La junta directiva del Banco de la República se reunió al mercado y al propio gobierno con su decisión de elevar, de un solo tajo, 100 puntos básicos su tasa de intervención, que quedó en 10,25 por ciento a partir del 1.° de febrero, nivel que no se observaba desde octubre de 2024 y que rompe casi nueve meses de estabilidad en dicho indicador.
La señal fue contundente y llegó con división interna. En efecto, la votación dejó en evidencia grietas dentro de la junta y, sobre todo, una distancia creciente con la posición del Gobierno: cuatro directores votaron por el aumento, dos por recortar 50 puntos básicos y uno por mantener la tasa sin cambios en 9,25 por ciento. Un resultado que, de entrada, Mostró que incluso miembros cercanos al Ejecutivo se inclinaron por soportar la política monetaria, contrario a lo que esperaba el Ministerio de Hacienda.
LEA TAMBIÉN
Y mientras Leonardo Villar, gerente del Emisor, fue claro al explicar el giro y señalar que: “El propósito del ajuste fuerte es evitar un nuevo desaclaje de las expectativas de inflación y facilitar que la inflación retome una senda decreciente”, el disgusto de Germán Ávila, ministro de Hacienda, no se hizo esperar. Calificó el aumento como una medida que “no es responsable con la realidad de la economía”.
Según el jefe de las finanzas públicas, subir tasas “solo encarece el costo financiero de la producción, contrae la economía y puede terminar teniendo efectos inflacionarios”. Fue más allá. Sugirió que la decisión del Banco es una reacción contra el incremento histórico del salario mínimo y otras medidas redistributivas del Ejecutivo. Incluso puso cifras sobre la mesa: aseguró que el mayor costo de la deuda interna, derivado de tasas más altas, equivale a los recursos necesarios para financiar el pilar solidario de 382.000 adultos mayores.
Villar respondió sin rodeos. Defendió la independencia del Banco y recordó que la experiencia internacional muestra que una política monetaria contractiva baja la inflación, no la sube. “Subir tasas es impopular y doloroso, pero permitió que la inflación en Colombia bajara de 13,4 por ciento en 2023 a cerca de 5 por ciento en 2024. Lo que buscamos ahora es que los aumentos nominales, como el del salario mínimo (23 por ciento), no se diluyan con más inflación”, afirmó.
Gerente del Emisor, Leonardo Villar. Foto:Confecámaras
línea dura
Aunque la inflación total cerró diciembre en 5,1 por ciento, ligeramente por debajo del 5,2 por ciento de 2024, la inflación básica –sin alimentos ni regulados– repuntó de 4,85 a 5,02 por ciento. Pero el verdadero punto de quiebre estuvo en las expectativas: la mediana de los analistas pasó de 4,6 a 6,4 por ciento para finales de 2026, y de 3,8 a 4,8 por ciento para 2027. En los mercados de deuda, las expectativas ya superan el 6 por ciento a dos años, muy lejos de la meta del 3 por ciento.
A ese panorama se sumó una economía que, aunque lejos de un boom, no está estancada. El equipo técnico del Banco estima que el PIB creció 2,9 por ciento en 2025, impulsado por una demanda interna fuerte y un consumo que siguió jalonando la actividad. Ese crecimiento, sumado al deterioro del frente externo –con un déficit de cuenta corriente estimado en 2,4 por ciento del PIB, frente al 1,6 por ciento de 2024–, redujo el margen para mantener estímulos monetarios.
El mensaje de fondo, luego de una rueda de prensa que se extendió por más de hora y medios, fue político y técnico a la vez: el Banco está dispuesto a sacrificar popularidad para proteger su credibilidad. Y esa señal fue leída con mucha atención por los analistas.
Para el equipo de investigaciones de Bancolombia, el aumento de 100 puntos básicos fue más que una sorpresa: fue un mensaje de línea dura. En su análisis, el banco subraya que la decisión –que se salió del consenso– se explica por la persistencia de las presiones inflacionarias, el salto de las expectativas y un entorno macro con desequilibrios externos que se están abriendo. Y pone un dato que reanuda el giro del Banco: el equipo técnico aumentó su previsión de inflación para cierre de 2026 de 4,1 a 6,3 por ciento, un cambio “sustancial” que, para el mercado, equivale a admitir que la convergencia a la meta pérdida de tracción.
