de los 1.900 euros al mes, incluyendo el salario y las correspondientes cotizaciones sociales que sufragan las empresas, según las estimaciones de ATA.
