Los fiscales italianos han puesto bajo control judicial a la unidad italiana de reparto de comida de Delivery Hero SE como parte de una investigación penal por una presunta explotación laboral.
La medida prevé el nombramiento de un administrador judicial para supervisar las operaciones de Foodinho Srl, con sede en Milán y operador en Italia del negocio de reparto de Glovo, según una orden judicial a la que ha tenido acceso Bloomberg News. Delivery Hero acordó adquirir una participación mayoritaria en la startup española Glovo a finales del 2021.
Los fiscales señalaron que la decisión se tomó para poner fin a lo que describe como una situación urgente y continuada de explotación laboral. Las acciones de Delivery Hero han llegado a caer hasta un 6,6 % tras conocerse la noticia.
«Delivery Hero y sus marcas siempre colaboran con las autoridades judiciales en todas las jurisdicciones en las que operamos», declaró un portavoz de la compañía.
Los fiscales definen la situación como “urgente y continuada de explotación laboral”
La medida pone de aliviar el creciente escrutinio sobre el sector de la economía de plataformas en Italia y sobre las prácticas laborales en general, y llega después de varias investigaciones a trabajadores de sectores de lujo. Los fiscales y las autoridades laborales se han centrado cada vez más en los salarios, las condiciones de trabajo y el uso de plataformas digitales para gestionar a los trabajadores, siendo los fiscales de Milán especialmente activos en la aplicación del control judicial como vía para abordar presuntos abusos.
En Italia, el control judicial permite que una empresa siga operando bajo la supervisión de un tribunal. Los nombran administradores para supervisar la gestión y garantizar el cumplimiento de la normativa, a menudo con el objetivo de frenar presuntos abusos laborales y, al mismo tiempo, proteger el empleo.
Delivery Hero es uno de los mayores proveedores de reparto de comida y comestibles a través de aplicaciones en Italia, con bicicletas y bicicletas eléctricas habituales en los centros urbanos.
La presunta mala praxis afectó a unos 40.000 repartidos en todo el país, según indica el documento judicial. De acuerdo con los fiscales, los repartidores recibirían una remuneración considerada desproporcionada en relación con la cantidad y la calidad del trabajo realizado, y en incumplimiento de los convenios colectivos. Muchos repartidores obtenían ingresos por debajo del umbral de la pobreza pese a trabajar largas jornadas.