Impacto del salario
Pero incluso va un paso más allá. Bancolombia señala que el ajuste “reafirma contundentemente” el compromiso del Emisor con la convergencia de la inflación y la estabilidad macro, pero al mismo tiempo “deja claro que el ciclo… aún no ha concluido”. En plata blanca: con riesgos alcistas todavía vivos, la entidad ve espacio para más alzas y proyecta que la tasa podría escalar hasta un 11 por ciento en 2026, si no ceden la inflación y las expectativas.
Germán Ávila Plazas, Ministro de Hacienda y Leonardo Villar, Gerente General del emisor. Foto:Banco de la República
Para BBVA Research, el alza responde a un “hecho sobreviniente” de gran impacto: el aumento real del salario mínimo, que podría alimentar una espiral inflacionaria vía expectativas. “La decisión busca adelantarse a la formación de precios y evitar que la tasa terminal tenga que ser más alta después”, señaló Alejandro Reyes, economista principal de la entidad, quien estima que el ajuste acumulado podría llegar a 300 puntos básicos.
Desde el sector empresarial, AmCham Colombia advirtió que la medida “puede ser necesaria, pero exigente”. Su presidenta, María Claudia Lacouture, pidió coordinación con la política fiscal y la agenda de productividad para amortiguar el golpe de corto plazo.
En la banca, el mensaje fue incluso más directo. Jackeline Piraján, economista principal de Davibank, aseguró que el Emisor se anticipa a los efectos inflacionarios. “El punto terminal podría estar cerca del 12 por ciento, con el objetivo de estabilizar la inflación hacia 2027”, dijo.
Por ahora, el Emisor dejó claro que no hay piloto automático. Las próximas decisiones dependerán de la información que vaya llegando.
En febrero, la usura vuelve a aumentar
A partir del próximo mes, nadie podrá cobrar en el país un interés superior al 25,23 por ciento efectivo anual, pues es el tope máximo que certificó la Superintendencia Financiera para ese mes y refleja un incremento de 0,34 por ciento frente a la tasa de usura de enero.
En otras modalidades, los topes también se ajustaron. Para el crédito de consumo de bajo monto, la tasa máxima quedó en 65,63 por ciento; para el crédito productivo de mayor monto, en 40,76 por ciento; y para el crédito productivo rural, en 29,18 por ciento efectivo anual. En el caso del crédito popular productivo urbano, el límite se elevó a 88,05 por ciento. Superar esos límites es un delito penal.
Germán Ávila, ministro de Hacienda y Crédito Público. Foto:Néstor Gómez
El Gobierno alista nuevas medidas contra alza de inflación
Al término de la reunión de la junta del Banco de la República, Germán Ávila, ministro de Hacienda, confirmó que el El gobierno pondrá en marcha un paquete de medidas adicionales para enfrentar la coyuntura económica de 2026, con un énfasis en aliviar las presiones inflacionarias, proteger el ingreso de los hogares y sostener el crecimiento económico.
Una de las principales decisiones es la reducción del precio de la gasolina en 500 pesos a partir de febrero, medida que –dijo el ministro– será formalizada mediante decreto en los próximos días. Ávila explicó que este ajuste no será el único y que el Gobierno continuará aplicando reducciones adicionales en los meses siguientes, como parte de una estrategia contrainflacionaria.
El ministro señaló que la decisión se toma en un contexto favorable, marcado por la caída de los precios internacionales de la gasolina, una tasa de cambio apreciada y una mejora en los ingresos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Además, Ávila subrayó que el objetivo del ajuste en la gasolina es impactar positivamente el consumo y el ingreso de las capas medias y de los sectores de menores ingresos, dado el efecto transversal que tienen los combustibles sobre los precios de bienes y servicios.
Más allá del frente de los combustibles, indicó el ministro que el Gobierno continuará adoptando medidas económicas adicionales orientadas a sostener la senda de crecimiento, construir una economía más equilibrada y equitativa, y mitigar los impactos distributivos de la coyuntura actual. Estas acciones estarán enfocadas en mejorar los ingresos de los hogares, fortalecer la demanda interna y proteger a los sectores más vulnerables.
En el plano fiscal, reiteró que el Ejecutivo prioriza la financiación del presupuesto a través de mayores y mejores ingresos tributarios, y no mediante un mayor endeudamiento. No obstante, advirtió que el Gobierno evaluará alternativas de financiación si decisiones institucionales afectan las fuentes previstas de recursos.
Confirmó que el plan financiero será presentado en los próximos días, tras una revisión de la coyuntura reciente, y que el Gobierno seguirá respondiendo con medidas adicionales para proteger la estabilidad económica y social del país.
Más noticias
LEA TAMBIÉN
LEA TAMBIÉN
