Las bajas de impuestos que el Gobierno incluyó en el proyecto de ley de reforma laboral tendrán un costo para el fisco equivalente a 0,8% del PBIuna proyección privada que en la Casa Rosada permitirá. Como comparación, equivale a la mitad del superávit fiscal que necesita mostrar el Ministerio de Economía en 2026de acuerdo al Presupuesto.
Los últimos artículos de la reforma girada al Congreso establecieron una serie de reducciones impositivas que restarán una tajada de recaudación si el proyecto fuese aprobado.
Entre ellos, una baja marcada de contribuciones que las empresas pagan sobre el salario de sus empleados -al sistema jubilatorio y al de obras sociales-, una poda en el impuesto a las Ganancias corporativas y la eliminación de algunos impuestos internos a consumos como servicios de seguros, telefonía celular y satelital, compra de autos de lujo, embarcaciones o aviones.
Según estimaciones de la consultora Invecq, el costo fiscal para el Gobierno nacional sería de 0,83% del PBI. La mayor parte (0,5%) estaría explicada por la reducción de contribuciones patronales y el resto responde a la baja de Ganancias para empresas (0,2% del Producto) y la derogación de impuestos internos (0,1% del PBI).
Ese impacto para el fisco no es menor: como comparación, equivale a algo más de la mitad del superávit primario que necesita acumular el Gobierno durante todo 2026 para tener cubiertos los intereses de deuda y finalizar el año con excedente fiscal, por tercer año consecutivo. El Presupuesto 2026 estima que el superávit primario sea igual a 1,5% del Producto Bruto.
Desde el Gobierno, tras la presentación del proyecto de reforma laboral, evitaron hablar de impacto fiscal ya que el equilibrio de las cuentas públicas es percibido por el mercado como la columna vertebral del plan económico y buscan descartar cualquier elemento de presión sobre ese frente. De todas formas, fuentes oficiales aseguraron a Clarín que ese 0,8% del PBI está en línea con los cálculos que hicieron en la Secretaría de Hacienda.
Por definición, un impacto de esa naturaleza en el sendero fiscal podría implicar un camino algo más difícil para sostener el superávit. El Gobierno desistió, por el momento, de presentar un proyecto de ley específica para abordar la cuestión tributaria.. “Los cambios impositivos (más allá de la necesaria reducción del costo laboral vía menores cargas patronales) también resultan bienvenidos porque contribuyen a simplificar un esquema tributario excesivamente complejo”, mencionó Invecq.
De todas formas, aseguró que “no abordan el núcleo de las distorsiones”, con impuestos como Ingresos Brutos -potestad de los gobernadores-, impuesto al cheque o retenciones a las exportaciones, más allá del último anuncio de la semana pasada. Ese recorte parcial de alícuotas también tendrá su propio costo fiscal: 0,1% del PBI.
“Estos impuestos desalinean la producción y la inversión, pero —según anticipó el ministro de Economía— no formarían parte de una reforma en el corto plazo, debido al estrecho margen fiscal para reducir impuestos que representan casi el 8% del PBI”, concluyó Invecq.
En el Gobierno dicen estar menos alarmados por ese costo fiscal esperado por la baja de impuestos. En primer lugar, aseguran que una mayor actividad económica en 2026 debería redundar, primero, en recaudado “adicional”. Además, compensarían en la seguridad social si hubiera formalización de puestos de trabajo. El año próximo, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), habrá un ingreso tributario del 0,47% del PBI por el refuerzo al impuesto a los Combustibles y Ganancias.
Otras fuentes oficiales respondieron ante la consulta de Clarín que el ajuste “genera un ahorro presupuestario mes a mes a medida que se reduce la cantidad de empleados públicos o se eliminan áreas duplicadas”. “El proyecto no pone en riesgo el superávit fiscal y no afecta bajo ningún punto de vista las jubilaciones ni el sistema previsional”, concluyeron desde la Casa Rosada.
